La histórica empresa de transporte de larga distancia formalizó su situación judicial en Misiones, en medio de una profunda crisis que incluye salarios adeudados, servicios paralizados y una fuerte reducción de personal. Según denuncias de los trabajadores, el grupo empresario pasó de tener 1.200 empleados a unos 390 durante 2026.
La crisis del transporte de larga distancia sumó un nuevo capítulo con la apertura del concurso preventivo de acreedores de Crucero del Sur SRL. La presentación judicial formaliza las dificultades financieras de la compañía y abre un proceso para intentar ordenar sus compromisos económicos con los acreedores. La medida llega después de meses de conflictos laborales, reclamos salariales y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones vinculadas al grupo empresario.
El expediente quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Misiones, a cargo de la jueza Gabriela Fernanda Canalis. La causa fue registrada bajo la carátula “N.º 138445/2026 Crucero del Sur SRL s/concurso preventivo”. En el marco del procedimiento, se designó como síndico al Estudio Bortoluzzi Villamayor y Villamayor Nercolini, ante quienes los acreedores deberán presentar sus solicitudes de verificación de créditos en la ciudad de Posadas. La existencia del expediente también figura en los registros públicos de consulta judicial de Misiones.
El proceso judicial se produce en un contexto de fuerte deterioro de la actividad y de un impacto laboral significativo. De acuerdo con las denuncias difundidas por los propios trabajadores, el grupo empresario habría reducido su plantel de aproximadamente 1.200 empleados a unos 390 durante 2026. La diferencia representa alrededor de 800 puestos de trabajo perdidos, una reducción que expone la dimensión del conflicto y la fragilidad de la estructura laboral que sostenía las operaciones.
La situación no involucra únicamente a Crucero del Sur. El grupo empresario también reúne a otras firmas vinculadas al transporte y al turismo, entre ellas Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay. Los trabajadores denunciaron que la crisis se extendió a distintas áreas de la estructura empresarial y que las dificultades para cobrar los salarios derivaron en medidas de fuerza y en la paralización de servicios en diferentes puntos del país.
A los despidos y la reducción de personal se suman los reclamos por salarios adeudados y la falta de certezas sobre la continuidad laboral. Los empleados sostienen que atraviesan una situación de abandono y reclaman respuestas concretas de los responsables de las compañías. La interrupción de las prestaciones también genera preocupación entre los pasajeros y las comunidades que dependen de los servicios de larga distancia para trasladarse entre distintas localidades y provincias.
En medio del conflicto, Julio Koropeski, integrante de la familia propietaria, rechazó que la situación responda a dificultades económicas o a la eliminación de subsidios al transporte. Según su explicación, la paralización de las operaciones estaría vinculada con diferencias internas dentro del directorio. También manifestó que la empresa cumplirá con los compromisos asumidos. Esa interpretación contrasta con los reclamos de los trabajadores, que señalan los salarios impagos, la pérdida de puestos laborales y la falta de respuestas como los principales problemas que atraviesan.
La apertura del concurso preventivo constituye una instancia judicial para reorganizar las deudas de la empresa y establecer un procedimiento para que los acreedores puedan verificar sus créditos. Sin embargo, no significa que la compañía haya quebrado ni garantiza por sí misma que se reanuden los servicios o que se recuperen los puestos de trabajo. El desarrollo del proceso será determinante para conocer cómo se ordenarán las obligaciones económicas y qué posibilidades existen de sostener la actividad.
El caso de Crucero del Sur vuelve a poner en primer plano las consecuencias sociales de la crisis que atraviesa el transporte de pasajeros de larga distancia. Detrás del expediente judicial hay cientos de trabajadores que reclaman cobrar sus salarios y conocer qué ocurrirá con sus empleos, además de usuarios afectados por la interrupción de servicios. Mientras la empresa busca encauzar su situación financiera, la principal preocupación sigue estando puesta en las respuestas laborales y en el futuro de una estructura empresarial que sufrió una drástica reducción de su personal.
Fuente: El Destape

