La administración de Javier Milei puso en marcha un régimen de retiros voluntarios para los trabajadores del INV, que actualmente cuenta con 385 empleados. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre. La medida se suma al proceso de reducción del Estado y genera interrogantes sobre el futuro de un organismo clave para el control de la actividad vitivinícola argentina.
El Gobierno nacional lanzó un nuevo programa de retiros voluntarios, esta vez destinado al personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 9/2026, publicada el 16 de noviembre en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo reducir la planta permanente del organismo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Instituto cuenta actualmente con 385 trabajadores y los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de noviembre.
La medida se inscribe en la política de desregulación económica y reforma del Estado impulsada por Javier Milei, que tiene entre sus principales objetivos la reducción de estructuras y puestos de trabajo en la administración pública. En los fundamentos de la resolución, las autoridades justificaron el programa bajo la necesidad de optimizar la dotación del organismo y agilizar su funcionamiento. Sin embargo, la normativa no establece una cantidad concreta de trabajadores que el Gobierno pretende que adhieran al retiro ni fija una meta específica de reducción de personal.
El régimen está dirigido exclusivamente a empleados de planta permanente comprendidos en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. La adhesión no implica una aprobación automática: cada solicitud quedará sujeta a la evaluación final de las autoridades del Instituto. Además, existen exclusiones expresas para trabajadores procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado su renuncia, superen los 65 años o mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos.
Uno de los puntos centrales del programa es la compensación económica ofrecida a quienes decidan desvincularse. Los trabajadores de hasta 63 años inclusive recibirán una gratificación equivalente al 100% de su remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción superior a tres meses, con un límite máximo de 24 sueldos. Para quienes tengan 64 años, el tope se reduce a 12 remuneraciones. El cálculo de la antigüedad contempla únicamente el período trabajado desde el ingreso formal a la planta permanente del INV, sin reconocer como años computables los desempeños anteriores bajo modalidades transitorias, becas o contratos.
El pago se realizará como una gratificación extraordinaria junto con la liquidación final de haberes. De acuerdo con los detalles difundidos sobre la resolución, el esquema contempla un pago de hasta 40 millones de pesos en una primera cuota y, si el monto correspondiente supera ese límite, una segunda cuota de hasta 30 millones. La normativa también establece que quienes acepten el retiro podrán volver a ingresar al Estado nacional únicamente después de transcurridos cinco años desde la finalización de la relación laboral.
La reducción de personal se produce en un organismo que ya viene experimentando una transformación de sus funciones. Según datos citados por el medio especializado Bichos de Campo, el INV tenía 516 trabajadores en noviembre de 2023, antes de la llegada de Milei al Gobierno, frente a los 385 registrados actualmente. A esa disminución se suma una reforma normativa que eliminó numerosas disposiciones internas y modificó el alcance de las tareas históricas de fiscalización del Instituto. La combinación de cambios regulatorios y reducción de trabajadores abrió interrogantes en el sector vitivinícola sobre la capacidad futura de control y seguimiento de la actividad.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura cumple un papel estratégico en una cadena productiva que involucra a miles de productores, bodegas, trabajadores y economías regionales, especialmente en provincias como Mendoza y San Juan. Sus funciones de fiscalización, control de calidad, trazabilidad y regulación forman parte de la estructura institucional que acompaña a la producción y comercialización del vino argentino. Por eso, la discusión sobre la reducción de su planta no se limita a una cuestión administrativa: también involucra la capacidad del Estado para garantizar controles y sostener herramientas técnicas en una actividad de relevancia económica y exportadora.
Con esta convocatoria, el Gobierno profundiza su estrategia de achicamiento de la estructura estatal mediante mecanismos de desvinculación voluntaria. Aunque la resolución presenta la medida como una alternativa para los trabajadores que quieran retirarse con una compensación económica, queda pendiente conocer cuántos empleados finalmente aceptarán y cómo impactará esa decisión en el funcionamiento cotidiano del organismo. La pregunta de fondo es si la reducción de personal podrá sostenerse sin afectar las tareas de fiscalización y el acompañamiento institucional que necesita una de las principales economías regionales del país.



