La Secretaría General de la Presidencia contestó el requerimiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sobre la aptitud psicofísica de Javier Milei, pero no adjuntó certificados ni estudios médicos. Rodolfo Aguiar calificó la respuesta como “incompleta y evasiva” y anunció que el sindicato insistirá con un nuevo pedido de información.
La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, respondió al pedido presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para conocer si el presidente Javier Milei cuenta con documentación que acredite su aptitud psicofísica para ejercer el cargo. Sin embargo, la contestación no incluyó certificados médicos ni estudios complementarios, por lo que la organización sindical anunció que continuará reclamando información oficial. El episodio abrió una nueva discusión sobre la transparencia institucional y los criterios aplicables para acreditar la aptitud de quienes ocupan las máximas responsabilidades del Estado.
La respuesta oficial sostuvo que el Presidente “ostenta un cargo de elección popular, conforme los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional” y señaló que el área de Recursos Humanos de la Secretaría General es competente en materia de empleo público nacional. Para ATE, esas consideraciones no responden de manera concreta a la consulta sobre la existencia de evaluaciones médicas o documentación que certifique la aptitud del mandatario. El sindicato cuestionó que no se hayan incorporado documentos respaldatorios firmados por profesionales habilitados.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, valoró que el Gobierno haya respondido formalmente, aunque consideró insuficiente el contenido de la contestación. “Valoramos la respuesta oficial, pero la misma es incompleta y evasiva”, sostuvo el dirigente, quien reclamó que se presenten estudios complementarios o certificados profesionales. Aguiar argumentó que el acceso a información institucional sobre la aptitud de quien ejerce la Presidencia no debe confundirse con el acceso irrestricto a su historia clínica ni a detalles médicos privados.
“Nosotros no alentamos especulaciones, pero una respuesta incompleta genera más rumores que certezas. Nuestro pedido es básico y razonable. Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren”, expresó Aguiar. El dirigente también hizo referencia a recientes apariciones públicas de Milei y cuestionó algunas de sus declaraciones. Esas apreciaciones forman parte de la posición del titular de ATE y no constituyen, por sí mismas, evidencia médica sobre el estado de salud del Presidente.
El planteo sindical se apoya, entre otras referencias normativas, en el artículo 4, inciso c), de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N.º 25.164, que contempla la acreditación de aptitud psicofísica para el ingreso a la Administración Pública Nacional. ATE sostiene que el Gobierno debería aclarar si existe documentación específica sobre la aptitud del mandatario y, de ser así, facilitar la información correspondiente. No obstante, el alcance de esa normativa respecto del Presidente requiere considerar el régimen constitucional y las exclusiones previstas para determinados cargos, por lo que el reclamo gremial no equivale a una determinación judicial sobre la obligación de presentar esos certificados.
Según la información publicada por InfoGremiales, el pedido fue remitido inicialmente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia a la Presidencia, y luego derivado a la Secretaría General para su tramitación. La respuesta quedó identificada en actuaciones administrativas que el sindicato considera insuficientes para resolver la consulta. Ante ese escenario, ATE anunció que presentará un requerimiento adicional para que se publiquen documentos que acrediten la aptitud psicofísica del jefe de Estado, en caso de que existan.
Aguiar también comparó el episodio con situaciones de salud que involucraron a anteriores presidentes, durante las cuales se difundieron partes médicos oficiales. Desde la perspectiva del gremio, contar con información institucional clara contribuiría a la transparencia y a la confianza pública. El debate, sin embargo, también plantea la necesidad de distinguir entre el interés público vinculado con el ejercicio de la función presidencial y la protección de los datos personales sensibles, de modo que cualquier información difundida respete los límites legales correspondientes.
Además del reclamo referido a Milei, ATE adelantó que impulsará una iniciativa para que, a partir de 2027, quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud psicofísica. La propuesta buscaría instalar una discusión más amplia sobre los requisitos de salud para el ejercicio de responsabilidades públicas. Por ahora, el conflicto inmediato continúa centrado en la respuesta oficial y en la documentación que el sindicato reclama, sin que la controversia permita establecer por sí sola un diagnóstico o una conclusión médica sobre el Presidente.
Fuente: InfoGremiales
