La estrategia judicial de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo capítulo con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En una entrevista con C5N, el abogado español Javier Borrego explicó los fundamentos de la iniciativa, sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no debería impedir una eventual participación en elecciones primarias y anticipó que solicitaron una medida cautelar para suspender esa restricción mientras el organismo internacional analiza el caso.
La defensa internacional de Cristina Fernández de Kirchner avanza con una nueva estrategia jurídica que apunta a cuestionar la condena por la causa Vialidad y, especialmente, la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Durante una entrevista concedida a C5N, el abogado español Javier Borrego sostuvo que la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU busca que el organismo revise si el Estado argentino vulneró derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Borrego explicó que, desde su interpretación jurídica, la actual inhabilitación impuesta a la exmandataria no impediría una eventual participación en elecciones primarias. Argumentó que las PASO no constituyen una elección para ocupar un cargo público sino un proceso previo para seleccionar candidatos, por lo que, según su criterio, una restricción destinada exclusivamente al acceso a cargos públicos no debería extenderse automáticamente a esa instancia electoral.
El abogado también señaló que la defensa solicitó una medida cautelar para suspender temporalmente la inhabilitación hasta que el Comité de Derechos Humanos resuelva el fondo del planteo. Según indicó, el objetivo inmediato es evitar que la sanción produzca efectos mientras el organismo internacional analiza si existieron violaciones a las garantías reconocidas por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Durante la entrevista, Borrego recordó que el Estado argentino incorporó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con jerarquía constitucional, por lo que consideró plenamente válido recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. En ese sentido, rechazó las críticas que interpretan estas presentaciones como una afectación de la soberanía nacional y sostuvo que estos sistemas fueron creados precisamente para revisar posibles vulneraciones cometidas por los propios Estados.
Consultado sobre los antecedentes, el abogado mencionó el caso del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuya defensa también recurrió a organismos internacionales. No obstante, aclaró que existen diferencias entre ambos procesos y sostuvo que el sistema constitucional argentino otorga una jerarquía particular a los tratados internacionales que regulan la protección de los derechos humanos.
Respecto de los plazos, Borrego reconoció que el funcionamiento del Comité de Derechos Humanos atraviesa demoras debido a la reducción de recursos financieros y de personal. Explicó que, como consecuencia de esas limitaciones, una eventual respuesta sobre la solicitud de medidas cautelares podría conocerse recién en las próximas reuniones del organismo, aunque evitó fijar una fecha definitiva.
Durante la entrevista también surgió el debate sobre la situación electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Periodistas presentes consultaron por la exclusión de la expresidenta del padrón electoral y por los eventuales obstáculos administrativos que esa situación podría representar para una eventual participación en elecciones primarias. Borrego respondió que, desde su interpretación, la cuestión deberá ser evaluada por las autoridades competentes teniendo en cuenta que las PASO no implican la elección directa de un cargo público.
En otro tramo de la conversación, el abogado afirmó que, tras estudiar durante varios meses la causa Vialidad, considera que el proceso judicial presenta numerosas contradicciones y sostuvo que la principal finalidad de la condena fue impedir la participación política de Cristina Fernández de Kirchner. Esa interpretación forma parte de los argumentos incorporados por la defensa en la presentación internacional realizada ante Naciones Unidas.
Mientras tanto, el expediente continúa abierto en el plano internacional y la defensa espera que el Comité de Derechos Humanos analice el planteo presentado. En paralelo, el caso mantiene un fuerte impacto en el escenario político argentino, ya que cualquier definición sobre la inhabilitación de la expresidenta podría influir en el debate público y en las discusiones sobre su eventual participación en futuros procesos electorales.
Fuente: Entrevista de Javier Borrego en C5N
