El diputado nacional Esteban Paulón solicitó que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presente ante la Cámara de Diputados para explicar el accionar de las fuerzas federales durante la protesta del jueves 6 de agosto. El pedido pone el foco en las denuncias por agresiones, el uso de hidrantes y gases y el golpe que sufrió una reportera gráfica, quien terminó con una fractura de cráneo.
La actuación de las fuerzas de seguridad durante la movilización realizada frente al Congreso volvió a instalar una fuerte discusión política sobre los límites de los operativos policiales y el derecho a manifestarse. En ese marco, el diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón presentó un pedido formal para que la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, concurra a la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el operativo desplegado el jueves 6 de agosto.
La protesta se desarrolló mientras el Congreso debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. Según el legislador, durante el operativo se produjeron múltiples agresiones contra manifestantes y trabajadores de prensa. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de una reportera gráfica que sufrió una fractura de cráneo tras recibir un golpe con un elemento contundente por parte de un efectivo policial, de acuerdo con lo consignado en el pedido legislativo.
Paulón reclamó que el Gobierno informe si existe una investigación destinada a determinar las responsabilidades por lo que calificó como una “represión injustificada” que, según su denuncia, se extendió durante más de dos horas. El diputado sostiene que los manifestantes se encontraban inicialmente en una situación de tranquilidad y que el despliegue de las fuerzas terminó generando una escalada del conflicto.
Otro de los puntos centrales del pedido tiene que ver con la identificación de los agentes que participaron del procedimiento. Paulón solicitó conocer si fueron individualizados los efectivos que, según denunció, realizaron disparos directos contra trabajadores, periodistas, cronistas, camarógrafos y manifestantes que se encontraban en las inmediaciones del Congreso. La cuestión de la identificación del personal policial adquiere especial importancia cuando existen denuncias sobre posibles abusos durante un operativo.
El legislador también cuestionó el alcance territorial de la intervención policial. Según su presentación, los camiones hidrantes habrían avanzado más de 500 metros del Palacio Legislativo, incluso durante el momento en que los manifestantes comenzaban a desconcentrarse. Paulón sostiene que esa etapa se desarrollaba sin incidentes hasta la intervención de las fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
La denuncia política también apunta a la presencia de agentes armados sin identificación visible ni uniforme, una situación que el diputado considera especialmente grave. Paulón afirmó públicamente que hubo personal armado que actuó durante el operativo y reclamó explicaciones sobre quiénes eran, bajo qué órdenes actuaron y cuál fue el protocolo utilizado durante la jornada.
El episodio vuelve a poner en discusión la política de seguridad implementada por el Gobierno nacional frente a las movilizaciones. En los últimos meses, el Ejecutivo viene defendiendo una estrategia de mayor despliegue de las fuerzas federales ante protestas y manifestaciones, mientras organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos cuestionan algunas de esas intervenciones por considerar que pueden afectar el derecho constitucional a la protesta y la libertad de prensa.
En este caso, la situación adquiere una dimensión todavía más sensible por las denuncias que involucran a trabajadores de prensa. La agresión denunciada contra una reportera gráfica, que habría sufrido una lesión de gravedad, abrió además un interrogante sobre las condiciones en las que periodistas y fotógrafos pueden desarrollar su trabajo durante manifestaciones y operativos policiales.
Ahora, el foco queda puesto en la ministra Monteoliva. El pedido presentado en Diputados busca que la funcionaria explique quién diseñó el operativo, qué órdenes recibieron los efectivos, por qué se extendió la intervención policial y si existe una investigación interna para determinar responsabilidades. La respuesta del Gobierno será clave para establecer si el episodio tendrá consecuencias administrativas, políticas o judiciales.
La discusión promete continuar en el Congreso y en las calles. Porque detrás de este operativo aparece una pregunta mucho más profunda: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar la seguridad durante una protesta sin convertir el operativo de seguridad en una nueva fuente de violencia? La respuesta de Monteoliva podría convertirse en una de las próximas batallas políticas alrededor del derecho a manifestarse, la actuación de las fuerzas federales y la libertad de prensa.
Con ayuda La Nueva Mañana
