En Córdoba, el arzobispo Ángel Rossi cuestionó el desprestigio de la justicia social y advirtió sobre las consecuencias de retirar políticas públicas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables. El mensaje marca una fuerte diferencia con la concepción libertaria del rol del Estado.
La Iglesia Católica volvió a poner en el centro del debate el papel del Estado frente a la pobreza y la desigualdad. En Córdoba, el arzobispo Ángel Rossi lanzó una dura advertencia durante el primer domingo de la Justicia Social y cuestionó las políticas que, bajo el argumento de ampliar la libertad, reducen la intervención estatal destinada a proteger a los sectores más vulnerables.
La actividad fue organizada por la Arquidiócesis de Córdoba y la Vicaría de los Pobres, y tuvo como eje un documento titulado “Cuidar al otro es cuestión de nuestra fe”. Allí, Rossi sostuvo que la justicia social no constituye una consigna partidaria ni una cuestión ideológica, sino una exigencia vinculada directamente con la doctrina social de la Iglesia y con el Evangelio.
El mensaje adquirió una fuerte dimensión política porque confronta directamente con uno de los principios que sostiene el Gobierno de Javier Milei: un Estado con menor intervención sobre la economía y un mayor protagonismo del mercado. Sin mencionar solamente una gestión particular, el arzobispo cuestionó la idea de que retirar políticas públicas necesariamente produzca mayor libertad.
La definición más contundente llegó cuando Rossi afirmó que “cuando se eliminan las políticas públicas que cuidan a los más frágiles no se genera libertad; lo que se genera es desamparo”. Para el religioso, el problema aparece especialmente en aquellos sectores y territorios donde las personas no cuentan con recursos suficientes para enfrentar por sí mismas las necesidades básicas.
En esa misma línea, el arzobispo planteó una diferencia profunda entre el funcionamiento del mercado y el objetivo de la justicia social. Según su diagnóstico, “el mercado busca la ganancia, no la fraternidad”, y advirtió que cuando el Estado abandona a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, el resultado no es necesariamente una competencia más libre.
La frase que rápidamente se convirtió en el eje del mensaje fue contundente: “Cuando el Estado le suelta la mano a los más vulnerables, lo que queda no es la libre competencia, sino la ley de la selva”.
Rossi también cuestionó lo que definió como un proceso de “desprestigio y desvalorización” de la justicia social, a la que presentó como un principio destinado a garantizar igualdad de oportunidades, acceso a derechos fundamentales y protección para quienes se encuentran en situaciones de mayor fragilidad.
El documento recuperó además distintas etapas de la doctrina social de la Iglesia. Rossi mencionó desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, vinculada a las condiciones de los trabajadores, hasta los planteos posteriores de Pablo VI y Juan Pablo II, y las encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti del papa Francisco.
El arzobispo también recordó la figura del beato mártir Enrique Angelelli, al cumplirse 50 años de su asesinato, y destacó su compromiso con una Iglesia cercana a las necesidades concretas de la población. La referencia a Angelelli incorporó además una dimensión histórica y cordobesa al mensaje de la jornada.
La advertencia de Rossi llegó en un contexto de fuerte discusión sobre el rol que debe ocupar el Estado frente a la pobreza, los salarios, las jubilaciones y el acceso a derechos sociales. El planteo de la Iglesia cordobesa vuelve a instalar una pregunta que atraviesa buena parte del debate económico argentino: ¿hasta dónde puede retirarse el Estado sin que quienes están en situación de mayor vulnerabilidad queden directamente desprotegidos?
El mensaje, además, se produce mientras el Gobierno nacional reivindica la reducción de la intervención estatal y cuestiona históricamente el concepto de justicia social utilizado por distintos sectores políticos. En ese escenario, las palabras del arzobispo representan una posición crítica desde una institución religiosa que tradicionalmente ha intervenido en los debates sobre pobreza, trabajo y desigualdad.
La discusión, por lo tanto, excede el terreno estrictamente religioso. En Córdoba, la Iglesia puso sobre la mesa una definición política y social que difícilmente pase inadvertida: para Rossi, retirar al Estado de los sectores más vulnerables no significa necesariamente darles libertad, sino dejarlos expuestos.
Con ayuda de La Nueva Mañana
