El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente los efectos electorales de la llamada Ley de Nietos para ciudadanos nacionalizados que no puedan acreditar que sus antepasados fueron exiliados. La medida fue impulsada judicialmente por Vox e Iustitia Europa y abrió una fuerte disputa política y jurídica en España.
El Tribunal Supremo de España tomó una decisión que impacta directamente sobre miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática de 2022. El máximo tribunal resolvió suspender cautelarmente sus efectos electorales en determinados casos, dejando en suspenso el derecho al voto de quienes no puedan acreditar documentalmente que sus antepasados fueron exiliados por razones contempladas en la legislación.
La resolución llegó después de los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, que cuestionaron el mecanismo utilizado por el Gobierno español para incorporar al censo electoral a los nuevos ciudadanos. Ambos sectores sostuvieron que se había producido una ampliación indebida de los beneficiarios y alertaron sobre un supuesto incremento irregular del Censo Electoral de Residentes Ausentes, conocido como CERA. La Justicia aceptó parcialmente el planteo y ordenó suspender los efectos electorales de determinadas inscripciones hasta resolver el fondo de la cuestión.
La denominada Ley de Nietos forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, y permitió que descendientes de españoles que fueron víctimas del exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran acceder a la nacionalidad. El mecanismo generó una enorme demanda, especialmente entre descendientes de españoles residentes en América Latina, y Argentina se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de solicitudes y trámites consulares.
El conflicto se concentra particularmente en la forma en que se acreditó la condición de exiliado. El Supremo estableció que quienes puedan demostrar documentalmente que sus padres, abuelos u otros ascendientes españoles sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o vinculadas con la identidad u orientación sexual podrán mantener sus derechos electorales. Para quienes no puedan acreditar esa condición bajo los criterios establecidos por el tribunal, la inscripción electoral queda suspendida de manera cautelar.
El alcance de la decisión es significativo. Según los datos difundidos durante el proceso, más de 500.000 personas obtuvieron la nacionalidad española mediante esta legislación, mientras que cientos de miles fueron incorporadas al registro electoral de residentes en el exterior. El Gobierno había informado un fuerte crecimiento del CERA desde la puesta en marcha de la Ley de Memoria Democrática, un dato que los sectores que impulsaron el recurso utilizaron como argumento para reclamar controles adicionales.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a la suspensión solicitada por Vox e Iustitia Europa. Consideraron que una medida de estas características podía restringir un derecho fundamental como el sufragio a ciudadanos cuya nacionalidad había sido reconocida legalmente. La Fiscalía sostuvo además que no correspondía privar colectivamente del derecho al voto a personas que ya habían sido reconocidas como españolas mediante los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
La decisión tampoco fue unánime dentro del propio Tribunal Supremo. La magistrada Alicia Millán emitió un voto particular contra la resolución y cuestionó que se impidiera ejercer un derecho político a ciudadanos que ya habían sido reconocidos como españoles. Su posición planteó que la suspensión cautelar podía terminar anticipando los efectos de una sentencia todavía pendiente y que una restricción de semejante magnitud requería un análisis especialmente estricto por afectar directamente el derecho fundamental al sufragio.
El Gobierno de Pedro Sánchez reaccionó con dureza y calificó la decisión como una nueva confrontación con el Poder Judicial. Desde el Ejecutivo reclamaron que la cuestión sea resuelta antes de las elecciones de 2027, mientras que el PP y Vox celebraron la resolución como un freno a lo que consideran una ampliación irregular del padrón electoral. El episodio profundizó así la tensión entre el Gobierno y sectores de la Justicia española y convirtió nuevamente la memoria del franquismo, la ciudadanía de los descendientes de exiliados y el voto de los españoles en el exterior en un campo de disputa política.
Fuente: Página 12
