El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y obliga al Gobierno a garantizar las prestaciones

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Con 71 votos afirmativos, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La norma mantiene los principales beneficios de la emergencia que Javier Milei había vetado en 2025, garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, establece mecanismos de actualización de las prestaciones y fija plazos para cancelar las deudas con instituciones y profesionales. El oficialismo terminó acompañando una iniciativa que durante meses había generado fuertes enfrentamientos con organizaciones, familias y prestadores.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, una decisión que representa un cambio significativo en la política del Gobierno nacional hacia uno de los sectores más afectados por el ajuste económico. Con 71 votos afirmativos, todos los legisladores presentes respaldaron el proyecto denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa garantiza la continuidad de buena parte de los derechos y beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta diciembre de 2026.

La aprobación adquiere especial relevancia por el recorrido político y legislativo que tuvo la normativa anterior. En 2025, el Congreso había sancionado la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero el presidente Javier Milei decidió vetarla, argumentando cuestionamientos vinculados al financiamiento y al impacto fiscal. Sin embargo, ambas cámaras legislativas insistieron con la norma y consiguieron los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial. Posteriormente, el Ejecutivo intentó suspender su aplicación hasta que se establecieran las fuentes de financiamiento, lo que derivó en nuevos conflictos políticos y judiciales. Finalmente, la presión de las organizaciones del sector y los reclamos de las familias mantuvieron el tema en el centro de la agenda pública.

Uno de los aspectos fundamentales de la nueva legislación es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, que permanecerán equivalentes al 70% de la jubilación mínima. Además, se establece que este beneficio podrá ser compatible con un empleo registrado o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos laborales individuales no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición busca evitar que las personas con discapacidad deban elegir entre acceder a una oportunidad laboral y conservar su protección económica. También se mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito central para acceder a los beneficios contemplados en el régimen.

La normativa también establece garantías para la continuidad de las prestaciones médicas y asistenciales. Entre ellas, se contempla la cobertura de salud a través del programa federal Incluir Salud para los titulares de pensiones no contributivas, además de sostener el sistema de prestaciones básicas establecido por la Ley 24.901. Otro punto relevante es la continuidad del nomenclador único y de los mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores, vinculados a la movilidad de las prestaciones previsionales. Se trata de una demanda histórica de centros de rehabilitación, instituciones educativas, transportistas, acompañantes terapéuticos y profesionales que venían denunciando que los valores recibidos no alcanzaban para cubrir los costos de funcionamiento.

Uno de los compromisos más importantes incorporados en la ley está relacionado con las deudas que el Estado mantiene con los prestadores del sistema de discapacidad. La normativa establece que las autoridades deberán publicar un cronograma de cancelación de las obligaciones pendientes dentro de los 30 días posteriores a su entrada en vigencia y completar los pagos correspondientes dentro de un plazo máximo de 90 días para quienes hayan cumplido los procedimientos establecidos. La medida busca dar respuesta a una situación que puso en riesgo la continuidad de numerosas instituciones y servicios esenciales. Durante los últimos meses, organizaciones y prestadores habían advertido sobre dificultades para pagar salarios, sostener tratamientos y garantizar la atención de las personas que necesitan acompañamiento permanente.

En materia presupuestaria, la nueva legislación establece que los recursos destinados al sistema de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Además, contempla que, cuando las partidas asignadas resulten insuficientes, el Tesoro Nacional deberá intervenir para garantizar el financiamiento de las prestaciones. Este punto resulta especialmente importante porque uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para resistir la emergencia había sido la falta de recursos presupuestarios. Con la nueva norma, el Congreso establece obligaciones concretas de financiamiento y mecanismos para evitar que las restricciones fiscales se traduzcan en una interrupción de los servicios destinados a las personas con discapacidad.

La ley también incorpora mecanismos de auditoría y control sobre las pensiones no contributivas, mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Estas revisiones deberán realizarse respetando procedimientos de notificación y el derecho de las personas beneficiarias a presentar sus descargos ante eventuales irregularidades. El objetivo declarado es fortalecer los controles sobre el sistema sin afectar injustificadamente a quienes tienen derecho a recibir la prestación. La discusión sobre las auditorías había generado fuertes controversias durante la gestión de Milei, luego de que miles de beneficiarios denunciaran suspensiones, dificultades administrativas y problemas para recuperar sus pensiones.

La sanción definitiva representa, además, un revés político para el Gobierno de Javier Milei, que un año antes había enfrentado al Congreso para impedir la aplicación de la emergencia en discapacidad. La nueva ley fue aprobada después de meses de movilizaciones, reclamos institucionales y cuestionamientos de organizaciones que denunciaron el deterioro de las condiciones de atención y financiamiento del sector. Incluso, durante el debate legislativo, distintos representantes de la oposición cuestionaron el cambio de postura del oficialismo y señalaron que la presión social fue determinante para alcanzar el acuerdo. Con esta votación, el Congreso establece un régimen permanente para garantizar derechos, prestaciones y financiamiento, aunque el verdadero desafío estará en su implementación efectiva y en que las obligaciones presupuestarias se traduzcan en respuestas concretas para las personas con discapacidad y sus familias.

Fuente: La Nueva Mañana

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