La secretaria general del Colegio de Profesionales de Psicopedagogos de Córdoba habló sobre la situación que atraviesan los profesionales que trabajan con personas con discapacidad y la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones. La entrevista fue realizada por la periodista Carolina Forchino.
La situación de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad continúa generando preocupación entre profesionales y organizaciones vinculadas al sector. En Córdoba, el Colegio de Profesionales de Psicopedagogos viene participando de los reclamos relacionados con la actualización de los aranceles, el sostenimiento de los tratamientos y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas al sistema de prestaciones. En ese marco, la secretaria general de la institución, Lic. Viviana Quispe Posse, volvió a plantear la necesidad de sostener la atención y las condiciones laborales de quienes llevan adelante estos tratamientos.
Quispe Posse ocupa actualmente la Secretaría General del Colegio de Profesionales de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, según la nómina oficial de autoridades de la institución. Desde ese espacio participa de las discusiones vinculadas con el ejercicio profesional y con las condiciones en las que se desarrollan las prestaciones de psicopedagogía, particularmente aquellas relacionadas con personas que cuentan con certificado de discapacidad.
El reclamo de los profesionales tiene como uno de sus principales puntos la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos. Para las familias, la interrupción o discontinuidad de una prestación puede afectar procesos terapéuticos que requieren seguimiento sostenido. Al mismo tiempo, los profesionales vienen señalando dificultades vinculadas con los valores de los aranceles, las demoras y las condiciones de pago, una situación que puede comprometer la posibilidad de continuar brindando atención.
La problemática ya había derivado en acciones judiciales impulsadas desde Córdoba. En octubre de 2025, el Colegio de Psicopedagogos presentó un amparo colectivo para reclamar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regularización de las prestaciones. La presentación fue impulsada por la institución junto con familiares y profesionales que intervienen en tratamientos de personas con discapacidad. Entre las firmantes se encontraba Quispe Posse.
En ese momento, la discusión se desarrollaba en torno a la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, cuyo cumplimiento había sido cuestionado por las organizaciones del sector. El Poder Ejecutivo había argumentado dificultades presupuestarias para su implementación, mientras que los profesionales y organizaciones reclamaban que se garantizaran los recursos necesarios para sostener las prestaciones previstas.
La situación también fue planteada públicamente por la Mesa de Profesionales en Discapacidad de Córdoba, integrada por distintos colegios y asociaciones vinculadas con las prestaciones. En octubre de 2025, representantes del sector reclamaron la actualización de los aranceles, la aplicación efectiva de la legislación de emergencia y la asignación de recursos para garantizar la continuidad del sistema. En ese contexto, Quispe Posse había advertido sobre las dificultades que atravesaban los profesionales para sostener la atención en esas condiciones.
El conflicto involucra así a distintos actores: las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales que brindan las prestaciones, las obras sociales y organismos responsables del financiamiento y regulación del sistema. La discusión sobre los valores de las prestaciones no se limita al ingreso de los profesionales, sino que está directamente relacionada con la posibilidad de mantener equipos de atención, tratamientos y servicios especializados en distintas áreas.
Para el sector psicopedagógico, además, la continuidad de las prestaciones resulta especialmente relevante debido al trabajo sostenido que requieren muchos de los procesos de acompañamiento. La psicopedagogía integra el conjunto de prestaciones contempladas dentro del sistema de atención a personas con discapacidad, junto con otras disciplinas como psicología, fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y psicomotricidad.
La entrevista realizada por la periodista Carolina Forchino vuelve a poner en agenda una problemática que viene siendo planteada por el colectivo profesional en Córdoba: cómo sostener las prestaciones de discapacidad y garantizar que las personas que necesitan estos tratamientos puedan acceder a ellos de manera continua. La discusión también pone el foco en las condiciones en las que trabajan los profesionales y en la necesidad de que el sistema pueda mantener una red de atención estable.
En este escenario, las declaraciones de Viviana Quispe Posse se inscriben en un reclamo que el Colegio de Psicopedagogos viene llevando adelante junto a otros sectores profesionales. Mientras continúan las gestiones y acciones vinculadas con el financiamiento y la actualización de las prestaciones, el eje central planteado por los profesionales es evitar que las dificultades del sistema terminen afectando la continuidad de los tratamientos y el derecho de las personas con discapacidad a recibir la atención que necesitan.
Con ayuda del Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba
