El presidente estadounidense Donald Trump responsabilizó a la administración de Joe Biden por la crisis que obligó a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas. El episodio dejó miles de vuelos cancelados, pasajeros varados y graves complicaciones en los principales aeropuertos. Mientras las autoridades investigan fallas técnicas en el sistema de control aéreo, Trump exigió al Congreso unos 30.100 millones de dólares adicionales para modernizar la infraestructura y evitó asumir responsabilidades por el funcionamiento de un sistema que continúa bajo su administración.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio sobre una de las mayores crisis aeronáuticas de las últimas décadas y responsabilizó directamente al Gobierno de su antecesor, Joe Biden, por el deterioro del sistema de control del tráfico aéreo. A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano calificó de «desastre» la gestión demócrata y aseguró que durante esos años se gastaron enormes cantidades de dinero sin resolver los problemas estructurales de la infraestructura. Sus declaraciones llegaron después de que una suspensión nacional de los despegues paralizara durante más de cuatro horas las operaciones aéreas y provocara un caos en los principales aeropuertos estadounidenses.
La emergencia se produjo el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los despegues en todo el territorio estadounidense debido a graves problemas en los sistemas de comunicación utilizados por los controladores aéreos. La medida fue adoptada por razones de seguridad, ante las dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las operaciones. Durante varias horas, miles de aeronaves quedaron en tierra y numerosos pasajeros permanecieron varados en las terminales aeroportuarias, mientras las compañías intentaban reorganizar sus servicios. La suspensión recordó, por su alcance, a otras interrupciones extraordinarias del tráfico aéreo, como las ocurridas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Las consecuencias fueron de gran magnitud. Según los datos difundidos por las autoridades y los servicios de seguimiento de vuelos, durante el viernes se registraron alrededor de 12.000 cancelaciones, mientras que las complicaciones continuaron durante el sábado y el domingo. Entre las terminales más afectadas estuvieron los aeropuertos O’Hare de Chicago, Hartsfield-Jackson de Atlanta, John F. Kennedy de Nueva York, Dallas-Fort Worth y Boston Logan. La interrupción también alteró los itinerarios internacionales, ya que las aeronaves y sus tripulaciones quedaron fuera de sus posiciones programadas. Aunque la FAA autorizó posteriormente la reanudación de los despegues, la normalización requirió nuevas jornadas de trabajo y reorganización de las operaciones.
Las primeras investigaciones descartaron que el episodio estuviera relacionado con un ciberataque. El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los problemas aparecieron durante trabajos destinados a reemplazar antiguos cables de cobre por conexiones de fibra óptica en la infraestructura de comunicaciones aeronáuticas. Las tareas estaban a cargo de L3Harris, una empresa contratista que presta servicios a la FAA desde hace aproximadamente dos décadas. Según las explicaciones oficiales, una falla durante las tareas de mantenimiento habría provocado una sobrecarga en los equipos de comunicación, afectando la transmisión de información utilizada por los controladores y los sistemas de radar. Las autoridades todavía investigan si hubo errores técnicos, humanos o de instalación.
En medio de la crisis, Trump utilizó el episodio para reclamar una nueva partida de fondos al Congreso estadounidense. El mandatario sostuvo que su administración ya comenzó a trabajar en la modernización del sistema, pero consideró que las inversiones deben realizarse de manera integral y no mediante desembolsos parciales. «Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario para el Control del Tráfico Aéreo, podemos construirlo rápida y eficientemente», escribió. También cuestionó que una parte importante de la infraestructura tenga alrededor de 50 años de antigüedad y prometió convertirla en uno de los sistemas de control aéreo más modernos del mundo. La administración solicitó aproximadamente 30.100 millones de dólares adicionales para acelerar las obras.
Sin embargo, el reclamo de nuevos recursos abrió una discusión política sobre el destino de los fondos públicos y las responsabilidades de las distintas administraciones. Durante el Gobierno de Biden se había aprobado una ley de infraestructura que contemplaba importantes inversiones para aeropuertos, torres de control y sistemas de navegación aérea. Además, el Congreso autorizó durante 2025 una partida de 12.500 millones de dólares para avanzar con la modernización de la FAA. Según los datos publicados por medios estadounidenses, los trabajos financiados con ese desembolso todavía no estaban terminados. La discusión quedó instalada alrededor de la utilización de esos recursos, el ritmo de ejecución de las obras y la necesidad de nuevas inversiones para evitar que vuelvan a producirse interrupciones de semejante magnitud.
La demora de Trump en pronunciarse públicamente también generó cuestionamientos desde la oposición demócrata. El presidente tardó aproximadamente 37 horas en referirse a la emergencia, mientras miles de pasajeros continuaban afectados por las cancelaciones y los retrasos. El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó su silencio y cuestionó que el mandatario no hubiera intervenido públicamente frente a una situación que paralizó una parte fundamental de la infraestructura del país. Desde el Gobierno, el secretario Sean Duffy defendió al Presidente y aseguró que estuvo informado y participó de las discusiones desde el primer momento. La polémica sumó un nuevo capítulo a la confrontación política entre republicanos y demócratas, que se disputan las responsabilidades por el estado de los servicios públicos estadounidenses.
A las complicaciones provocadas por la suspensión nacional se sumó otro incidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde dos aviones protagonizaron una colisión en una calle de rodaje. Un Boeing 737 de Copa Airlines, procedente de Ciudad de Panamá, rozó con el extremo de su ala la parte delantera de un Boeing 767 de UPS que se preparaba para despegar rumbo a Bogotá. Dos personas sufrieron heridas leves y fueron atendidas por los equipos de emergencia. La FAA abrió una investigación para determinar las circunstancias del choque y establecer si existieron fallas en los procedimientos de circulación en tierra. El episodio ocurrió mientras el aeropuerto todavía registraba retrasos y cancelaciones vinculados con la crisis aeronáutica nacional.
La crisis volvió a poner en evidencia la fragilidad de una infraestructura estratégica para la economía estadounidense y abrió interrogantes sobre la capacidad del Gobierno de Trump para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales. Más allá de las acusaciones contra Biden, el sistema de control aéreo continúa bajo la responsabilidad de las actuales autoridades, que deberán explicar cómo se produjo una falla capaz de paralizar los despegues en todo el país. La modernización tecnológica, la supervisión de las empresas contratistas y la correcta utilización de los recursos públicos aparecen como cuestiones centrales para evitar nuevos episodios. Mientras tanto, miles de pasajeros y trabajadores del sector aeronáutico quedaron expuestos a las consecuencias de un problema que trascendió la discusión partidaria y puso en primer plano las deficiencias de la infraestructura estadounidense.
Fuente: El Destape

