Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales directivos de la droguería Suizo Argentina, presentaron escritos ante la Justicia en los que rechazaron las acusaciones y cuestionaron las pruebas reunidas. La fiscalía investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, con adjudicaciones por más de $137.000 millones.
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentaron ante la Justicia, pero se negaron a responder preguntas y entregaron escritos en los que rechazaron las acusaciones y reclamaron la nulidad de distintas actuaciones de la investigación.
Los empresarios están señalados por la fiscalía como parte de una presunta estructura que habría intervenido en las compras de medicamentos e insumos de alto costo realizadas por el organismo estatal. La investigación apunta a un posible mecanismo de direccionamiento de contrataciones, acuerdos entre proveedores y sobreprecios.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), atribuyen a Suizo Argentina adjudicaciones por más de $137.000 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Frente a estas acusaciones, los Kovalivker optaron por una estrategia de defensa centrada en cuestionar la investigación, discutir el origen y la validez de las pruebas y negar que exista una intervención personal de su parte en las maniobras denunciadas.
Rechazaron las acusaciones y cuestionaron las pruebas
Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, negó haber integrado o dirigido una asociación ilícita y rechazó haber participado en maniobras de defraudación contra el Estado o negociaciones incompatibles con la función pública.
Su hermano Emmanuel, quien fue vicepresidente de la compañía hasta noviembre de 2025, presentó argumentos similares. Sostuvo que no tuvo intervención en las operaciones comerciales con la ANDIS y que la acusación no identifica decisiones concretas que permitan atribuirle responsabilidad penal.
Uno de los principales cuestionamientos de las defensas es que, según sostienen, la fiscalía pretende responsabilizarlos por los cargos que ocupaban dentro de la empresa, sin demostrar qué órdenes, comunicaciones o decisiones personales habrían tomado para concretar las maniobras investigadas.
También cuestionaron el origen de los audios que dieron impulso público a la causa y solicitaron la nulidad de allanamientos y otras medidas judiciales que, según su planteo, se habrían apoyado en material de procedencia ilícita.
En el caso de Jonathan, además, se pidió levantar la inhibición general de bienes que pesa sobre su patrimonio.
La explicación sobre las reuniones y los mensajes
Los escritos también buscaron responder a algunos de los elementos que aparecen en el expediente.
Sobre las visitas de empresarios y exfuncionarios a domicilios vinculados con los Kovalivker en Nordelta, Jonathan sostuvo que se trataba de encuentros sociales o reuniones con personas del mismo sector comercial, y que esas visitas no prueban por sí mismas la existencia de actividades delictivas.
Emmanuel, por su parte, intentó despegarse de los intercambios telefónicos con Pablo Atchabahian, señalado por los investigadores como un posible nexo entre la droguería y funcionarios de la ANDIS.
En una de esas conversaciones, el empresario había definido a Atchabahian como un “gran soldado” de la compañía. En su descargo, sostuvo que esos mensajes correspondían a un proyecto logístico privado de 2023, anterior al período central de la investigación, y que no estaban relacionados con las compras del organismo.
También negó haber intervenido en la fijación de precios, las cotizaciones o las ventas a organismos públicos.
La acusación fiscal: compras direccionadas y adjudicaciones millonarias
La postura de los empresarios contrasta con la hipótesis que sostiene la fiscalía. Según el dictamen de Picardi y Rodríguez, Suizo Argentina habría tenido un papel central en el funcionamiento de un presunto esquema de corrupción dentro de la ANDIS.
Los investigadores sostienen que la droguería no se habría limitado a participar como proveedora, sino que habría intervenido en la definición de precios, la coordinación de ofertas y el resultado de distintas compulsas para la compra de medicamentos de alto costo destinados al Programa Federal Incluir Salud.
La acusación fiscal describe un mecanismo en el que distintas empresas habrían simulado competir, mientras se coordinaban las cotizaciones para favorecer determinadas adjudicaciones.
En ese contexto, los fiscales atribuyen a Suizo Argentina operaciones por $137.118 millones durante el período investigado, entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Uno de los elementos mencionados en el expediente son los intercambios internos de la empresa sobre la cotización de medicamentos. La fiscalía sostiene que esos mensajes permiten reconstruir cómo se definían los precios y se organizaban las ofertas.
Los investigadores también apuntan a la participación de otras empresas y a la existencia de presuntos acuerdos para distribuir adjudicaciones y sostener una apariencia de competencia.
Una causa que sigue bajo investigación
La presentación de los hermanos Kovalivker no significa que la investigación haya terminado ni que sus planteos hayan sido aceptados por la Justicia. Se trata de argumentos de sus defensas que deberán ser evaluados por el juzgado junto con las pruebas y los planteos de la fiscalía.
El juez federal Ariel Lijo deberá resolver la situación procesal de los empresarios: podrá dictar su procesamiento, sobreseerlos o disponer la falta de mérito, según la valoración de los elementos reunidos.
El expediente sigue poniendo bajo la lupa el funcionamiento de las compras de medicamentos de la ANDIS y los vínculos entre funcionarios públicos y proveedores privados.
En el centro de la discusión está una pregunta clave: si, como sostiene la fiscalía, existió una estructura que manipuló contrataciones y precios con recursos destinados a la atención de personas con discapacidad, o si, como argumentan los empresarios, la acusación no logra demostrar una participación individual de los directivos de Suizo Argentina.
Mientras la Justicia analiza las pruebas y las defensas, el caso continúa siendo uno de los expedientes de presunta corrupción más relevantes vinculados con un organismo del Gobierno nacional.
