El legislador provincial Leonardo Limia abordó uno de los debates más sensibles de la agenda política y social: qué hacer con los adolescentes que cometen delitos. El dirigente sostuvo que la discusión “va mucho más allá de la edad” y planteó que el Estado debe intervenir tanto en la prevención como en el tratamiento y la reinserción de los menores que hayan cometido hechos punibles.
El debate sobre la responsabilidad penal juvenil vuelve una y otra vez al centro de la discusión pública, generalmente atravesado por hechos de inseguridad que generan conmoción y reclamos de respuestas inmediatas. Pero para Leonardo Limia, legislador de la Provincia de Córdoba, reducir toda la discusión a la edad de imputabilidad implica dejar afuera una parte central del problema: qué políticas se desarrollan antes de que un adolescente llegue a cometer un delito y qué ocurre después, cuando ya existe una acción concreta que debe ser abordada por el Estado.
“Esta es una problemática que va mucho más allá de la edad”, planteó Limia durante una entrevista, al explicar que una vez que se determina que un menor realizó una acción punible, aparece una pregunta que, según su mirada, debería ocupar un lugar central en el debate: cómo se empieza a trabajar sobre esa situación. El legislador remarcó que no se trata únicamente de establecer responsabilidades, sino de analizar las condiciones y mecanismos necesarios para evitar que los adolescentes ingresen en circuitos que puedan derivar en nuevas conductas delictivas.
En ese sentido, Limia dividió la discusión en dos grandes planos. Por un lado, la necesidad de trabajar en la prevención y en el desarrollo de políticas dirigidas a adolescentes antes de que se produzcan situaciones delictivas. Por otro, la obligación de contar con herramientas concretas para intervenir cuando el hecho ya ocurrió. “Son dos cuestiones: trabajar fuertemente con los adolescentes y, una vez que tenemos los casos concretos, entrar en la otra parte”, explicó.
La segunda parte del debate, según el legislador, está vinculada directamente con una pregunta incómoda para cualquier sistema político y judicial: ¿dónde y cómo deben ser alojados los menores punibles? Para Limia, trasladar mecánicamente el modelo del sistema penitenciario de adultos hacia adolescentes sería un error. “A un menor no lo podés meter en las condiciones de un mayor, a cualquier establecimiento carcelario. Eso es una locura, eso no puede suceder”, afirmó.
La definición introduce un contrapunto en medio de un escenario donde distintos sectores reclaman respuestas más duras frente a los delitos cometidos por menores. Limia no negó la necesidad de intervenir frente a hechos punibles, pero planteó que la respuesta estatal no puede limitarse al encierro. El desafío, sostuvo, es construir espacios y mecanismos que permitan trabajar sobre cada caso, con acompañamiento y políticas orientadas a evitar la reincidencia.
Para el legislador provincial, uno de los objetivos centrales debe ser la reinserción social. Eso implica, según explicó, trabajar en los lugares donde sean alojados los adolescentes, generar acompañamiento y construir condiciones para que puedan volver a integrarse a la sociedad. En ese esquema, Limia puso especial énfasis en un aspecto que considera determinante: la reconstrucción de los vínculos familiares.
“La posibilidad de la vuelta a la vinculación familiar, yo creo que esa es la clave de este proyecto”, sostuvo. La definición marca una mirada que busca correr el debate de una discusión exclusivamente punitiva para incorporar otros factores vinculados a la contención, el entorno y las posibilidades concretas de reinserción de los jóvenes involucrados en hechos delictivos.
El planteo abre una discusión que promete seguir creciendo: mientras una parte de la sociedad reclama endurecer las respuestas frente a los delitos cometidos por menores, desde el oficialismo provincial aparecen voces que advierten que el problema no puede resolverse solamente modificando una edad o aumentando las penas. La pregunta de fondo, entonces, sigue abierta: ¿alcanza con castigar o el verdadero desafío es evitar que los adolescentes lleguen al delito y garantizar que, una vez ocurrido el hecho, exista una verdadera posibilidad de reinserción?
La discusión sobre los menores punibles vuelve así a poner sobre la mesa una tensión histórica entre seguridad, responsabilidad, prevención y derechos. Y en Córdoba, el debate promete tener cada vez más peso político: no sólo por lo que establezcan las leyes, sino por la capacidad real del Estado para dar respuestas a una problemática que, como planteó Limia, “va mucho más allá de la edad”.
La entrevista completa forma parte de Informativo Cordobés, el programa político de Multimedio Mordisquito que se emite todos los miércoles desde las 17 horas por Mordisquito TV.
