El expresidente paraguayo fue evacuado de su domicilio en Asunción durante la madrugada del sábado, en medio de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Peña había quedado detenido por orden de la Fiscalía luego de ser destituido por el Senado, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank. El nuevo mandatario, Pedro Alliana, asumió la conducción del país mientras avanzan las actuaciones judiciales.
Paraguay atraviesa una de las crisis políticas e institucionales más importantes de los últimos años. Santiago Peña, quien ejerció la Presidencia desde agosto de 2023, fue trasladado de urgencia desde su residencia particular en el barrio Santísima Trinidad, en Asunción, hacia las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial (REP). El operativo se realizó durante la madrugada de este sábado, luego de que cientos de manifestantes se concentraran frente a su vivienda para reclamar que cumpliera su detención en una cárcel común. La tensión aumentó cuando los efectivos policiales tuvieron dificultades para contener a la multitud y garantizar la seguridad del inmueble.
El traslado se produjo después de que el Senado paraguayo aprobara la destitución de Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión fue respaldada por los 44 senadores presentes, luego de una jornada de fuerte confrontación política. El exmandatario había presentado previamente su renuncia, pero el Congreso no llegó a tratarla y el proceso de destitución continuó hasta su resolución. Con la salida de Peña, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia y quedó a cargo de completar el mandato hasta agosto de 2028. La destitución también le impidió acceder a la condición de senador vitalicio que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes que no hayan sido encontrados culpables en un juicio político.
La detención de Peña fue ordenada por la Fiscalía pocos minutos después de que se concretara su destitución parlamentaria. Inicialmente, la medida estableció el arresto domiciliario hasta que el exmandatario fuera puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Sin embargo, las protestas frente a su vivienda modificaron el escenario y las autoridades de seguridad dispusieron su traslado al Regimiento Escolta Presidencial. Durante el operativo, varias camionetas abandonaron la residencia bajo una fuerte custodia policial, mientras los manifestantes arrojaban objetos contra los vehículos y reclamaban que el exjefe de Estado fuera llevado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Según los reportes periodísticos, la Policía utilizó balas de goma para dispersar a quienes participaban de las protestas.
El principal detonante de la crisis es el escándalo financiero vinculado a Ueno Bank, una entidad bancaria que quedó bajo intervención del Banco Central del Paraguay después de que se detectaran problemas graves en sus indicadores de solvencia. La situación generó preocupación entre millones de clientes y ahorristas, que denunciaron dificultades para acceder a sus fondos. La entidad tenía alrededor de 2,9 millones de usuarios y su crisis provocó una fuerte conmoción en el sistema financiero paraguayo. El conflicto adquirió rápidamente una dimensión política debido a los vínculos financieros que Peña habría mantenido con el grupo empresario relacionado con el banco y a las decisiones adoptadas durante su gestión respecto de los recursos públicos depositados en esa institución.
La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en las operaciones financieras y si el entonces presidente utilizó su posición institucional para favorecer intereses vinculados con la entidad bancaria. Entre los aspectos bajo investigación aparecen su participación accionaria en el grupo relacionado con Ueno, la colocación de fondos de organismos públicos y previsionales en la entidad y posibles intervenciones sobre las decisiones de los organismos reguladores. La Fiscalía también investiga presuntos delitos de lesión de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias e infracciones informáticas. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas en el proceso judicial y cuya responsabilidad penal todavía debe determinarse. Peña, por su parte, negó haber cometido irregularidades y sostuvo que los problemas del banco correspondían a una cuestión regulatoria.
La crisis también alcanzó a otras figuras importantes del sistema financiero paraguayo. Entre ellas se encuentra Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien también quedó involucrado en las actuaciones judiciales. La investigación apunta a establecer si existieron omisiones en los controles regulatorios y responsabilidades en la colocación de fondos públicos dentro de la entidad financiera. Las autoridades buscan determinar cómo se desarrollaron las operaciones que precedieron al colapso de Ueno Bank y qué responsabilidades correspondieron a los funcionarios y directivos involucrados. De acuerdo con los reportes de Reuters, la Fiscalía avanzó con cargos contra Peña y Carvallo y solicitó medidas de detención preventiva para ambos, en el marco de las respectivas investigaciones.
En las calles, el conflicto financiero se transformó en una protesta social contra la dirigencia política y las autoridades responsables de supervisar el funcionamiento del sistema bancario. Ahorristas afectados y vecinos se concentraron frente a la vivienda del exmandatario para exigir explicaciones y reclamar que se garantice la recuperación de los fondos comprometidos. La situación generó escenas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y volvió a poner en discusión la confianza ciudadana en las instituciones. El nuevo presidente, Pedro Alliana, asumió en medio de este escenario y prometió atender la situación de los ahorristas afectados. Mientras tanto, el Banco Central informó sobre los mecanismos de garantía y los pagos realizados a clientes alcanzados por la crisis financiera.
La caída de Santiago Peña abre un nuevo capítulo en la historia política paraguaya y deja interrogantes sobre el futuro institucional, económico y financiero del país. La destitución mediante juicio político, la investigación penal contra el expresidente, las protestas populares y la intervención sobre una entidad bancaria con millones de usuarios conforman un escenario de alta complejidad. El desafío para el nuevo gobierno será recuperar la confianza en las instituciones, esclarecer las responsabilidades por el caso Ueno Bank y ofrecer respuestas a quienes todavía esperan recuperar sus ahorros. Mientras avanzan las investigaciones, Paraguay enfrenta una crisis que excede la salida de un presidente y pone bajo examen los vínculos entre el poder político, el sistema financiero y el manejo de los recursos públicos.
Con ayuda de La Nueva Mañana
