El gobernador de La Pampa defendió el proyecto de ley provincial que busca limitar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y proteger los recursos naturales estratégicos. En una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10, reclamó que el Congreso recupere protagonismo frente al DNU 70/2023 y sostuvo que las inversiones deben desarrollarse bajo reglas establecidas por el Estado.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, defendió la iniciativa que envió a la Legislatura provincial para establecer límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. “Nuestro territorio ni se vende ni se regala”, fue la idea central que atravesó su intervención en el programa Mañanas Silvestres, conducido por Gustavo Sylvestre en Radio 10. El mandatario sostuvo que, ante los cambios en la normativa nacional, las provincias tienen la responsabilidad de ejercer sus competencias para proteger el territorio, los recursos naturales y la soberanía. La propuesta pampeana busca establecer un marco propio de regulación y evitar que determinadas áreas estratégicas queden en manos de personas, empresas o Estados extranjeros.
La discusión se produce después de que el DNU 70/2023 derogara la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establecía restricciones a la titularidad extranjera sobre tierras rurales. Tras una decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto una medida cautelar que impedía aplicar esa derogación, el tema volvió al centro de la agenda política y judicial. En ese contexto, bloques opositores solicitaron una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación para el 15 de octubre de 2026, con el objetivo de debatir la derogación del decreto. La convocatoria requiere reunir el quórum necesario para abrir la sesión y avanzar con el tratamiento legislativo.
Durante la entrevista, Ziliotto afirmó que las provincias cuentan con atribuciones propias para regular el uso del suelo y ejercer el dominio originario sobre sus recursos naturales. Desde esa perspectiva, defendió la presentación del proyecto como una manera de hacer valer las facultades provinciales frente a un escenario nacional que considera preocupante. El gobernador remarcó que proteger el territorio no significa rechazar la inversión extranjera, sino establecer condiciones y límites. “No se trata de impedir que el extranjero invierta, sí, pero con reglas de juego que establece el Estado, tanto nacional como provincial”, expresó. Para el mandatario, la discusión de fondo es quién fija esas reglas y cómo se garantiza que el desarrollo económico no comprometa el control de los recursos estratégicos.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la prohibición de vender a personas o empresas extranjeras tierras que contengan o linden directamente con recursos naturales estratégicos, como ríos, lagunas, acuíferos, bosques nativos, salitrales y áreas protegidas. El proyecto también contempla restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera. La propuesta apunta a preservar espacios considerados sensibles por su importancia ambiental, hídrica y productiva. De acuerdo con la explicación del gobernador, la regulación pretende evitar que la propiedad privada se convierta en una vía para perder capacidad de decisión sobre bienes fundamentales para el futuro de la provincia.
Ziliotto aclaró que el proyecto no establece una prohibición general para que los extranjeros compren tierras rurales en La Pampa. La propuesta incorpora límites relacionados con la productividad del suelo y las características de cada región. Según detalló durante la entrevista, el régimen contempla superficies de hasta 1.000 hectáreas en las zonas de mayor productividad y de hasta 20.000 hectáreas en el oeste provincial, donde las condiciones productivas son diferentes. También se prevén condiciones vinculadas con el arraigo: diez años de residencia continua en la provincia, con un plazo de cinco años para determinados casos en los que existan vínculos familiares, como hijos, cónyuge o conviviente. El objetivo declarado es regular la adquisición de tierras sin convertir la nacionalidad en el único criterio de acceso.
El mandatario se mostró confiado en que la Legislatura pampeana acompañará la iniciativa y afirmó que la defensa de los recursos provinciales puede superar las diferencias partidarias. Sin embargo, el proyecto deberá atravesar el debate legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. La discusión también plantea interrogantes sobre la relación entre las competencias nacionales y provinciales en materia de propiedad, recursos naturales e inversiones. En el plano nacional, el desafío para los sectores que promueven la derogación del DNU será reunir los votos necesarios en Diputados. La sesión solicitada para el 15 de octubre será una instancia decisiva para medir los apoyos parlamentarios, aunque su realización efectiva dependerá de que se alcance el quórum reglamentario.
Ziliotto también cuestionó la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo y reclamó un Congreso con mayor protagonismo. Sostuvo que las reformas estructurales deben discutirse institucionalmente y que el Parlamento debe recuperar facultades que, según su interpretación, fueron desplazadas por el uso de decretos. “No se trata de no darle herramientas al Ejecutivo o de ralentizar la gestión, sino de que el Congreso debata, trabaje y discuta absolutamente todo”, señaló. En esa línea, advirtió sobre los riesgos de que cada cambio de gobierno desarme las políticas implementadas por la administración anterior sin evaluar cuáles funcionan y cuáles necesitan modificaciones. Para el gobernador, la construcción de políticas de Estado requiere acuerdos institucionales y continuidad más allá de las diferencias partidarias.
Hacia el cierre de la entrevista, el debate volvió al alcance del DNU 70/2023, que excede la cuestión de las tierras rurales e introdujo cambios en distintas áreas de la economía y la regulación estatal. El conductor Gustavo Sylvestre sostuvo que la discusión parlamentaria debe continuar más allá de lo que resuelva la Justicia sobre la cautelar relacionada con la Ley de Tierras. La controversia combina así dos planos: por un lado, la disputa jurídica sobre la aplicación de la derogación; por otro, la discusión política sobre la vigencia de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. La iniciativa de La Pampa busca responder desde el ámbito provincial a ese escenario, mientras el debate en el Congreso pondrá a prueba la capacidad de las fuerzas políticas para construir una mayoría en torno a la regulación de la tierra y la protección de los recursos estratégicos.
Fuente: Radio 10
