Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Canadá cuestionaron el nuevo proyecto israelí de expansión de asentamientos en la zona E1 de Cisjordania y advirtieron que la iniciativa amenaza la continuidad territorial palestina y la posibilidad de una solución basada en dos Estados.
Siete países occidentales elevaron una nueva protesta contra la política de expansión de asentamientos impulsada por el Gobierno de Israel en Cisjordania. Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, junto con Reino Unido, Noruega y Canadá, difundieron un comunicado conjunto en el que reclamaron a Tel Aviv que retire de inmediato los planes de construcción y ponga fin a la expansión de los asentamientos en el territorio palestino ocupado. La declaración refleja una creciente preocupación entre gobiernos que, pese a mantener relaciones estrechas con Israel, consideran que determinadas decisiones del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu pueden profundizar todavía más la crisis regional y dificultar cualquier salida política al conflicto.
El principal foco de preocupación está puesto en la denominada zona E1, un área estratégica situada al este de Jerusalén y próxima al asentamiento de Ma’ale Adumim. El proyecto contempla la construcción de nuevas viviendas y el desarrollo de infraestructura que, según sus críticos, podría fragmentar territorialmente Cisjordania. Diversos informes señalan que la iniciativa incluye una licitación para más de 1.200 viviendas, dentro de un plan de expansión de mayor escala. La ubicación del proyecto es especialmente sensible porque podría afectar la continuidad entre distintas zonas palestinas y complicar la posibilidad de establecer un Estado palestino territorialmente viable.
Los gobiernos firmantes expresaron su preocupación por el contexto en el que se produce esta decisión. El comunicado señaló que Cisjordania atraviesa un período de grave inestabilidad, marcado por niveles elevados de violencia de colonos contra civiles palestinos y por fuertes restricciones que afectan la actividad económica de la población. Para estos países, avanzar con nuevos asentamientos en semejante escenario no contribuye a reducir las tensiones, sino que puede profundizar una situación que ya presenta un deterioro significativo en materia de seguridad, derechos y condiciones de vida. Por eso reclamaron que Israel revierta los planes y detenga la expansión de los asentamientos.
La cuestión de los asentamientos constituye desde hace décadas uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre israelíes y palestinos. La expansión de las colonias israelíes en Cisjordania es considerada por gran parte de la comunidad internacional como incompatible con el derecho internacional y como un factor que dificulta la creación de un Estado palestino. En el caso de E1, la preocupación adquiere una dimensión todavía mayor porque el desarrollo urbano en esa zona podría dividir Cisjordania y afectar la conexión territorial con Jerusalén Este, reivindicada por los palestinos como capital de un futuro Estado.
La reacción internacional también expone las dificultades que enfrenta la denominada solución de los dos Estados. Durante años, buena parte de la diplomacia occidental sostuvo que la creación de un Estado palestino junto a Israel constituía la alternativa política más viable para resolver el conflicto. Sin embargo, la expansión territorial de los asentamientos y la fragmentación progresiva de Cisjordania generan dudas cada vez mayores sobre la posibilidad de sostener un territorio palestino continuo y económicamente viable. La construcción en E1 es observada precisamente bajo esa perspectiva: no solamente como una decisión urbanística, sino como una medida con consecuencias políticas y territoriales de largo plazo.
Reino Unido adoptó una de las posiciones más contundentes dentro del grupo de países que cuestionaron el proyecto. Londres reclamó directamente a Israel que detenga la iniciativa y planteó que las empresas que participen en las licitaciones podrían enfrentar consecuencias legales y reputacionales. Otros gobiernos europeos también incrementaron sus críticas, mientras dentro de la Unión Europea persisten diferencias respecto de la posibilidad de avanzar con medidas económicas concretas contra Israel o contra empresas vinculadas con los asentamientos. Esa falta de una posición común limita, por el momento, la capacidad de convertir las declaraciones diplomáticas en una política de presión coordinada.
Israel, por su parte, mantiene una posición contraria a las presiones internacionales y defiende su derecho a desarrollar asentamientos en Cisjordania. Funcionarios del Gobierno israelí han reivindicado el derecho de los ciudadanos judíos a vivir en el territorio y rechazaron las críticas provenientes de gobiernos extranjeros. La postura del Ejecutivo de Netanyahu se encuentra además atravesada por una fuerte disputa política interna, en la que sectores de la derecha nacionalista impulsan una mayor expansión territorial y sostienen posiciones contrarias a la creación de un Estado palestino independiente. El avance de estos sectores agrega una dimensión política interna a una cuestión que ya genera fuertes tensiones en el plano internacional.
El reclamo de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Canadá vuelve a poner en primer plano el creciente aislamiento diplomático que generan determinadas políticas israelíes en relación con Cisjordania. Aunque la condena no implica por sí misma la adopción de sanciones, representa una señal política significativa por provenir de países tradicionalmente vinculados con Israel y con fuerte peso dentro de la diplomacia occidental. Mientras continúan los llamados internacionales a preservar la posibilidad de una solución de dos Estados, la expansión de los asentamientos amenaza con modificar de manera permanente la realidad territorial. El conflicto vuelve así a plantear una pregunta central: cuánto tiempo más podrá sostenerse la idea de dos Estados si el territorio destinado a uno de ellos continúa fragmentándose.
Fuente: Infonews
