Frente a un debate laboral que suele concentrarse en la flexibilización de las condiciones de contratación, Claudia Adach, productora del programa político que se emite por Mordisquito TV, plantea otra discusión: reducir la jornada laboral sin bajar los salarios, distribuir las horas de trabajo, ampliar la protección social y garantizar que los avances tecnológicos también se traduzcan en más tiempo para vivir. Su propuesta de reforma laboral 4×28 abre una discusión sobre el empleo, los derechos y el sentido mismo del trabajo.
Hay una pregunta que debería estar en el centro de cualquier discusión sobre el futuro del trabajo: si la tecnología permite producir más en menos tiempo, ¿por qué esa mejora no se traduce también en una vida con más tiempo disponible? La automatización, la informática y los cambios en los procesos productivos transformaron profundamente el mundo laboral, pero la organización de la jornada sigue arrastrando una lógica que muchas veces parece considerar que vivir es apenas una pausa entre un día de trabajo y el siguiente. Sobre esa contradicción se apoya la propuesta de Claudia Adach, productora del programa político de Mordisquito TV, que plantea una reforma laboral con una consigna que marca una posición: “No es una reforma para flexibilizar la explotación, es para repartir el trabajo y la vida”.
La iniciativa propone avanzar hacia una semana laboral de cuatro días, con un máximo de ocho horas diarias y 32 horas semanales, sin reducción salarial. La idea no consiste simplemente en trabajar menos, sino en discutir cómo se distribuye el trabajo disponible en una sociedad donde conviven personas sometidas a jornadas extensas, trabajadores con ingresos insuficientes y otras que no encuentran empleo. La propuesta parte de una convicción política: el tiempo de trabajo no puede organizarse únicamente en función de las necesidades de las empresas, sino que también debe contemplar el derecho al descanso, la salud y la vida familiar y comunitaria. En ese marco, la reducción de la jornada aparece como una herramienta para debatir la distribución de la riqueza y los beneficios del desarrollo tecnológico.
El proyecto también plantea un piso semanal de 28 horas para evitar que la reducción de la jornada se convierta en una nueva vía de precarización. La propuesta busca impedir contratos por debajo de ese mínimo y establece que quienes trabajen menos horas que una jornada completa mantengan el mismo valor por hora y los aportes correspondientes. Además, sostiene que, si una empresa asigna menos horas por razones propias de su funcionamiento, el trabajador debe cobrar igualmente el mínimo establecido. El principio es claro: el riesgo de la actividad económica no puede trasladarse automáticamente a quienes dependen de un salario para vivir. La discusión, por lo tanto, no se limita a cuántas horas se trabaja, sino también a cómo se distribuyen los ingresos y quién absorbe los costos de la organización productiva.
Otro eje central es la regulación de las horas extraordinarias. La propuesta establece límites, exige consentimiento escrito y revocable del trabajador, prohíbe represalias por negarse y plantea descansos obligatorios entre jornadas. También fija recargos salariales, mecanismos de registro y restricciones para tareas peligrosas, insalubres y nocturnas, así como para menores de 18 años. La intención es evitar que una jornada formalmente reducida termine compensándose con extensiones habituales del horario o con presiones sobre quienes necesitan conservar su puesto. En ese punto aparece una cuestión decisiva: una reforma laboral no puede medirse únicamente por lo que establece sobre el papel, sino también por la capacidad real de controlar su cumplimiento y garantizar que los derechos no queden subordinados a la relación desigual entre empleador y trabajador.
La propuesta amplía la discusión hacia la prevención de los riesgos del trabajo. Entre sus planteos, propone transformar el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo, reconocer de manera plena determinadas afecciones psicosociales, fortalecer la protección ante accidentes y enfermedades laborales y crear comités mixtos de seguridad e higiene en empresas de más de 30 trabajadores. También incluye medidas de protección para quienes atraviesan una recuperación médica. Detrás de esos artículos existe una definición política sobre el valor de la salud laboral: el cuerpo y la salud mental de una persona no pueden tratarse como costos secundarios de la producción. El estrés, el agotamiento y los accidentes no son asuntos exclusivamente individuales cuando están relacionados con las condiciones en las que se trabaja.
El seguro de desempleo universal constituye otro de los componentes del esquema. Claudia Adach propone una prestación vinculada con el salario previo, con una cobertura inicial del 80% del mejor salario de los últimos seis meses durante ocho meses y luego del 60% por cuatro meses, con un piso equivalente al salario mínimo, vital y móvil. La iniciativa busca incorporar también a monotributistas, trabajadores de casas particulares, rurales y de plataformas digitales, sectores que suelen enfrentar formas de protección diferentes o insuficientes. El financiamiento se apoyaría, según el texto, en un aporte patronal para grandes empresas y un impuesto a la automatización. El planteo abre una discusión necesaria sobre cómo construir una red de protección que no dependa exclusivamente de la existencia de un empleo registrado tradicional y cómo acompañar las transformaciones del mercado laboral sin condenar a las personas a la pérdida abrupta de sus ingresos.
La iniciativa incorpora además cambios en el sistema de obras sociales, con libre elección, un fondo solidario central, mayores coberturas y participación de los trabajadores en la conducción. A esto suma sanciones para empresas de más de 50 empleados que incumplan la normativa, una aplicación progresiva durante 12 meses y créditos fiscales para pequeñas empresas. También establece que ningún convenio colectivo que otorgue mejores condiciones debería ser desplazado por la nueva ley. Estos puntos muestran que el proyecto no se limita a reducir horas: busca intervenir sobre distintos aspectos de la relación laboral, la salud, la protección social y la negociación colectiva. Al mismo tiempo, su implementación exigiría discutir con precisión el financiamiento, los mecanismos de fiscalización, el impacto en las pequeñas y medianas empresas y las condiciones necesarias para que la reducción de la jornada no se traduzca en mayores costos para los trabajadores ni en una expansión del empleo informal.
La propuesta de Claudia Adach invita, en definitiva, a discutir qué significa progresar y quiénes se benefician de ese progreso. Una reforma laboral puede orientarse a abaratar contrataciones y modificar las condiciones de negociación, o puede poner en primer plano la distribución del tiempo, la protección de los ingresos y el derecho a trabajar sin que toda la vida quede absorbida por el empleo. El esquema 4×28 todavía requiere debate técnico, evaluación económica, definiciones institucionales y una discusión legislativa si se busca convertirlo en una norma efectiva. Pero su planteo político es concreto: el futuro del trabajo no debería medirse solamente por cuánto produce una economía, sino también por cuánto bienestar permite construir para quienes la sostienen. La pregunta que deja abierta es tan sencilla como profunda: si la sociedad puede producir de otra manera, ¿por qué no discutir también otra manera de vivir?
Fuente: Propuesta de reforma laboral 4×28 elaborada por Claudia Adach, productora del programa político que se emite por Mordisquito TV.
