La Dirección General de Migración dispuso un mecanismo de vigilancia sobre el expresidente boliviano en el marco de una causa por presunto alzamiento armado, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La medida no implica una detención automática ni constituye una condena, mientras Morales rechaza las acusaciones y denuncia persecución política y judicial.
Una medida administrativa en medio de una causa penal
La decisión fue comunicada el lunes 16 de noviembre por el director regional de Migración, Daniel Prieto, quien explicó que la disposición fiscal había ingresado a la institución el viernes anterior. El requerimiento se originó en una denuncia presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, y ordenó activar el mecanismo de control migratorio contra Juan Evo Morales Ayma, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019.
Según explicó Prieto, si Morales se presenta en un aeropuerto o en un puesto fronterizo terrestre, los funcionarios migratorios deberán comunicar inmediatamente la situación a la Policía Boliviana para que intervenga en el marco de las investigaciones. La medida busca mantener bajo registro sus movimientos migratorios y permitir que las autoridades policiales actúen conforme a los procedimientos correspondientes. Sin embargo, es importante precisar que una alerta migratoria no equivale por sí misma a una orden de captura ni establece automáticamente una prohibición judicial de salida del país.
La investigación está vinculada con los 53 días de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026, durante una serie de protestas protagonizadas por sectores sindicales, campesinos y organizaciones afines al expresidente. Los cortes de ruta provocaron fuertes dificultades en la circulación y afectaron distintas actividades económicas, según los denunciantes. La causa busca determinar si detrás de esas medidas de presión existieron acciones orientadas a alterar el orden constitucional y comprometer la seguridad del Estado.
Morales es investigado por presuntos delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otras figuras vinculadas a la seguridad estatal. El expediente se alimentó, entre otros elementos, de grabaciones telefónicas atribuidas al exmandatario, en las que supuestamente habría impartido instrucciones para cercar ciudades y suspender el abastecimiento de alimentos durante las movilizaciones. Las autoridades consideran que esas conversaciones podrían constituir indicios de acciones destinadas a desestabilizar el orden constitucional, aunque su contenido y valor probatorio deberán ser establecidos dentro del proceso judicial.
Desde el entorno del exmandatario rechazaron las acusaciones, cuestionaron la autenticidad y la legalidad de los audios difundidos y denunciaron que el proceso forma parte de una persecución política y judicial. Morales, por su parte, aseguró que no tiene intención de abandonar Bolivia y que enfrentará las investigaciones en su contra. Esa posición coloca el caso en un escenario de fuerte confrontación política, en el que las denuncias de los sectores opositores al expresidente conviven con los cuestionamientos de sus seguidores sobre el uso de las instituciones judiciales.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, región donde conserva una importante base de apoyo político y social. Allí cuenta con el resguardo de sus seguidores, en medio de una disputa que desde hace tiempo atraviesa al movimiento político que lo llevó al poder y a distintos sectores de la dirigencia boliviana. La nueva alerta migratoria se suma así a un cuadro judicial y político complejo, que mantiene a Morales en el centro de la escena nacional.
La medida también debe leerse en el contexto de otras investigaciones que involucran al expresidente. La prensa boliviana informó que ya existía una orden de aprehensión emitida en julio en el marco de la causa relacionada con los bloqueos, mientras que Morales enfrenta además otros expedientes judiciales. No obstante, cada investigación tiene sus propios fundamentos y procedimientos, por lo que resulta necesario distinguir la alerta migratoria recientemente activada de las órdenes judiciales que pudieran existir en causas diferentes.
El caso vuelve a exponer la profunda polarización que atraviesa Bolivia y abre interrogantes sobre el alcance de las investigaciones, las garantías procesales y el papel de las instituciones en un conflicto político de larga duración. Por ahora, la alerta migratoria establece un mecanismo de vigilancia y comunicación con la Policía, pero no resuelve la responsabilidad penal del expresidente. La definición dependerá del avance de la investigación fiscal, de la evaluación de las pruebas y de las decisiones que adopte la Justicia boliviana.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas, Xinhua y medios de comunicación de Bolivia.



