El Gobierno nacional oficializó una actualización del 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir en noviembre. El bono para quienes cobran los haberes más bajos seguirá en $70.000, el mismo monto que se mantiene desde marzo de 2024. Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima llegará a $514.158,93, frente a una canasta mensual estimada en más de $2 millones para las personas mayores.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones, pero la actualización vuelve a poner en discusión la distancia entre los ingresos previsionales y el costo de vida. A través de las resoluciones 303 y 304 de 2026, publicadas en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un incremento del 1,93% para noviembre. Al mismo tiempo, confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos. El anuncio combina una actualización mensual vinculada con la inflación con un refuerzo que permanece congelado desde marzo de 2024, una decisión que condiciona el ingreso total de jubilados y pensionados que dependen de esa asistencia para afrontar sus gastos cotidianos.
Con la actualización, el haber mínimo garantizado quedará establecido en $444.158,46, mientras que el máximo alcanzará los $2.988.765,82. Para quienes reciben el bono completo, el ingreso mensual llegará a $514.158,93. Aunque el aumento se aplica de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente, el resultado concreto depende de la base sobre la que se calcula y de la evolución de los precios que enfrentan los adultos mayores. El porcentaje anunciado no representa una recomposición extraordinaria ni una recuperación automática del poder adquisitivo perdido: es una actualización mensual que debe analizarse junto con los gastos de alimentación, vivienda, medicamentos, servicios y transporte que forman parte del presupuesto de las personas jubiladas.
Uno de los puntos más cuestionados es la continuidad del bono en $70.000. El refuerzo se mantiene sin cambios desde marzo de 2024, pese a que los precios siguieron aumentando durante ese período. Según el análisis publicado por La Nueva Mañana, si el adicional se hubiera actualizado de acuerdo con la inflación acumulada, debería superar los $200.000. La diferencia importa porque el bono representa una proporción significativa del ingreso de quienes cobran la jubilación mínima. Cuando el haber principal aumenta mediante la movilidad, pero el complemento permanece fijo, el refuerzo pierde peso dentro del ingreso total y deja de acompañar en la misma medida la evolución del costo de vida.
La distancia entre los haberes y los gastos mensuales aparece con mayor claridad en el relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. Según los datos citados por La Nueva Mañana, la canasta básica de las personas mayores alcanzó los $2.090.646 mensuales en octubre. El cálculo contempla alimentos, medicamentos y salud, vivienda, servicios públicos e impuestos, limpieza, higiene personal, transporte, recreación y vestimenta. Frente a ese valor, el ingreso de $514.158,93 previsto para quienes cobran la mínima y reciben el bono cubre apenas una parte de los gastos estimados. La comparación no significa que todos los jubilados tengan exactamente las mismas necesidades, pero permite dimensionar la brecha entre el ingreso previsional mínimo y el costo de sostener una vida cotidiana con gastos básicos.
La actualización también alcanza a otras prestaciones del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $203.182,22, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijará en $355.326,77. Con el bono de $70.000, la PUAM llegará a $425.326. Estos valores muestran que el impacto de la política previsional no se limita a quienes cobran una jubilación contributiva mínima: también alcanza a personas mayores que acceden a prestaciones diferentes, con montos y requisitos específicos. En todos los casos, la evaluación del ingreso real requiere considerar no solo el porcentaje de actualización, sino también la posibilidad de afrontar gastos de salud, tratamientos prolongados y medicamentos, que suelen ocupar un lugar importante en el presupuesto de esta población.
Las resoluciones también establecen nuevos valores para las asignaciones familiares y otras prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un monto general de $159.611, mientras que los valores correspondientes a hijos con discapacidad y a las asignaciones familiares de trabajadores registrados variarán según los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Asimismo, se actualizarán las prestaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, además de la Ayuda Escolar Anual. Los cambios alcanzan a distintos sectores del sistema de protección social y se aplican de acuerdo con las condiciones previstas para cada beneficio. Sin embargo, el aumento nominal de estas prestaciones tampoco permite, por sí solo, determinar cuánto mejorará la capacidad de compra de los hogares: para eso es necesario compararlo con la evolución efectiva de los precios.
El debate sobre los ingresos previsionales excede la publicación de una nueva resolución administrativa. La actualización mensual busca acompañar la evolución de los precios, pero la continuidad de un bono fijo introduce una diferencia entre quienes perciben haberes más altos y quienes dependen del refuerzo para completar sus ingresos. Además, el monto de la canasta de la Defensoría de la Tercera Edad muestra que las necesidades de las personas mayores incluyen mucho más que alimentación: también requieren vivienda adecuada, acceso a la salud, servicios y condiciones de vida dignas. Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto aumenta la jubilación en un mes determinado, sino también a qué mecanismos permiten sostener los ingresos en el tiempo y atender las necesidades de quienes no cuentan con otras fuentes de recursos.
Noviembre comenzará, así, con un incremento previsional del 1,93% y un bono que seguirá congelado en $70.000. Para quienes cobran la mínima, la suma de ambos conceptos llegará a $514.158,93, una cifra muy inferior a los $2.090.646 estimados para la canasta básica de las personas mayores en octubre. La comparación expone una tensión central de la política previsional: actualizar los haberes no necesariamente equivale a garantizar que alcancen para cubrir los gastos esenciales. El desafío consiste en evaluar las medidas por sus resultados concretos sobre la vida de jubilados y pensionados, y no únicamente por el porcentaje anunciado. Cuando los ingresos quedan lejos del costo de los bienes y servicios básicos, el debate sobre las jubilaciones se convierte también en una discusión sobre protección social, dignidad y derechos en la vejez.
Fuente: La Nueva Mañana
