La denuncia penal presentada por el Gobierno contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte quedó radicada en el juzgado federal que subroga Julián Ercolini. La Casa Rosada sostiene que las compañías operan sin autorización argentina y que podrían haber violado la Ley 26.659.
La ofensiva judicial del Gobierno de Javier Milei contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas ya tiene juez: Julián Ercolini quedó a cargo de la investigación luego del sorteo realizado en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°12, actualmente vacante y subrogado por Ercolini. La denuncia fue presentada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y apunta contra cinco sociedades vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte.
Las empresas denunciadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. El Gobierno sostiene que algunas de estas compañías recibieron licencias otorgadas unilateralmente por autoridades británicas para desarrollar tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas. Para la administración nacional, esas autorizaciones no tienen validez frente al ordenamiento jurídico argentino y configurarían una presunta violación de las normas que regulan la explotación de recursos naturales en la plataforma continental.
El eje jurídico de la presentación es la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con autorización de las autoridades nacionales. La Casa Rosada sostiene que las operaciones denunciadas se desarrollan en un área cuya soberanía Argentina reclama y que, por lo tanto, las licencias otorgadas por el Reino Unido no pueden ser consideradas habilitaciones válidas para desarrollar esas actividades desde la perspectiva argentina. La investigación deberá determinar ahora si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación penal.
La denuncia no se limita además a las sociedades comerciales. El Gobierno incluyó también a quienes hayan intervenido en las operaciones cuestionadas, entre ellos directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes y otras personas que pudieran haber participado en los hechos. Según la presentación oficial, existiría preliminarmente un entramado societario integrado por distintas personas jurídicas que habría intervenido, bajo diferentes modalidades, en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Se trata, de todos modos, de una hipótesis planteada por el denunciante que deberá ser investigada y eventualmente probada en sede judicial.
El conflicto tiene como telón de fondo el proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros que avanzan en la zona norte de las Islas Malvinas. Navitas tiene un rol central en el proyecto junto con la británica Rockhopper Exploration, aunque esta última no figura entre las cinco sociedades denunciadas en la presentación penal. Las empresas, por su parte, sostienen que cuentan con licencias legalmente otorgadas por las autoridades de las islas y han relativizado el impacto de las medidas anunciadas por Milei sobre el desarrollo del proyecto.
La decisión de avanzar con una denuncia penal forma parte de una estrategia más amplia que el Gobierno comenzó a desplegar alrededor de la cuestión Malvinas. Milei anunció sanciones más duras contra compañías y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley para reforzar las herramientas disponibles frente a quienes participen directa o indirectamente de esas operaciones. El Ejecutivo también puso en agenda la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego como parte de su estrategia de defensa y presencia argentina en el Atlántico Sur.
Ahora será Ercolini quien deberá analizar la denuncia y determinar los próximos pasos procesales. El fiscal que interviene en el expediente es Eduardo Taiano, quien deberá dictaminar sobre la continuidad de la investigación y las eventuales medidas de prueba. Entre los puntos centrales estará establecer qué actividades desarrollaron efectivamente las empresas señaladas, qué permisos utilizaron, quiénes participaron de las operaciones y si esas acciones encuadran en las conductas sancionadas por la legislación argentina. Por el momento, la existencia de la denuncia no implica una condena ni determina responsabilidad penal de las compañías o de sus integrantes.
La causa judicial suma así un nuevo capítulo a la escalada por los recursos naturales de Malvinas. Mientras el Gobierno busca llevar el reclamo soberano al terreno económico, penal y diplomático, las empresas vinculadas con Sea Lion mantienen su intención de avanzar con el proyecto bajo las licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas. Con Ercolini al frente del expediente, la Justicia argentina deberá definir hasta dónde puede avanzar la denuncia y si existen elementos para sostener que las operaciones petroleras denunciadas constituyen una infracción a la legislación nacional. El conflicto por Malvinas vuelve así a cruzar soberanía, petróleo y tribunales.
Fuente: Ámbito Financiero
