La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el sobreseimiento que había beneficiado a la periodista, luego de que el juez Sebastián Casanello considerara que la denuncia estaba prescripta. La querella fue impulsada por Javier Milei por declaraciones realizadas en 2023 sobre su vínculo con su hermana Karina. Mengolini cuestionó duramente la decisión judicial y advirtió sobre sus consecuencias para la libertad de expresión.
La causa judicial que Javier Milei inició contra la periodista Julia Mengolini por presuntas injurias volvió a ponerse en marcha. El camarista Pablo Bertuzzi revocó la resolución mediante la cual el juez federal Sebastián Casanello había dispuesto el sobreseimiento de la conductora de Futurock por considerar que la acción penal estaba prescripta. De esta manera, el expediente deberá continuar su recorrido judicial, en una decisión que reavivó la controversia sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de herramientas penales frente a las críticas dirigidas a figuras públicas.
El origen del expediente se remonta al 3 de mayo de 2023, cuando Milei todavía era candidato presidencial. Durante una participación en el programa televisivo Duro de Domar, emitido por C5N, Mengolini hizo comentarios sobre la relación del entonces candidato con su hermana Karina Milei. La periodista sostuvo que el dirigente estaba enamorado de ella y vinculó esa afirmación con declaraciones públicas del propio Milei sobre su deseo de que Karina ocupara el lugar de primera dama si llegaba a la Presidencia. Esas expresiones son el núcleo de la querella por injurias que el actual mandatario impulsó más de dos años después.
La denuncia fue presentada el 1 de julio de 2025, cuando Milei ya ejercía la Presidencia, a través de su abogado Francisco Oneto. La presentación invocó el delito de injurias y sostuvo que las expresiones de Mengolini habían afectado el honor y la reputación del jefe de Estado. El momento de la presentación también quedó atravesado por otro conflicto: la periodista había anunciado previamente que avanzaría judicialmente contra Milei por los ataques y la campaña de hostigamiento digital que, según denunció, venía sufriendo. La controversia judicial se desarrolló así en un contexto de fuerte enfrentamiento público entre el Gobierno y sectores del periodismo.
En una primera instancia, Casanello había desestimado la persecución penal al considerar que las declaraciones cuestionadas estaban relacionadas con asuntos de interés público y que debían quedar protegidas por las garantías constitucionales de la libertad de expresión. Sin embargo, en diciembre de 2025, Bertuzzi revocó ese primer sobreseimiento. El camarista sostuvo que las referencias a la intimidad y a la sexualidad de una persona no necesariamente forman parte del debate sobre el ejercicio de una función pública. Ese criterio abrió una discusión jurídica sobre hasta dónde llega la protección de las expresiones periodísticas cuando involucran aspectos personales de dirigentes políticos.
Luego de esa resolución, el expediente regresó al juzgado de Casanello. En junio de 2026, el magistrado volvió a sobreseer a Mengolini, esta vez por considerar que la acción penal había prescripto: habían transcurrido más de dos años desde las declaraciones de mayo de 2023 y la querella había sido presentada en julio de 2025. El planteo se apoyó en los plazos legales aplicables al delito de injurias, que contempla una sanción de multa. Según las informaciones publicadas, el fiscal Guillermo Marijuan también había respaldado el criterio de la prescripción.
La nueva intervención de Bertuzzi se produjo después de una apelación presentada por Oneto. El camarista dejó sin efecto el segundo sobreseimiento y cuestionó que la resolución de Casanello no hubiera desarrollado, a su criterio, argumentos suficientes para justificar la prescripción. Según explicó Mengolini a Página/12, la decisión vuelve a poner en marcha una causa que ya había sido cerrada dos veces por fundamentos diferentes. La periodista calificó el fallo como arbitrario y cuestionó tanto el razonamiento del magistrado como el funcionamiento del Poder Judicial. La reapertura, sin embargo, no equivale a una condena ni determina que la periodista haya cometido un delito: significa que la controversia judicial continuará.
Tras conocerse la decisión, Mengolini expresó su indignación en redes sociales y denunció lo que considera un alineamiento de sectores del Poder Judicial con el Gobierno nacional. También sostuvo que la legislación y la jurisprudencia que protegen la libertad de expresión respaldan su posición. Sus cuestionamientos apuntaron directamente contra Bertuzzi y contra la interpretación jurídica que permitió reactivar el expediente. La periodista vinculó el caso con un escenario más amplio de hostigamiento hacia las voces críticas del Gobierno. En junio de 2026, además, había recibido un reconocimiento de Reporteros Sin Fronteras por su resistencia frente a las agresiones y campañas de intimidación denunciadas en su contra.
El caso vuelve a instalar una discusión de importancia institucional: cómo compatibilizar el derecho al honor con la libertad de expresión, especialmente cuando las personas involucradas ocupan posiciones centrales en la vida política. El artículo 110 del Código Penal contempla el delito de injurias, pero establece excepciones para expresiones referidas a asuntos de interés público y para manifestaciones que no sean asertivas. La interpretación de esos límites será central en el desarrollo del expediente. Por ahora, no existe una sentencia condenatoria contra Mengolini y la discusión sigue abierta en los tribunales. La resolución también deja un interrogante político y periodístico: qué consecuencias puede tener la utilización de una querella penal promovida por el Presidente contra una comunicadora en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa.
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