Desde hace algunos años, el flagelo del narcotráfico y las mafias ha sido un tema recurrente en el debate público, especialmente debido a las muertes y la violencia que provoca. En este contexto, se ha propuesto la legalización de todas las drogas como una posible solución para erradicar las mafias, cuya existencia está muchas veces ligada a la complicidad política, policial y judicial. Sin embargo, la implementación de esta medida dependería en gran medida de cómo se ejecute.
El Estado debería asumir un rol preponderante en esta tarea. El primer paso sería la creación de centros de atención integral en todas las provincias, destinados a atender el consumo problemático de sustancias. Estos centros deben ir más allá del paradigma de la farmacocracia, ofreciendo apoyo psicológico, social y sanitario.
El siguiente paso sería abordar el narcomenudeo como una salida laboral para muchas personas. Es crucial ofrecer oportunidades laborales alternativas a las familias atrapadas en el círculo vicioso del narcotráfico, proporcionando programas de formación y empleo que les permitan reconstruir sus vidas de manera digna.
En una tercera etapa, se podría proceder a la legalización de las drogas, con una distribución controlada por el Estado. Los impuestos recaudados de esta nueva industria podrían financiar programas para consumidores problemáticos, así como escuelas de deportes, arte y otros programas comunitarios que contribuyan al bienestar social.
Esta política pública debería ser consensuada en la medida de lo posible con todos los partidos políticos y contar con el presupuesto necesario para su implementación. Es esencial que se realice un debate amplio y participativo en la sociedad, ya que esta es una realidad dolorosa para muchas familias. Debemos trabajar juntos para internalizar los beneficios de esta nueva política pública que se está debatiendo a nivel nacional y mundial.
En conclusión, la legalización de las drogas podría ser una herramienta poderosa para combatir el narcotráfico y las mafias, pero su éxito dependerá de una implementación cuidadosa y de un compromiso integral por parte del Estado y la sociedad. Solo así podremos transformar esta dolorosa realidad en una oportunidad para el cambio y el progreso.
Por Claudia Adach
