La CTERA convocó para este jueves 29 de octubre una jornada nacional de duelo, paro y movilización tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. La UEPC y el SADOP de Córdoba adhirieron a la medida. Los gremios exigen una investigación transparente, el esclarecimiento del crimen y garantías de seguridad para quienes trabajan en el sistema educativo.
El femicidio de Nancy Estela Godoy conmocionó a la comunidad educativa y provocó una respuesta sindical en todo el país. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a una jornada nacional de duelo, paro docente, movilizaciones y actividades públicas para exigir justicia por la maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes después de más de tres semanas de búsqueda. La medida busca acompañar a su familia y a sus compañeros de trabajo, reclamar que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y visibilizar las condiciones en las que desarrollaba su tarea. En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunciaron su adhesión.
La convocatoria de CTERA se conoció después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. La docente había sido vista por última vez el 7 de octubre y su desaparición dio lugar a un operativo de búsqueda que se extendió durante semanas. El desenlace provocó una profunda conmoción entre familiares, colegas y organizaciones sindicales, que venían reclamando respuestas desde el inicio de la investigación. En su pronunciamiento, CTERA expresó su acompañamiento a la familia, a la comunidad educativa y al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), que había impulsado reclamos para esclarecer lo sucedido.
En Córdoba, la adhesión de la UEPC incorpora a los docentes de la provincia a la jornada nacional de protesta. El gremio informó que acompañará la convocatoria de CTERA, que contempla el cese de actividades y distintas acciones públicas en reclamo de justicia. También adhirió SADOP, la organización que representa a los docentes de establecimientos privados. Ante la posibilidad de que la medida afecte el dictado de clases, el secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, recomendó a las familias comunicarse con cada institución por los canales habituales para confirmar si habrá actividad escolar. La adhesión sindical no significa necesariamente que todas las escuelas tengan idéntica situación: el funcionamiento de cada establecimiento dependerá del alcance efectivo de la medida entre sus trabajadores.
El reclamo gremial no se limita al esclarecimiento del crimen. CTERA exigió una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” y reclamó que se determinen todas las responsabilidades. La confederación también puso el foco en las condiciones de trabajo de quienes sostienen la educación pública, al advertir que ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debería desarrollar sus tareas sin protección. En su comunicado, señaló que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y los recursos necesarios para sostener el sistema educativo en todo el territorio nacional. La muerte de Godoy volvió a exponer las dificultades que enfrentan docentes que trabajan en zonas rurales aisladas, donde las distancias, la falta de infraestructura y la escasez de servicios pueden convertir el acceso a la escuela en una tarea especialmente exigente.
Las condiciones en las que Godoy trabajaba forman parte de las preguntas que rodean el caso. Según la información publicada por medios nacionales, la docente viajaba desde su vivienda en la ciudad de Esquina hasta la estancia El Curupí, un trayecto de aproximadamente 18 kilómetros. Desde allí debía continuar a caballo durante dos o tres horas para llegar a la escuela de El Malezal, donde asistían ocho alumnos. La distancia y las dificultades de acceso eran parte de su rutina para garantizar la continuidad educativa de los niños de la zona. El caso pone en discusión una realidad que suele quedar fuera de los debates generales sobre educación: el trabajo docente en áreas rurales requiere condiciones materiales, infraestructura y mecanismos de protección adecuados, especialmente cuando las instituciones están alejadas de los centros urbanos.
Además, Godoy había advertido previamente sobre el estado del establecimiento. De acuerdo con los reportes periodísticos, en agosto elevó un planteo ante el Consejo General de Educación de Corrientes en el que describió problemas edilicios y de higiene, entre ellos bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos, libros mojados y acumulación de basura. También denunció la falta de agua potable. Las condiciones eran tales que no podía permanecer a dormir en la escuela y debía alojarse en una vivienda cercana. Estos antecedentes forman parte del contexto laboral de la docente y alimentan el reclamo sindical por mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, cualquier eventual relación entre esas denuncias y el crimen debe ser establecida por la investigación judicial, sin anticipar conclusiones que todavía no estén acreditadas.
La causa judicial tiene cinco personas detenidas, según la información publicada el 29 de octubre. Entre ellas se encuentra Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia, señalado como principal sospechoso e imputado como presunto autor del femicidio. También fueron detenidas otras personas del entorno rural, con distintas imputaciones vinculadas con el homicidio, el presunto encubrimiento o el falso testimonio. La investigación busca reconstruir los últimos movimientos de Godoy, establecer las circunstancias de su muerte y determinar la eventual participación de cada persona involucrada. Las imputaciones y detenciones forman parte del proceso judicial y no equivalen a una condena: corresponde a la Justicia reunir las pruebas y determinar las responsabilidades penales. Los gremios reclamaron que el expediente avance con celeridad, transparencia y perspectiva de género.
La jornada nacional de duelo y paro busca transformar el dolor por la muerte de Nancy Godoy en una exigencia colectiva de justicia y protección. Las organizaciones docentes anunciaron movilizaciones, conferencias de prensa, radios abiertas y otras actividades en distintos puntos del país, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se convocó a una concentración frente a la Casa de la Provincia de Corrientes. La medida también pretende visibilizar que garantizar el derecho a la educación supone proteger a quienes lo hacen posible todos los días. El reclamo por Nancy se suma a una discusión más amplia sobre la seguridad laboral, la infraestructura escolar y la responsabilidad estatal frente a quienes trabajan en lugares alejados y con recursos insuficientes. En Córdoba, la adhesión de UEPC y SADOP llevará esa demanda al ámbito educativo provincial: justicia por Nancy Godoy y garantías para que ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación deba desempeñar sus tareas sin condiciones adecuadas de seguridad.
Fuente: CTERA
