El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno evalúa iniciar acciones penales contra responsables de Rockhopper y Navitas por el proyecto petrolero Sea Lion. La Argentina también pidió ante un tribunal internacional que se suspenda la explotación de hidrocarburos en el archipiélago.
El Gobierno nacional endureció su posición frente a las empresas que participan del proyecto de explotación petrolera Sea Lion, en las Islas Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió que la Argentina podría iniciar acciones penales contra los directivos de las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, involucradas en el emprendimiento.
“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, afirmó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar judicialmente contra personas físicas, el funcionario respondió: “Absolutamente, sí, absolutamente”.
La advertencia se suma a las medidas que el Gobierno ya impulsó contra las empresas por sus actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido. En septiembre, la administración de Javier Milei anunció una denuncia penal contra distintas sociedades vinculadas a Navitas y otros participantes del sector. <Cite refs={[“turn619303search0″,”turn619303search1”]}/>
El proyecto petrolero que vuelve a tensar la disputa por Malvinas
El conflicto gira alrededor de Sea Lion, un proyecto de explotación de petróleo offshore ubicado al norte de las Islas Malvinas, en el que participan Rockhopper y Navitas.
La Argentina considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas y sostiene que la explotación de esos recursos vulnera sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
Según explicó Quirno, el inicio de la explotación está previsto para el primer trimestre de 2027. Por eso, el Gobierno busca frenar el avance del proyecto antes de que comience la extracción.
El reclamo argentino ante un tribunal internacional
En paralelo a las advertencias judiciales contra las petroleras, la Argentina presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
El objetivo es conseguir la suspensión de las actividades vinculadas a Sea Lion mientras se tramita la controversia. Quirno aclaró que la presentación no busca que ese organismo resuelva la cuestión de soberanía sobre las islas, sino que intervenga específicamente sobre la explotación de los recursos naturales.
El canciller también sostuvo que espera que el Reino Unido acate un eventual fallo favorable a la posición argentina, al considerar que ambos países forman parte de los acuerdos internacionales que regulan este tipo de controversias.
Sin embargo, la posición británica es diferente: el Reino Unido rechaza que la Argentina tenga jurisdicción sobre las actividades autorizadas en las islas y cuestiona la competencia del tribunal para intervenir en el conflicto.
La disputa también alcanza a la conexión marítima con Chile
Durante la entrevista, Quirno se refirió además a una posible reactivación de la conexión marítima entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas.
El funcionario explicó que la legislación argentina contempla la libre circulación de embarcaciones, pero establece permisos específicos para los buques que transporten carga hacia y desde el archipiélago.
El Gobierno espera que las empresas involucradas respeten esas disposiciones y que Chile mantenga su respaldo al reclamo argentino de soberanía.
La advertencia contra los directivos de las petroleras abre otro capítulo de la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur. La estrategia oficial combina denuncias penales, medidas diplomáticas y presentaciones ante organismos internacionales para intentar impedir que avance la explotación petrolera en las aguas próximas a Malvinas.
