El Banco Central de Brasil detectó irregularidades financieras en aproximadamente el 30% de las plataformas de criptomonedas que solicitaron autorización para operar bajo el nuevo marco regulatorio. El organismo también advirtió que numerosas empresas no presentaron sus balances auditados. De un total de 120 solicitudes, 119 continúan bajo revisión y una ya fue rechazada. La medida busca reforzar los controles sobre el mercado de activos digitales, aunque podría provocar la salida de numerosas empresas y una mayor concentración del negocio.
El Banco Central de Brasil encendió las alarmas sobre la situación financiera de las empresas que operan en el mercado de criptomonedas. Según informó Ailton de Aquino Santos, director de Fiscalización del organismo, aproximadamente el 30% de las plataformas que solicitaron autorización para continuar desarrollando sus actividades no cuenta con el capital social exigido por la nueva normativa. La advertencia fue realizada durante un encuentro de la Asociación Brasileña de Cambio (Abracam), celebrado en São Paulo, y representa una señal de alerta para un sector que atraviesa un profundo proceso de transformación regulatoria.
El funcionario también señaló que una parte importante de las empresas no presentó los estados financieros auditados requeridos por las autoridades. Esta documentación resulta fundamental para verificar la situación patrimonial de las compañías, conocer el origen de sus recursos y determinar si cuentan con suficiente respaldo económico para garantizar sus operaciones. La combinación de deficiencias de capital y documentación incompleta podría complicar la aprobación de numerosas solicitudes. Sin embargo, el Banco Central todavía no identificó públicamente cuáles son las empresas que presentan irregularidades ni anticipó cuántas autorizaciones podrían ser rechazadas.
El proceso de regularización contempla un total de 120 solicitudes presentadas por empresas interesadas en operar legalmente en el mercado brasileño. De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, 119 expedientes permanecían bajo análisis y uno ya había sido rechazado. Entre las compañías que aparecen en el registro se encuentran importantes plataformas internacionales como Binance, Coinbase, Kraken, OKX y Bybit, además de empresas brasileñas como Mercado Bitcoin y otras firmas vinculadas con los servicios financieros digitales. La presentación de una solicitud, sin embargo, no significa que una compañía tenga garantizada su autorización definitiva.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva regulación es el endurecimiento de los requisitos patrimoniales. Las normas establecen que las empresas deben acreditar un capital mínimo que varía según los servicios que ofrecen y las características de sus operaciones. Los montos exigidos se ubican entre 10,8 millones y 37,2 millones de reales, dependiendo de si las compañías realizan actividades de intermediación, custodia o negociación de activos virtuales. Las plataformas que desarrollan múltiples servicios pueden enfrentar exigencias superiores, debido a los mayores riesgos financieros y operativos que implica su actividad.
El nuevo esquema forma parte de un marco regulatorio impulsado por el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional, que comenzó a implementarse durante 2026. Las resoluciones establecen requisitos específicos de funcionamiento, controles internos, seguridad informática, transparencia contable y prevención de operaciones ilícitas. El objetivo oficial es reducir los riesgos asociados al lavado de dinero, las estafas financieras y la utilización de criptomonedas para ocultar el origen de fondos. De esta manera, Brasil busca integrar las plataformas de activos digitales a un sistema de supervisión similar al que alcanza a otras instituciones financieras tradicionales.
El endurecimiento de las condiciones también está modificando la estructura del mercado brasileño. Algunas compañías ya anunciaron su salida o la suspensión de determinados servicios ante los costos que implica adaptarse a las nuevas exigencias. Entre ellas aparecen Bitnuvem, NovaDAX, Digitra y Coinext, que dejaron de operar determinados servicios de intercambio para clientes minoristas. Otras empresas optaron por establecer acuerdos con competidores o modificar sus modelos de negocios para continuar participando del mercado. El proceso podría favorecer una mayor concentración de la actividad en las plataformas con mayor capacidad financiera y tecnológica.
La normativa también establece restricciones para las empresas que no iniciaron el procedimiento de autorización. Desde el 6 de noviembre, las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago tienen prohibido facilitar determinadas operaciones con plataformas de criptomonedas que no estén autorizadas ni hayan iniciado el trámite correspondiente. Además, las compañías que no presentaron su solicitud dentro del plazo establecido deberán avanzar con el cierre de sus actividades reguladas antes del 30 de noviembre. Estas disposiciones buscan evitar que empresas sin supervisión continúen operando dentro del sistema financiero formal.
La dimensión del proceso también generó preocupación entre los participantes de la industria. João Paulo Oliveira, fundador de la empresa NoxPay, estimó que aproximadamente la mitad de las 120 compañías podría quedar afuera durante esta primera etapa de revisión. Sin embargo, se trata de una proyección personal y no de una previsión oficial del Banco Central. El organismo todavía no informó cuántas empresas serán rechazadas ni cuánto tiempo demandará completar la evaluación de los expedientes. La revisión de las nuevas solicitudes podría extenderse hasta dos años, lo que anticipa un período prolongado de incertidumbre para el sector.
El caso brasileño refleja un debate que atraviesa a los principales mercados financieros del mundo: cómo regular las criptomonedas sin impedir el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Para las autoridades, exigir capital suficiente, balances auditados y controles estrictos es una condición necesaria para proteger a los usuarios y evitar riesgos sistémicos. Para las empresas más pequeñas, en cambio, los nuevos requisitos representan una barrera económica que podría dejarlas fuera de competencia. El resultado de esta transformación será determinante para el futuro del mercado brasileño de activos digitales y podría convertir al país en uno de los escenarios de mayor regulación y concentración de la industria cripto en América Latina.
Fuente: Ámbito Financiero



