El Gobierno de Córdoba anunció un paquete de alivio fiscal de $1,5 billones para estimular el consumo, acompañar al sector productivo y amortiguar la pérdida de empleo. La estrategia de Martín Llaryora combina reducciones impositivas, financiamiento de la banca pública y continuidad de la obra pública, en un escenario económico adverso y con las elecciones de 2027 cada vez más cerca. El ministro Miguel Siciliano defendió el rumbo provincial y destacó las diferencias con el modelo económico nacional.
El Gobierno de Córdoba busca construir una respuesta propia frente al escenario de recesión económica, caída del consumo y pérdida de puestos de trabajo que atraviesa el país. Bajo esa estrategia, la administración de Martín Llaryora presentó un paquete de medidas fiscales por $1,5 billones, con el objetivo de dejar más recursos disponibles en los hogares y generar incentivos para la inversión del sector productivo. La iniciativa combina reducciones impositivas, herramientas de financiamiento y continuidad de las políticas de infraestructura, en una apuesta por sostener la actividad económica provincial en medio de las dificultades que enfrenta el mercado interno.
Entre las medidas anunciadas, una de las más importantes es la reducción del 30% del Impuesto Inmobiliario Urbano para más del 90% de las propiedades de Córdoba. El beneficio alcanzará aproximadamente a 1.245.000 inmuebles distribuidos en toda la provincia. Para el resto de las propiedades, correspondientes a los sectores de mayor valuación, se estableció una reducción del 5%. La propuesta busca aliviar la carga tributaria de los contribuyentes y liberar recursos que puedan destinarse al consumo, aunque también representa un desafío para las cuentas públicas provinciales en un contexto de menor recaudación.
El paquete contempla además una reducción de poco más de un punto porcentual en el impuesto a los Ingresos Brutos y una rebaja del 50% para los vehículos afectados a servicios de traslado de pasajeros. Esta última medida comprende tanto a remises como a quienes trabajan mediante aplicaciones de transporte. Desde la Provincia sostienen que estas herramientas permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento de diferentes actividades económicas, especialmente aquellas que enfrentan mayores dificultades para sostener sus costos operativos. La intención oficial es que el alivio fiscal funcione como un incentivo para mantener el empleo, estimular las inversiones y evitar una mayor contracción de la actividad comercial.
Sin embargo, la situación económica plantea un escenario complejo para la administración provincial. De acuerdo con cifras oficiales mencionadas en la nota, Córdoba perdió más de 35.000 puestos de trabajo durante los últimos años, en un contexto marcado por cierres de comercios, dificultades industriales y menor dinamismo de la economía. Además, el Gobierno reconoce que una parte importante de los recursos provinciales depende del nivel de actividad económica. El paquete fiscal anunciado a fines del año pasado había quedado parcialmente sin implementar porque estaba condicionado a una expansión económica proyectada del 5%, una meta que finalmente no se alcanzó. En ese escenario, las autoridades debieron revisar sus expectativas y adaptar las herramientas fiscales a una realidad mucho más adversa.
En diálogo con La Nueva Mañana, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, defendió las decisiones del gobernador y destacó el papel del Estado provincial para sostener la actividad económica. El funcionario señaló que el alivio fiscal y las líneas de financiamiento de la banca pública son herramientas fundamentales para movilizar la economía en un contexto nacional difícil. También sostuvo que Córdoba mantiene una política de inversión en infraestructura que contrasta con el freno de la obra pública dispuesto por el Gobierno nacional. De acuerdo con su planteo, la Provincia intenta combinar incentivos al sector privado con inversión estatal para evitar que la crisis económica profundice sus consecuencias sociales.
La obra pública aparece como uno de los principales pilares políticos y económicos de la gestión de Llaryora. Siciliano enumeró diferentes proyectos que continúan en ejecución, entre ellos la pavimentación de 1.200 cuadras en la ciudad de Córdoba, la construcción del Hospital del Noroeste, nuevos puentes elevados y el desarrollo de 16 universidades públicas provinciales. También destacó que la Provincia está finalizando la ruta nacional 19 con recursos propios, pese a que se trata de una infraestructura que, según remarcó, debería contar con financiamiento nacional. El ministro defendió esta política como una herramienta para generar empleo, sostener empresas vinculadas a la construcción y mejorar la infraestructura productiva y social del territorio cordobés.
Otro de los ejes de la defensa oficial está relacionado con la educación y las políticas de contención social. Siciliano destacó los resultados educativos que atribuyó a las modificaciones implementadas por la administración provincial y mencionó el funcionamiento del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICOR), el Boleto Educativo y la ampliación de la atención a sectores vulnerables. En particular, sostuvo que el Gobierno decidió incrementar casi un 30% el presupuesto destinado al PAICOR para responder al crecimiento de la demanda alimentaria y evitar que niños y niñas quedaran sin cobertura. El funcionario presentó estas decisiones como parte de un modelo de gestión que busca sostener servicios esenciales incluso durante un período de restricciones económicas.
Finalmente, Siciliano defendió la situación fiscal de Córdoba y aseguró que la Provincia se encuentra entre las tres jurisdicciones del país que mantienen superávit, al tiempo que sostiene un importante ritmo de inversión en infraestructura. El funcionario atribuyó ese resultado a la administración de los recursos públicos y a la fortaleza del entramado empresarial, industrial y pyme provincial. Sin embargo, el paquete de medidas también tiene una dimensión política ineludible: con las elecciones de 2027 en el horizonte, Llaryora busca mostrar capacidad de respuesta frente a la crisis, diferenciar su modelo de gestión del programa económico de Javier Milei y sostener una agenda propia basada en obra pública, alivio tributario y contención social. La incógnita será si estas herramientas alcanzan para revertir la pérdida de empleo y reactivar una economía provincial que todavía enfrenta fuertes dificultades.
Fuente: La Nueva Mañana



