La intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras de Paraguay, desató una crisis económica y política que golpea al gobierno de Santiago Peña. Un grupo de 35 legisladores opositores presentó formalmente un pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente Pedro Alliana. Los cuestionamientos apuntan a los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el grupo propietario del banco, la exposición de fondos públicos y previsionales y las posibles responsabilidades del Gobierno en el colapso de la entidad.
Paraguay atraviesa una importante crisis financiera e institucional luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención de Ueno Bank, una de las entidades bancarias más importantes del país. La medida fue adoptada el martes 3 de noviembre, después de que los organismos de control detectaran una grave insuficiencia de capital y un deterioro de los indicadores de solvencia. La decisión provocó la suspensión de las operaciones de la entidad, dejando a millones de clientes sin acceso a sus cuentas bancarias, tarjetas y servicios digitales. El episodio generó preocupación en todo el sistema financiero y abrió un conflicto político que ahora alcanza directamente al presidente Santiago Peña.
La dimensión del problema quedó reflejada en la cantidad de personas y organismos afectados. Ueno Bank contaba con aproximadamente tres millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes. Además, la entidad concentraba alrededor de 850 millones de dólares en depósitos de organismos públicos. Uno de los casos que mayor preocupación genera es el del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar los fondos jubilatorios paraguayos, que tenía aproximadamente 355 millones de dólares invertidos en el banco. La situación despertó interrogantes sobre la seguridad de los recursos previsionales y los mecanismos de supervisión utilizados por las autoridades financieras.
En este contexto, 35 diputados opositores presentaron formalmente un pedido de juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Los legisladores fundamentaron la iniciativa en el supuesto mal desempeño de sus funciones y en posibles responsabilidades políticas vinculadas con la crisis bancaria. Entre los principales cuestionamientos aparece la relación empresarial que Peña mantuvo con Grupo Vázquez, conglomerado que controla Ueno Bank. El mandatario tuvo participación accionaria en ese grupo hasta marzo de 2025, cuando se desprendió de esos activos. Para los impulsores de la acusación, esa vinculación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y decisiones adoptadas durante su gestión.
Los cuestionamientos también apuntan a las decisiones vinculadas con la regulación y supervisión del sistema financiero. Los legisladores opositores sostienen que deben investigarse los vínculos entre las autoridades del Banco Central y el grupo empresario propietario de Ueno Bank. En particular, mencionan la designación de Carlos Carvallo, quien había tenido responsabilidades directivas en el ámbito financiero vinculado al grupo, al frente del organismo monetario. También cuestionan modificaciones legislativas relacionadas con los conflictos de intereses y la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social en la entidad intervenida. Estas acusaciones forman parte del planteo político y deberán ser evaluadas por las instituciones correspondientes.
La crisis también provocó una reacción social en las calles de Asunción. Desde el martes por la noche, cientos de personas se movilizaron frente a distintas dependencias y sucursales bancarias para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir explicaciones a las autoridades. Entre los afectados hay trabajadores, jubilados, comerciantes y ciudadanos que utilizaban Ueno Bank para administrar sus ingresos y realizar operaciones cotidianas. La suspensión de los servicios financieros generó incertidumbre sobre los plazos y mecanismos para recuperar los depósitos. Frente a este escenario, el Gobierno anunció medidas vinculadas con el fondo de garantía de depósitos para facilitar la devolución de una parte de los ahorros alcanzados por la intervención.
Otro de los efectos institucionales de la crisis fue la renuncia anunciada por Carlos Carvallo a la presidencia del Banco Central del Paraguay. El funcionario confirmó que había presentado su dimisión, aunque señaló que los acontecimientos posteriores a la intervención exigían su permanencia transitoria en el organismo. Paralelamente, las investigaciones avanzaron sobre directivos y ejecutivos de Ueno Bank, mientras la Justicia dispuso medidas para investigar posibles irregularidades financieras. La situación puso bajo discusión el funcionamiento de los organismos de control y la capacidad de las autoridades para anticipar problemas de solvencia en entidades que administran importantes volúmenes de recursos privados y públicos.
Desde el punto de vista parlamentario, el pedido de juicio político deberá atravesar un procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Para que la acusación avance desde Diputados se necesitan dos tercios de los votos, equivalentes a 53 legisladores sobre un total de 80. Si supera esa instancia, el Senado deberá actuar como tribunal político y necesitará 30 votos sobre sus 45 integrantes para declarar la responsabilidad y disponer una eventual destitución. Por lo tanto, las 35 firmas reunidas por la oposición permiten formalizar la presentación, pero todavía no garantizan que el proceso consiga los respaldos necesarios para avanzar.
La crisis de Ueno Bank se convirtió así en uno de los principales desafíos políticos para el gobierno de Santiago Peña. El conflicto combina dificultades financieras, cuestionamientos sobre el manejo de fondos previsionales, posibles conflictos de intereses y una creciente presión social para recuperar los ahorros afectados. Mientras el oficialismo debe definir su posición frente al pedido de juicio político, la oposición busca ampliar sus apoyos dentro del Congreso y avanzar con las investigaciones sobre las responsabilidades institucionales. El desenlace no solamente tendrá consecuencias sobre la continuidad política del actual Gobierno, sino también sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario y en los organismos encargados de proteger los recursos públicos.
Fuente: CBA24N
