Después de más de seis años, comenzó el juicio oral y público contra diez efectivos de la Policía del Chaco acusados de ejercer violencia física y psicológica contra cuatro jóvenes de la comunidad Qom en la localidad de Fontana. Los hechos ocurrieron en mayo de 2020 e incluyen denuncias por allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, agresiones y discriminación racial. Amnistía Internacional acompaña el proceso judicial y reclama que se garantice justicia para las víctimas.
El juicio oral y público contra diez efectivos de la Policía del Chaco comenzó el 5 de octubre de 2026 en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El proceso busca determinar las responsabilidades de los agentes acusados de protagonizar graves hechos de violencia institucional contra cuatro jóvenes de la comunidad indígena Qom en la localidad de Fontana. Las audiencias se desarrollan durante octubre y noviembre, con fechas previstas hasta el 12 de noviembre. La causa representa un avance judicial esperado durante más de seis años por las víctimas y sus familias.
Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de Fontana. Según la acusación, efectivos policiales ingresaron violentamente y sin orden judicial a tres viviendas, donde detuvieron a cuatro jóvenes mediante forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y amenazas con armas de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Celeste Daiana Fernández, Cristian Rodolfo Fernández, Alejandro Delio Saravia y Rebeca Griselda Garay, quien era menor de edad al momento del episodio.
De acuerdo con las denuncias incorporadas a la investigación, las agresiones no terminaron con las detenciones. Los jóvenes sostuvieron que fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Fontana, donde continuaron los golpes, las amenazas y los malos tratos. También denunciaron insultos racistas y expresiones discriminatorias relacionadas con su pertenencia a la comunidad Qom. Parte de los episodios habría quedado registrada por las cámaras de seguridad de la dependencia policial, material que forma parte de los elementos considerados en la investigación judicial.
La causa contempla diferentes responsabilidades penales para los diez efectivos involucrados. Las imputaciones incluyen vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada, detención ilegal y encubrimiento agravado, según la participación que se atribuye a cada uno. El tribunal está integrado por los jueces Dolly Fernández, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, mientras que la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. Los policías llegan al juicio bajo el principio de inocencia y será la Justicia la que determine las responsabilidades correspondientes.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el acompañamiento de Amnistía Internacional Argentina, que se presentó como amicus curiae en 2022. Esta figura permite que organizaciones especializadas aporten argumentos jurídicos y consideraciones vinculadas con los derechos humanos en un proceso judicial. La entidad sostiene que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los hechos de tortura y violencia institucional. También reclama que se investigue si existió un componente de discriminación racial en las agresiones denunciadas por los jóvenes.
Las consecuencias de los hechos también quedaron reflejadas en las evaluaciones psicológicas realizadas a las víctimas. Según informó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, las pericias efectuadas por la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial del Chaco detectaron síntomas de estrés postraumático en los cuatro jóvenes. Los profesionales recomendaron tratamientos psicológicos para abordar las consecuencias emocionales derivadas de las situaciones de violencia denunciadas. La organización también realizó una misión en Fontana durante 2021 para documentar los testimonios y acompañar a las familias afectadas.
Otro punto que generó preocupación está relacionado con la situación laboral de los efectivos acusados. Según explicó Garone en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, de los diez policías imputados solamente dos dejaron de cumplir funciones dentro de la fuerza provincial. Los otros ocho continuaban integrando la Policía del Chaco. Esta situación fue señalada por la organización como un aspecto que merece atención institucional, especialmente mientras se desarrolla un proceso judicial por presuntos hechos de violencia cometidos durante un procedimiento policial.
El caso también tiene antecedentes de preocupación por parte de organismos internacionales. En junio de 2020, representantes de Naciones Unidas en Argentina manifestaron su rechazo a los hechos denunciados y recordaron que los procedimientos policiales deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, advirtieron sobre la necesidad de investigar el posible componente de discriminación racial, teniendo en cuenta la histórica situación de vulnerabilidad y marginación que atraviesan los pueblos originarios. Para las organizaciones de derechos humanos, el proceso judicial debe contemplar tanto las responsabilidades individuales como el contexto de violencia y discriminación denunciado.
A más de seis años de los acontecimientos, el desarrollo del juicio representa una instancia fundamental para las víctimas, sus familias y la comunidad Qom. La expectativa está puesta en que las audiencias permitan reconstruir lo sucedido, analizar las pruebas y establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados. Desde Amnistía Internacional remarcaron que la justicia y la reparación son fundamentales para evitar que hechos de violencia institucional queden impunes. El resultado del proceso también será relevante para fortalecer las garantías de protección de los pueblos indígenas frente a posibles abusos de las fuerzas de seguridad.
FUENTE: Infonews
