Vecinos del conurbano reclaman a Milei que restituya la Gendarmería ante el avance del narcotráfico

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Comunidades de distintos barrios bonaerenses exigen al Gobierno nacional que restablezca la presencia de efectivos de Gendarmería y refuerce los operativos de seguridad. Denuncian que el retiro de las fuerzas federales redujo la vigilancia territorial y reclaman mayor intervención de la Policía Federal para combatir las redes delictivas.

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en distintos barrios del conurbano bonaerense. Vecinos y vecinas de diferentes localidades reclamaron al presidente Javier Milei que restituya la presencia de Gendarmería Nacional en las zonas donde anteriormente se desarrollaban tareas de prevención y patrullaje. Las comunidades advierten que el retiro de efectivos federales dejó sectores con menor vigilancia y expresan su preocupación por el avance del narcotráfico y de otras organizaciones criminales. El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional y pone nuevamente en discusión el papel de las fuerzas federales en las políticas de seguridad territorial.

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos está relacionado con la decisión del Ejecutivo nacional de modificar el despliegue de las fuerzas federales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según denuncian las comunidades, la salida de los uniformados redujo la presencia preventiva en barrios donde los operativos cumplían una función disuasiva frente al delito. La preocupación no se limita a la cantidad de efectivos disponibles, sino también a la pérdida de una presencia permanente que, según sostienen, contribuía a mejorar la vigilancia y brindar mayor tranquilidad a las familias. En ese contexto, los habitantes de las zonas afectadas reclaman respuestas concretas de las autoridades nacionales.

El malestar quedó reflejado en las declaraciones de vecinos que cuestionaron la situación que atraviesan sus barrios. “Sacaron la Gendarmería de un día para el otro y nos dejaron a la deriva. El narcotráfico avanza en nuestras esquinas mientras el Gobierno nacional mira para otro lado”, expresaron habitantes afectados por la situación. El testimonio refleja el temor de las comunidades frente a la posibilidad de que las organizaciones vinculadas al narcotráfico amplíen su presencia territorial. Para los vecinos, la ausencia de operativos sostenidos genera una mayor sensación de vulnerabilidad y obliga a las familias a convivir con una preocupación cotidiana por su seguridad.

Entre los principales pedidos se encuentra la restitución de los efectivos de Gendarmería en las calles y la recuperación de los dispositivos de vigilancia en los puntos donde anteriormente se realizaban operativos. Las comunidades solicitan que el Ministerio de Seguridad de la Nación revise las modificaciones implementadas en el despliegue territorial y disponga nuevamente recursos humanos y operativos de prevención. El planteo sostiene que la seguridad barrial requiere una presencia estatal continua y no solamente intervenciones aisladas cuando se producen hechos de gravedad. Desde esa perspectiva, los vecinos consideran que recuperar los patrullajes federales es una medida necesaria para fortalecer la prevención y responder a las demandas de los territorios.

Los reclamos también están vinculados con los cambios en la política de seguridad nacional producidos entre fines de 2023 y comienzos de 2024. Según plantean los habitantes de los barrios afectados, las modificaciones realizadas durante ese período dejaron determinados sectores de la provincia con una menor cobertura de fuerzas federales. La discusión adquiere especial relevancia en el conurbano bonaerense, una región caracterizada por su densidad poblacional y por las dificultades que enfrentan distintos municipios para responder a las demandas de seguridad. En ese escenario, las comunidades reclaman que las decisiones sobre el despliegue de efectivos tengan en cuenta las necesidades concretas de cada barrio y no se limiten a criterios administrativos o presupuestarios.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la necesidad de fortalecer la intervención de la Policía Federal Argentina en las investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Los vecinos consideran que el combate contra las organizaciones criminales requiere una estrategia que combine presencia territorial, investigación y coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. En particular, solicitan que se desarrollen acciones más firmes contra las bandas que operan en la región y que las autoridades nacionales aporten los recursos necesarios para enfrentar delitos complejos. La demanda apunta a que la respuesta estatal no se limite a patrullajes preventivos, sino que también permita investigar las estructuras delictivas y avanzar sobre quienes organizan y sostienen estas actividades.

La situación también reabre el debate sobre las responsabilidades compartidas entre el Gobierno nacional, la administración bonaerense y los municipios. Las comunidades sostienen que los gobiernos locales y la Provincia no pueden afrontar por sí solos todas las demandas vinculadas con el delito complejo y el narcotráfico, especialmente cuando se trata de organizaciones que requieren capacidad de investigación y recursos de alcance federal. Por eso, reclaman una mayor articulación institucional y una política de seguridad que contemple las particularidades de cada territorio. La discusión sobre los recursos disponibles, la distribución de efectivos y la coordinación entre jurisdicciones aparece como un aspecto central para encontrar respuestas sostenidas a los problemas que denuncian los habitantes.

El reclamo de los vecinos del conurbano vuelve a colocar la seguridad ciudadana en el centro de la agenda política nacional y plantea un desafío para la administración de Javier Milei. Las comunidades exigen que el Estado recupere presencia en los barrios, restablezca los operativos de Gendarmería y fortalezca el trabajo de la Policía Federal frente al avance de las redes criminales. Más allá de las diferencias políticas entre Nación, Provincia y municipios, los habitantes reclaman respuestas concretas y políticas coordinadas que permitan mejorar la prevención y combatir el delito. La demanda deja en evidencia que la seguridad no puede abordarse únicamente desde los discursos: requiere planificación, recursos, presencia territorial y una intervención estatal sostenida.

Fuente: El Destape

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