El sospechoso, de 27 años, fue localizado en barrio Villa Boedo tras una investigación por mensajes intimidatorios enviados a una cuenta oficial de la Policía. La amenaza incluía advertencias directas contra el funcionario y una fotografía con armas de fuego. Durante el operativo también hubo decenas de detenidos y vehículos secuestrados.
La Policía de Córdoba detuvo al hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. El procedimiento se realizó durante la noche del jueves en barrio Villa Boedo, en la ciudad de Córdoba, y contó con la presencia del propio funcionario, quien supervisó el despliegue junto con las principales autoridades de la fuerza. La detención se produjo dos días después de que se detectara el mensaje intimidatorio enviado a una de las cuentas oficiales de la Policía provincial.
La amenaza había llegado el miércoles 4 de noviembre mediante un mensaje privado que contenía insultos y advertencias explícitas contra Quinteros. El remitente hacía referencia a una posible visita del ministro a Villa Boedo y le advertía que no ingresara al barrio porque lo estaban esperando. La comunicación estaba acompañada por una fotografía en la que se exhibían fusiles, subfusiles, pistolas, cargadores y otros elementos vinculados con armas de fuego. El contenido fue considerado de gravedad y motivó la intervención inmediata de la Justicia.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen, conducida por el fiscal Franco Pilnik. A partir del análisis de la cuenta desde la que se realizó el envío y de las tareas de investigación digital, los investigadores avanzaron en la identificación del presunto responsable y en la localización del domicilio. Durante el procedimiento se secuestró el teléfono celular que habría sido utilizado para enviar las amenazas. El dispositivo será sometido a peritajes para establecer su vinculación con la cuenta y con el mensaje investigado.
De acuerdo con la información difundida por medios cordobeses, el detenido tiene 27 años y registra antecedentes penales, entre ellos por robo calificado con arma de fuego. La causa fue caratulada como amenazas calificadas. También trascendió que el acusado presenta determinadas condiciones de salud, por lo que su traslado a la Unidad de Contención del Aprehendido quedó sujeto a las evaluaciones médicas correspondientes. Su situación procesal deberá definirse en el marco de la investigación judicial, que buscará determinar su responsabilidad en el hecho.
Tras el operativo, Quinteros confirmó la detención a través de sus redes sociales y sostuvo que las intimidaciones no modificarán la presencia de las fuerzas de seguridad en los barrios. “Ningún delincuente nos va a decir a qué barrio podemos entrar”, expresó. El ministro también afirmó que amenazar a un funcionario de Seguridad implica intentar condicionar la autoridad del Estado y respaldó el trabajo de los efectivos que participaron del procedimiento. En ese sentido, aseguró que continuará acompañando los despliegues territoriales y que las amenazas no van a determinar dónde puede desarrollar sus actividades.
El operativo en Villa Boedo tuvo además un resultado más amplio: según informó la Agencia Noticias Argentinas, culminó con la detención de otras personas vinculadas a distintos delitos y contravenciones. En total, se informó sobre 56 personas detenidas, además del secuestro de 33 motocicletas y cinco automóviles. El despliegue incluyó controles vehiculares y de personas en distintos sectores del barrio y zonas aledañas, con participación de autoridades de la Policía provincial y personal de diferentes áreas operativas.
El episodio había generado preocupación por el contenido de la amenaza y por la exhibición de armamento en la fotografía enviada al organismo policial. Sin embargo, los investigadores deberán establecer con precisión la procedencia de esas imágenes y si las armas que aparecen en ellas guardan alguna relación con el detenido. El secuestro del teléfono constituye un elemento importante para avanzar en esa tarea, aunque serán las pericias y las pruebas incorporadas al expediente las que permitirán determinar el alcance de la participación del sospechoso.
La detención representa un avance en la investigación, pero también vuelve a poner en discusión la violencia y las intimidaciones que atraviesan el escenario de la seguridad pública. La amenaza contra Quinteros no puede quedar reducida a una disputa personal: involucra el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio de la autoridad estatal en el territorio. Ahora será la Justicia la que deberá esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y determinar si existen otras personas involucradas en el envío de los mensajes intimidatorios.
Fuente: Noticias Argentinas
