El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán y exministro del Interior, Lisandro Catalán, fue denunciado junto al diputado nacional Federico Pelli ante la Justicia Federal. El concejal de Yerba Buena Dante Mauricio Argiró los acusa de presuntas irregularidades en sus domicilios con fines electorales. Ambos dirigentes rechazaron las acusaciones y apuntaron contra el diputado Mariano Campero, en una nueva escalada de la interna libertaria en la provincia.
La interna de La Libertad Avanza en Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el concejal de Yerba Buena Dante Mauricio Argiró presentara una denuncia penal contra dos dirigentes centrales del espacio: el presidente provincial de LLA y exministro del Interior, Lisandro Catalán, y el diputado nacional Federico Pelli. La presentación fue realizada ante la Justicia Federal y plantea presuntas irregularidades vinculadas con los domicilios electorales de ambos dirigentes. Según el denunciante, se habría producido una maniobra destinada a cumplir formalmente con los requisitos de residencia exigidos por la legislación electoral para acceder a determinadas candidaturas.
La acusación sostiene que Catalán y Pelli podrían haber incurrido en delitos de carácter electoral, abuso de autoridad y mal desempeño de funcionario público. Argiró argumentó que los dirigentes habrían violado disposiciones del Código Electoral Nacional mediante una presunta falsificación de domicilio con fines electorales. El planteo adquiere especial relevancia porque ambos referentes aparecen vinculados con el armado político de La Libertad Avanza en Tucumán y porque Catalán aspira a competir por la gobernación. La denuncia también solicita que se analice la eventual inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos de los dos dirigentes, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.
El punto central de la presentación judicial está relacionado con el requisito de residencia efectiva que deben cumplir quienes pretendan competir por determinados cargos electivos. El denunciante sostiene que los domicilios declarados por los dirigentes no responderían a una residencia real y permanente, sino que podrían haber sido utilizados para acreditar formalmente una permanencia territorial que les permita participar de futuras elecciones. En el caso de Pelli, otras publicaciones señalaron que habría realizado movimientos de domicilio en un período muy breve, cuestión que fue incorporada al cuestionamiento político y judicial. Estas acusaciones, sin embargo, forman parte de una denuncia que deberá ser investigada y no constituyen por sí mismas una comprobación de que se haya cometido un delito.
La respuesta de Catalán y Pelli fue inmediata. Ambos dirigentes rechazaron las acusaciones y atribuyeron la presentación a una maniobra política destinada a perjudicar el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia. Catalán apuntó directamente contra Mariano Campero, diputado nacional y referente radical aliado al oficialismo nacional, a quien vinculó con el concejal que realizó la denuncia. El exministro del Interior calificó el episodio como una expresión de una “oposición servil” y sostuvo que detrás del expediente existiría una disputa política por el control del armado electoral tucumano. Pelli, por su parte, defendió su radicación en la provincia y también cuestionó la intención de quienes impulsaron la presentación.
La controversia expone además una interna que va mucho más allá de la discusión sobre un domicilio. La Libertad Avanza atraviesa en Tucumán el proceso de construcción de una estructura territorial propia, con dirigentes que buscan ocupar lugares de relevancia de cara al próximo ciclo electoral. Catalán representa la conducción orgánica del partido en la provincia y mantiene aspiraciones de convertirse en candidato a gobernador, mientras que otros sectores libertarios y aliados del Gobierno nacional disputan espacios de poder y capacidad de decisión. La denuncia aparece así en un escenario donde cada candidatura puede modificar el equilibrio interno y donde las alianzas con dirigentes provenientes de otras fuerzas generan nuevos focos de tensión.
El caso de Yerba Buena resulta particularmente significativo porque se trata de uno de los municipios políticamente más importantes de Tucumán y constituye un territorio donde distintas fuerzas buscan consolidar candidaturas competitivas. La disputa por la representación local se cruza con el armado provincial de LLA y con la necesidad del oficialismo nacional de construir referentes con presencia territorial. La acusación contra Pelli y Catalán, por lo tanto, llega en un momento especialmente sensible para el espacio libertario, que intenta transformar el respaldo obtenido por Javier Milei a nivel nacional en estructuras políticas capaces de competir en cada provincia.
El enfrentamiento también muestra cómo las disputas internas de LLA comienzan a involucrar cada vez más a dirigentes provenientes de otras fuerzas políticas. Mariano Campero, señalado por Catalán como uno de los responsables políticos detrás de la denuncia, llegó al espacio libertario desde el radicalismo y se convirtió en uno de los aliados del oficialismo nacional. Esa incorporación generó un nuevo mapa de relaciones dentro de la política tucumana, donde dirigentes de extracción radical, libertaria y de otros sectores deben convivir dentro de un mismo esquema electoral. En ese contexto, las acusaciones cruzadas por candidaturas, domicilios y representación territorial funcionan como expresión de una pelea más amplia por quién tendrá el control político de la provincia en las próximas elecciones.
La denuncia contra Lisandro Catalán y Federico Pelli queda ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si existen elementos para investigar las presuntas irregularidades señaladas por Argiró. Mientras tanto, la disputa ya produjo un efecto político concreto: volvió a dejar expuestas las tensiones dentro de La Libertad Avanza en Tucumán y puso bajo la lupa el proceso de armado de candidaturas para el próximo ciclo electoral. Catalán mantiene su aspiración de disputar la gobernación y rechazó categóricamente las acusaciones, mientras sus adversarios internos y externos buscan cuestionar su legitimidad territorial. El expediente judicial será, a partir de ahora, otro escenario de una pelea política que promete profundizarse a medida que se acerque la definición de las candidaturas.
Fuente: Infonews
