El Gobierno nacional oficializó la designación de 46 jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal, mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Sin embargo, dejó pendiente el nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, cuyo pliego ya había sido aprobado por el Senado, una decisión que reavivó el debate sobre los criterios utilizados por el Poder Ejecutivo para completar las vacantes judiciales.
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron una nueva tanda de decretos mediante los cuales quedaron oficializadas las designaciones de 46 jueces nacionales y federales, además de cuatro conjueces, cuatro defensores oficiales y un fiscal. La mayoría de los nombramientos corresponde a juzgados de los fueros civil y penal, con el objetivo de reducir las numerosas vacantes existentes en distintos tribunales del país.
En paralelo a estas designaciones, el Poder Ejecutivo remitió al Senado 21 nuevos pliegos para cubrir cargos vacantes en la Justicia federal. Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la intención es continuar avanzando en la normalización del funcionamiento del Poder Judicial, donde todavía existen alrededor de 170 vacantes pendientes de cobertura.
La principal novedad de la jornada fue la ausencia de María Verónica Michelli entre los decretos publicados. La magistrada había obtenido el acuerdo del Senado para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, pero el Presidente decidió no firmar su designación, por lo que su incorporación quedó suspendida sin una fecha definida.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la decisión no responde al pliego aprobado por la Cámara alta, sino a que el tribunal para el cual fue propuesta Michelli todavía no se encuentra habilitado para funcionar. Según detalló el ministro Juan Bautista Mahiques, antes de que pueda entrar en funciones deben completarse distintos procedimientos administrativos, entre ellos la asignación de un edificio, el equipamiento y la infraestructura tecnológica necesaria.
No obstante, la exclusión de Michelli generó cuestionamientos en distintos sectores políticos y judiciales. La magistrada había quedado en el centro de una fuerte controversia durante el tratamiento de su pliego en el Senado debido a que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. El Gobierno había intentado retirar su candidatura antes de la votación, aunque finalmente el Senado aprobó igualmente su nombramiento.
Especialistas en derecho constitucional recordaron que, si bien el acuerdo del Senado constituye un requisito indispensable para la designación de magistrados, el nombramiento se perfecciona únicamente con la firma del decreto presidencial. En consecuencia, mientras ese acto administrativo no se produzca, la persona propuesta no puede asumir formalmente el cargo, aun cuando haya recibido el aval parlamentario.
La decisión se enmarca en una política impulsada por el Gobierno para avanzar en la cobertura de vacantes judiciales y acelerar los concursos pendientes. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el Ejecutivo incrementó el envío de pliegos al Senado con el propósito de reducir el número de cargos sin cubrir en la Justicia nacional y federal.
Con estas nuevas designaciones, el Gobierno dio uno de los pasos más importantes de su gestión en materia judicial, aunque la situación de María Verónica Michelli continúa abierta. Mientras el Ejecutivo sostiene que existen razones administrativas para postergar su nombramiento, el caso mantiene el interés político y jurídico, ya que el Senado ya otorgó el acuerdo correspondiente y la definición final depende exclusivamente de la firma presidencial.
Fuente: Filo News
