Cristian Rivaldi fue procesado por los delitos de “abuso de autoridad” en concurso real con el delito de “lesiones leves” por rociar con un potente gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, una nena de 10 años.
La Justicia procesó al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por haber rociado con gas lacrimógeno a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, durante la represión de una manifestación pacífica en defensa de los jubilados, ocurrida el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.
El juez federal Sebastián Ramos lo procesó por los delitos de “abuso de autoridad” y “lesiones leves”, en un fallo que remarcó la intencionalidad y desproporción del accionar policial. Según la resolución, Rivaldi disparó el gas directamente al rostro de la niña y su madre, quienes estaban tiradas en el suelo, sin agredir a nadie.
“Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad”, escribió el magistrado, subrayando que actuaron desde una “posición de desventaja” y que el uniformado “apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción”.
Rivaldi se defendió con un escrito de 60 páginas en el que aseguró haber actuado “según los protocolos” y bajo órdenes superiores, y negó haber visto a una menor. Sin embargo, el juez consideró su versión “inverosímil” y resaltó que las imágenes del operativo confirman el testimonio de la familia afectada.
Este hecho se inscribe en un contexto de creciente violencia institucional y represión durante protestas sociales, y se suma al caso del fotorreportero que fue baleado en la cabeza durante otra manifestación, y que sobrevivió tras múltiples operaciones.
A pesar de la gravedad del hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al policía y desvió la responsabilidad hacia la madre de Fabrizia, a quien calificó de “irresponsable”, en lugar de condenar el accionar desmedido de las fuerzas a su cargo.
Fabrizia, en declaraciones a la prensa, relató con angustia lo vivido:
“Empecé a gritar, sentí que no podía ver, no podía respirar, no escuchaba a mi mamá… Me asusté mucho. Nosotras estábamos sentadas en el piso, no hicimos nada”, contó. “Parecían orgullosos de haberme tirado gas pimienta”, agregó.
Este procesamiento representa un avance judicial ante un caso que generó conmoción y volvió a poner en debate los límites del uso de la fuerza en democracia y la responsabilidad política ante hechos represivos.
