El Gobierno reformó por decreto la Ley de Migraciones. Endurece las condiciones de ingreso y permanencia, y habilita el cobro a extranjeros en hospitales y universidades.
Bajo el paraguas del DNU 366/2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves una reforma de fondo en la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de acceso y permanencia para personas extranjeras y habilitando el arancelamiento en servicios públicos clave como salud y educación superior.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine las categorías migratorias —transitorio, temporario, permanente— y subordina el acceso a derechos fundamentales a la condición legal de residencia. Aunque mantiene la obligación de garantizar atención médica en casos de emergencia y el derecho a cursar niveles obligatorios, la novedad está en lo que excluye: las universidades podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente y el sistema de salud quedará restringido a quienes no acrediten seguro o paguen por adelantado.
“Por fuera de los supuestos establecidos… sólo se brindará atención contra la presentación de un seguro o el pago previo del servicio”, reza el texto en referencia a los hospitales públicos. En paralelo, las universidades estatales tendrán vía libre para cobrar por la educación de extranjeros sin residencia permanente.
La política de expulsión también se recrudece. La Dirección Nacional de Migraciones podrá revocar residencias precarias si considera que se han “desnaturalizado los motivos” que las justificaron. Además, el trámite no implicará derecho alguno a una resolución favorable ni contará como antecedente para obtener la ciudadanía.
Las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno exigen a los extranjeros demostrar ingresos suficientes y carecer de antecedentes penales, incluso para casos de reunificación familiar. Sólo los hijos de argentinos conservarán automáticamente el estatus de residentes permanentes.
Organizaciones de derechos humanos y gremios universitarios ya expresaron su rechazo. “Es un retroceso brutal. Se criminaliza la pobreza y se vuelve a una visión selectiva y utilitarista del migrante”, señalaron desde la Cátedra de Migraciones de la UBA. En tanto, asociaciones de profesionales de la salud alertaron que la medida pondrá en riesgo la vida de miles de personas que hoy acceden a controles, tratamientos y cirugías en hospitales públicos.
La Argentina, que en 2004 fue ejemplo global con una ley migratoria basada en derechos humanos, se aleja ahora de aquel paradigma. Con el DNU 366/2025, la política migratoria adopta una lógica punitiva y excluyente, en línea con el proyecto de Estado mínimo que impulsa el oficialismo.
