La provincia de Salta atraviesa una situación crítica que amenaza con impactar de lleno sobre la producción, el empleo y la actividad económica regional. La incertidumbre sobre el abastecimiento de gas para los próximos meses encendió las alarmas en distintos sectores industriales, donde ya se analizan posibles reducciones de producción, cierres temporales de plantas y suspensiones de trabajadores. Empresarios, industriales y autoridades provinciales advierten que la situación podría agravarse durante el invierno si no se garantizan condiciones estables de suministro energético para el aparato productivo del Noroeste Argentino.
La preocupación fue expresada públicamente por la Unión Industrial de Salta (UIS), que viene advirtiendo desde hace semanas sobre las consecuencias que podría tener la reducción en la disponibilidad de gas para las empresas de la provincia. Según explicó el presidente de la entidad, Eduardo Gómez Naar, la principal dificultad no radica únicamente en la eventual escasez del recurso energético, sino en la falta de previsibilidad para planificar inversiones, producción, contratación de personal y compromisos comerciales. La incertidumbre, sostuvo, ya comenzó a afectar las decisiones empresariales.
Entre los sectores más expuestos aparecen los ingenios azucareros, las plantas cerámicas y la industria citrícola, actividades que dependen fuertemente del gas natural para sostener sus procesos productivos. Desde la UIS alertaron que una eventual interrupción o restricción del suministro podría provocar efectos en cadena sobre proveedores, contratistas, transportistas y numerosos comercios vinculados a la actividad industrial.
Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de la empresa citrícola La Moraleja, considerada una de las principales productoras de limón de la provincia. Fuentes empresarias señalaron que la firma podría verse obligada a reducir la cosecha, disminuir contrataciones temporarias e incluso detener parte de sus operaciones industriales si no logra asegurar el abastecimiento energético necesario para sostener la actividad. La compañía exporta productos derivados del limón y mantiene vínculos comerciales con importantes mercados internacionales.
El origen del conflicto está vinculado a la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación. Según los cálculos realizados por la Unión Industrial de Salta, la medida provocaría una reducción cercana al 35% en la capacidad de transporte firme de gas destinada al Noroeste Argentino. Los empresarios sostienen que el volumen disponible pasaría de casi cinco millones de metros cúbicos diarios a poco más de tres millones, modificando de manera significativa el esquema histórico de abastecimiento energético para la región.
La normativa responde a una reconfiguración del sistema energético nacional impulsada por el crecimiento de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta y por la disminución de los aportes provenientes de la Cuenca Noroeste y de las importaciones desde Bolivia. Sin embargo, los industriales salteños consideran que la transición no contempla adecuadamente las necesidades productivas de las provincias del norte argentino, donde numerosas actividades económicas dependen de un suministro continuo y competitivo de energía.
Otro aspecto que preocupa al sector es el costo de las alternativas disponibles. Las empresas sostienen que recurrir al Gas Natural Licuado (GNL) regasificado implicaría afrontar valores considerablemente más elevados que los actuales, lo que pondría en riesgo la competitividad de muchas industrias regionales. Para numerosas firmas, especialmente medianas y pequeñas, el incremento de costos podría resultar difícil de absorber en un contexto económico ya complejo.
La situación motivó una fuerte intervención del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien en los últimos días intensificó los reclamos ante el Gobierno nacional para exigir soluciones que garanticen el abastecimiento energético de la provincia. El mandatario advirtió que la falta de respuestas podría afectar inversiones, puestos de trabajo y proyectos productivos estratégicos para el desarrollo regional.
Como si el panorama industrial no fuera suficientemente complejo, el sector comercial también atraviesa dificultades. La Cámara de Comercio de Salta denunció que numerosos negocios enfrentan problemas financieros derivados de la caída del consumo y cuestionó los mecanismos de embargo impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Empresarios locales aseguran que muchas firmas deben elegir entre cumplir obligaciones fiscales, pagar salarios o afrontar costos operativos básicos para mantenerse en actividad.
La combinación de incertidumbre energética, aumento de costos, caída de la actividad económica y presión financiera configura un escenario que distintos actores califican como uno de los más delicados de los últimos años para la provincia. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si se alcanzan soluciones que permitan garantizar el suministro de gas y evitar que las advertencias empresariales se transformen en suspensiones, cierres temporales de plantas y pérdida de empleos en una de las regiones productivas más importantes del norte argentino.
Fuente: Motor Economico
