Tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín ordenó detener al exgerente de Manufactura de Ford. Tiene 95 años y permanecerá inicialmente bajo arresto domiciliario en Córdoba, mientras se resuelve su situación. Fue condenado a diez años de prisión por su participación en el secuestro y las torturas de trabajadores de la automotriz durante la última dictadura.
Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Motor Argentina, fue detenido por orden del Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a diez años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El exdirectivo, de 95 años, permanecerá provisoriamente bajo arresto domiciliario en Córdoba mientras se resuelve su situación procesal. La decisión representa un nuevo capítulo en una causa histórica que investigó la participación de autoridades empresariales en la represión contra trabajadores y delegados sindicales.
La detención se produjo después del fallo del máximo tribunal, que confirmó la condena dictada originalmente en diciembre de 2018. Müller había sido sentenciado por su participación necesaria en los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados contra trabajadores de la planta de Ford en General Pacheco, provincia de Buenos Aires. La causa investigó el secuestro de 24 obreros durante los primeros meses de la dictadura. Diecisiete de ellos fueron privados de su libertad dentro de la propia fábrica y nueve fueron llevados a un quincho del predio que funcionó como centro clandestino de detención y tortura.
Durante el juicio se reconstruyó cómo funcionó la articulación entre sectores de la empresa y las fuerzas represivas. Según lo acreditado por los tribunales, desde el 24 de marzo de 1976 se utilizaron instalaciones de la fábrica para alojar personal militar, se facilitó información sobre los trabajadores que debían ser secuestrados y se proporcionaron recursos logísticos, incluidos vehículos de la compañía. Los operarios perseguidos tenían en común, en varios casos, su participación en actividades gremiales y su intervención en las organizaciones sindicales de la planta. La sentencia consideró probado que la intervención de personal jerárquico de Ford contribuyó al funcionamiento del dispositivo represivo.
Müller ingresó a Ford a comienzos de la década de 1960 y, al momento del golpe de Estado, ocupaba el cargo de gerente de Manufactura, con responsabilidad sobre la producción de la planta. También participaba en reuniones del directorio y era considerado el reemplazante natural del presidente de la compañía cuando este no estaba. Durante el proceso judicial, los testimonios de trabajadores y sobrevivientes permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la fábrica y las decisiones empresariales que acompañaron la intervención militar. La condena no se basó únicamente en el cargo jerárquico que ocupaba Müller, sino en la valoración judicial de su participación dentro de la estructura de la empresa y del contexto en que ocurrieron los secuestros.
La sentencia original del Tribunal Oral Federal N.º 1 de San Martín, dictada en diciembre de 2018, condenó también al exjefe de Seguridad de Ford, Héctor Sibilla, a doce años de prisión, y al excomandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, a quince años. Sibilla murió en mayo de 2023 y Riveros falleció un año después, mientras el expediente todavía esperaba una resolución definitiva de la Corte Suprema. La demora judicial significó que dos de los condenados no llegaran a conocer la confirmación definitiva de sus sentencias. Müller es el único de los tres que permanece con vida y ahora deberá comenzar a cumplir su pena.
La decisión de la Corte Suprema también tuvo una fuerte discusión interna. La mayoría que confirmó la condena estuvo integrada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y sostuvo que no existían pruebas suficientes para acreditar la participación personal de Müller en los delitos. Su posición cuestionó que pudiera atribuirse responsabilidad penal a partir de la función que desempeñaba dentro de Ford y reclamó pruebas específicas sobre su intervención. La mayoría, en cambio, consideró que los argumentos de la defensa no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias anteriores y que la responsabilidad de los civiles debía analizarse dentro del contexto histórico de la represión.
El fallo tiene una trascendencia que va más allá de la situación individual de Müller. La condena de exdirectivos de una multinacional por su participación en crímenes de lesa humanidad fue un antecedente inédito en la Justicia argentina y consolidó el reconocimiento judicial de la responsabilidad empresarial en la represión contra el movimiento obrero. La causa Ford permitió demostrar que la persecución no se limitó a los centros clandestinos y a las estructuras militares: también alcanzó los lugares de trabajo y contó con la colaboración de sectores del poder económico. El informe Nunca Más de la CONADEP ya había señalado que más del 30% de las personas desaparecidas eran obreros, un dato que refleja el peso de la represión contra el mundo del trabajo.
La detención de Müller llega, además, cuando avanzan otras investigaciones sobre la responsabilidad de empresarios y directivos durante la dictadura. Entre ellas se encuentran las causas vinculadas con Molinos Río de la Plata y Mercedes-Benz, además de los expedientes sobre La Fronterita y Ledesma. Para las víctimas y sus familiares, la confirmación de la condena representa un reconocimiento judicial largamente esperado, aunque también una reparación tardía: muchos de los trabajadores que impulsaron la causa no llegaron a ver la sentencia firme. El caso vuelve a plantear una pregunta fundamental sobre la historia argentina: qué responsabilidad tuvieron las grandes empresas en la persecución de sus propios trabajadores y cuánto tiempo puede transcurrir hasta que esa responsabilidad sea reconocida por la Justicia.
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