Los compromisos pendientes del Estado nacional aumentaron más de $2,23 billones durante junio y llevaron el stock de deuda flotante a $3,6 billones. El salto se produjo mientras las cuentas públicas registraron el primer déficit primario del año.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva tensión alrededor de su principal bandera económica: el superávit fiscal. Según datos de la Tesorería General de la Nación, durante junio la denominada deuda flotante del Estado nacional aumentó más de $2,23 billones y alcanzó un stock cercano a $3,6 billones.
La deuda flotante representa compromisos que el Estado ya devengó —por bienes, servicios, transferencias y otros gastos— pero que todavía no fueron efectivamente pagados. En junio, el incremento fue de aproximadamente 175% respecto de mayo, cuando el monto rondaba los $1,3 billones.
El dato adquiere especial relevancia porque aparece junto con otro número incómodo para el Gobierno: junio registró el primer déficit primario del año y el resultado acumulado del primer semestre quedó por debajo de la meta de superávit acordada con el Fondo Monetario Internacional.
La discusión de fondo es qué ocurre cuando el Estado muestra un resultado fiscal positivo mientras posterga pagos. En términos simples, una parte del ajuste puede estar apareciendo no solamente como recorte del gasto, sino también como compromisos que se acumulan y quedan pendientes de pago.
No es la primera vez que ocurre. En marzo ya se había registrado un fuerte incremento de la deuda flotante, en un contexto en el que el Gobierno buscaba cumplir con las metas fiscales vinculadas al FMI. En abril, posteriormente, logró reducir esos compromisos en alrededor de $1 billón.
Pero el salto de junio vuelve a poner el mecanismo bajo la lupa. De acuerdo con los datos difundidos, el aumento de los compromisos pendientes habría funcionado como una forma de postergar gastos que ya habían sido reconocidos, en momentos en que el Gobierno necesita mostrar disciplina fiscal ante el organismo internacional.
El problema se vuelve todavía más sensible porque el FMI había flexibilizado previamente algunas metas fiscales para Argentina, reduciendo la exigencia correspondiente al resultado primario de junio. Aun con ese alivio, las cuentas oficiales mostraron dificultades para alcanzar los objetivos previstos.
La cuestión no es menor: el superávit fiscal es uno de los principales argumentos utilizados por la administración de Milei para defender su programa económico. El Gobierno sostiene que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición indispensable para estabilizar la economía y terminar con décadas de déficit.
Sus críticos, en cambio, advierten que mirar únicamente el resultado fiscal puede ocultar parte de la película. Si se acumulan pagos pendientes, el déficit no necesariamente desaparece: puede desplazarse hacia adelante. Esa es precisamente la discusión que vuelve a instalar el crecimiento de la deuda flotante.
La situación también genera interrogantes para empresas y proveedores del Estado, que pueden tener trabajos realizados o bienes entregados pero permanecer a la espera del pago correspondiente. La acumulación de compromisos puede trasladar la presión financiera desde las cuentas públicas hacia quienes dependen de esos pagos.
Por eso, el nuevo dato abre una pregunta incómoda para la gestión libertaria: ¿el superávit se está logrando únicamente reduciendo gastos o también pateando pagos para adelante?
El Gobierno todavía puede argumentar que la deuda flotante es una herramienta habitual de administración financiera y que su evolución puede revertirse, como ocurrió parcialmente en abril. Pero el salto registrado en junio, combinado con el déficit primario y el incumplimiento de la meta semestral, vuelve a poner en discusión la verdadera solidez del famoso “superávit”.
Con ayuda de Motor Económico
