El Gobierno de Javier Milei buscó avanzar con la privatización de Intercargo, pero la licitación quedó desierta. Al mismo tiempo, Flybondi enfrenta fuertes cuestionamientos por la cancelación masiva de vuelos en Brasil.
El plan de desregulación y privatización del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno nacional acaba de sufrir un duro golpe. La licitación para vender Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos, quedó desierta porque ninguna compañía presentó una oferta, pese a que cinco empresas habían manifestado previamente interés.
La operación formaba parte de la estrategia oficial para profundizar la participación privada en el sector y avanzar con la política de “cielos abiertos” impulsada por la administración de Milei. Sin embargo, a la hora de concretar la compra, los interesados no dieron el paso final.
El fracaso de la licitación abre una pregunta incómoda para el Gobierno: si el Estado ofrece desprenderse de una empresa considerada estratégica, ¿por qué nadie quiso comprarla?
El revés para el Ejecutivo llega además en un momento complicado para Flybondi, una de las empresas que simbolizó la expansión de las low cost en Argentina. Según el informe publicado por Motor Económico, la compañía atraviesa serios problemas operativos y su desempeño volvió a quedar en el centro de las críticas.
Durante julio, Flybondi suspendió cuatro de cada cinco vuelos programados hacia Brasil, de acuerdo con los datos citados por el informe. Como consecuencia, la autoridad aeronáutica brasileña le prohibió vender pasajes en territorio brasileño para sus cuatro rutas hacia ese país: Río de Janeiro, Florianópolis, Maceió y Salvador.
Pero el problema no quedó limitado al mercado internacional. El funcionamiento de Flybondi dentro de Argentina también fue cuestionado, al punto de que especialistas del sector citados por Motor Económico sostienen que la compañía prácticamente no pudo ser considerada un servicio regular durante la actual temporada de invierno.
El escenario resulta particularmente llamativo porque la política de cielos abiertos fue presentada por el Gobierno como una herramienta para aumentar la competencia, atraer inversiones y ampliar la oferta de vuelos. El decreto 70/2023 profundizó esa orientación desreguladora. Sin embargo, según el análisis publicado, hasta ahora no se produjo la llegada de nuevas grandes aerolíneas internacionales que instalaran operaciones de manera significativa en el país.
Así, dos hechos aparecen conectados: una privatización que no consiguió compradores y una de las principales low cost del país atravesando una fuerte crisis operativa.
El debate vuelve a girar alrededor de una cuestión central: desregular no necesariamente significa que aparezcan inversiones. Para que una empresa privada se interese en un negocio también necesita encontrar condiciones de rentabilidad, previsibilidad y demanda suficiente.
En el caso de Intercargo, la ausencia de ofertas deja expuesto ese problema. El Gobierno había autorizado la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la compañía, pero finalmente el proceso no consiguió interesados dispuestos a presentar una propuesta concreta.
Mientras tanto, el deterioro del servicio aéreo puede terminar impactando directamente sobre los pasajeros: cancelaciones, reprogramaciones y menor disponibilidad de vuelos afectan tanto al turismo como a quienes necesitan trasladarse por trabajo o motivos personales.
La promesa de una revolución aerocomercial basada en la competencia y la iniciativa privada enfrenta así una realidad bastante más incómoda.
El Estado quiere vender, pero nadie compra. Y una de las principales empresas privadas del sector no consigue despegar.
Con ayuda de Motor Económico
