El Gobierno argentino presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar detener el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en la Cuenca Malvinas Norte. La disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur suma así un nuevo capítulo jurídico y diplomático, mientras Londres rechaza el reclamo argentino y sostiene que las operaciones son legítimas.
La controversia por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de sus recursos naturales ingresó en una nueva instancia internacional. El Gobierno de Javier Milei confirmó que avanzó con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para solicitar medidas provisionales que frenen las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa busca impedir que continúe el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas en una zona marítima cuya soberanía reclama la Argentina.
La decisión se enmarca en el procedimiento de arbitraje iniciado por la administración nacional el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En aquella oportunidad, la Cancillería intimó formalmente al Reino Unido a detener las actividades relacionadas con el emprendimiento y le otorgó un plazo de dos semanas. Ante la falta de una respuesta favorable a ese requerimiento, la Argentina avanzó con el pedido de intervención del Tribunal del Mar.
El proyecto Sea Lion es desarrollado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y contempla la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. La iniciativa tiene como objetivo avanzar hacia la producción comercial de hidrocarburos, con una extracción prevista para los próximos años. Para el Gobierno argentino, las actividades autorizadas unilateralmente por las autoridades británicas afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y contradicen las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambas partes a resolver pacíficamente la disputa.
La presentación argentina ante el Tribunal del Mar no constituye todavía una sentencia sobre la soberanía ni una orden definitiva de paralización del proyecto. Se trata de un pedido de medidas provisionales, una herramienta jurídica destinada a preservar los derechos invocados por una de las partes mientras se desarrolla el procedimiento arbitral. El Tribunal deberá analizar los argumentos presentados y escuchar las posiciones enfrentadas antes de resolver. La diferencia es importante: el reclamo argentino busca una intervención judicial internacional, pero su resultado todavía está pendiente.
La controversia ya tiene fecha de debate ante los magistrados. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar programó audiencias públicas para los días 10 y 11 de noviembre de 2026, en el marco del expediente denominado Argentina contra Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental. El organismo también informó sobre la intervención de un juez ad hoc, que prestará declaración solemne el 9 de noviembre. Estas instancias serán centrales para conocer los fundamentos jurídicos de ambos países y los argumentos sobre la procedencia de las medidas solicitadas.
Desde Londres rechazaron la iniciativa argentina y defendieron la continuidad de las actividades petroleras. La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que las operaciones cuentan con respaldo legal y vinculó el reclamo argentino con un intento de cuestionar los derechos de los habitantes de las islas. El Gobierno británico también advirtió sobre posibles consecuencias para la relación bilateral. De esta manera, la disputa no se limita al expediente judicial: también profundiza las diferencias diplomáticas entre Buenos Aires y Londres.
La cuestión tiene como marco las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, especialmente la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. También está presente la Resolución 31/49, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por la ONU. La Argentina sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área disputada contradice ese marco internacional.
El conflicto por Sea Lion vuelve a colocar en primer plano una dimensión estratégica de la cuestión Malvinas: el control de los recursos naturales y de los espacios marítimos del Atlántico Sur. La decisión de recurrir a un tribunal internacional abre una instancia de discusión jurídica cuyo resultado aún no está definido. Mientras la Argentina busca preservar los derechos que reivindica sobre su plataforma continental, el Reino Unido sostiene una posición opuesta y defiende las licencias otorgadas para la explotación. Las audiencias de noviembre serán un nuevo capítulo de una disputa histórica que continúa sin solución diplomática definitiva.
Fuente: Noticias Argentinas
