El camarista laboral Mario Fera analizó los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral y la Ley de Bases y sostuvo que el nuevo esquema redujo fuertemente los costos de despedir sin justa causa. También defendió el rol de los sindicatos, cuestionó el concepto de “industria del juicio” y alertó sobre los riesgos de una mayor flexibilización de las relaciones laborales.
El camarista de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Mario Fera, realizó un análisis crítico sobre las transformaciones introducidas en el régimen laboral argentino durante el Gobierno de Javier Milei y advirtió que las modificaciones legislativas redujeron de manera significativa el costo económico de despedir a un trabajador sin justa causa. Con casi cuatro décadas de trayectoria en la Justicia y veinte años como integrante de la Cámara Nacional del Trabajo, el magistrado planteó que los cambios impulsados por la denominada Ley de Modernización Laboral y la Ley de Bases modificaron aspectos centrales de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Sus declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Infobae y luego reproducidas por InfoGremiales.
Uno de los principales puntos señalados por Fera fue precisamente el impacto de las modificaciones sobre las indemnizaciones. El camarista sostuvo que tanto la Ley de Modernización como la Ley de Bases “redujeron fuertemente los costos del despido” debido a la eliminación o disminución de indemnizaciones agravadas que habían estado vigentes durante décadas. En ese sentido, afirmó que actualmente resulta “mucho más barato” para un empleador despedir sin justa causa a una persona trabajadora. La definición adquiere particular relevancia porque el costo de la desvinculación constituye uno de los elementos centrales del sistema de protección laboral argentino y funciona, además, como un mecanismo destinado a desalentar los despidos arbitrarios.
Para el magistrado, el debate no puede limitarse a determinar cuánto cuesta económicamente despedir a una persona, sino que debe incorporar la situación de vulnerabilidad que existe dentro de una relación laboral. Fera recordó que el derecho del trabajo nació precisamente como una construcción jurídica destinada a proteger a quien se encuentra en una posición de inferioridad frente al empleador. “La regulación del trabajo para proteger los derechos de las personas que trabajan, para que puedan vivir dignamente, es lo que dio origen al derecho del trabajo”, sostuvo. Desde esa perspectiva, cualquier flexibilización normativa debería ser analizada teniendo en cuenta que la capacidad de negociación de un trabajador individual no es necesariamente equivalente a la de una empresa.
Otro de los aspectos cuestionados por el camarista está relacionado con las nuevas posibilidades de negociación individual entre trabajadores y empleadores. La reforma habilitó mayores márgenes de flexibilidad sobre cuestiones como horarios, vacaciones y jornada laboral. Fera consideró que esta posibilidad puede convertirse en un “arma de doble filo”: por un lado, puede permitir acuerdos adaptados a determinadas necesidades; por otro, puede generar situaciones de abuso cuando el trabajador negocia desde una posición de debilidad. Para el juez, este punto resulta especialmente sensible porque la existencia de un acuerdo formal no garantiza por sí misma que haya existido una negociación equilibrada entre las partes.
En ese escenario, Fera también reivindicó el papel de las organizaciones sindicales. Frente a los discursos que cuestionan la necesidad de los sindicatos en el mercado laboral actual, el magistrado sostuvo que continúan teniendo una función esencial. Explicó que las asociaciones sindicales permiten que los trabajadores puedan abordar colectivamente cuestiones que individualmente no tendrían capacidad suficiente para negociar. La organización colectiva, desde su mirada, constituye una herramienta fundamental para equilibrar la relación entre capital y trabajo. Al mismo tiempo, aclaró que no debe confundirse la institución sindical con las personas que circunstancialmente ocupan cargos dentro de ella y planteó la necesidad de fortalecer mecanismos de control y transparencia.
Fera también se refirió a uno de los argumentos recurrentes utilizados para impulsar reformas laborales: la existencia de una supuesta “industria del juicio”. El camarista rechazó esa caracterización y consideró que se trata de una expresión de enorme carga política que no refleja adecuadamente la realidad del fuero laboral. Sin embargo, reconoció que existen situaciones de abuso que llegan a los tribunales y sostuvo que, cuando la Justicia detecta comportamientos de ese tipo, debe investigarlos y establecer las consecuencias correspondientes. En lugar de eliminar derechos para reducir la litigiosidad, el magistrado se mostró favorable a fortalecer los mecanismos de conciliación prejudicial y a promover una formación jurídica que reduzca la lógica excesivamente adversarial de los conflictos.
El camarista también abordó la situación institucional de la Justicia Laboral y el proceso de traspaso de competencias desde la Justicia Nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires. Fera explicó que se trata de un proceso complejo porque durante un período deberán convivir estructuras judiciales diferentes. Señaló que la Justicia Nacional del Trabajo cuenta actualmente con 80 juzgados y 10 salas, mientras que la estructura laboral de la Ciudad dispone de una cantidad considerablemente menor de órganos. En su opinión, esta diferencia de capacidad plantea interrogantes sobre cómo absorber la conflictividad laboral existente y cuál debería ser el nuevo papel de la Justicia Nacional, especialmente frente a conflictos colectivos e interjurisdiccionales.
Finalmente, Fera vinculó el debate laboral con uno de los grandes desafíos que enfrenta el mundo del trabajo: el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. El magistrado consideró que la transformación tecnológica puede generar oportunidades, pero también profundizar la exclusión de quienes no cuentan con las herramientas necesarias para adaptarse a los nuevos empleos. En ese contexto, planteó la necesidad de políticas públicas de capacitación e inclusión que permitan reducir los niveles de desempleo e informalidad. Su conclusión apunta a una discusión que excede la reforma laboral: frente a los cambios tecnológicos, el desafío será determinar cómo preservar la dignidad del trabajo y evitar que la modernización termine ampliando las desigualdades.
Fuente: InfoGremiales
