El presidente reelecto deberá contener el crecimiento de la deuda pública, enfrentar la inflación y las altas tasas de interés, aliviar el endeudamiento de las familias y las empresas y negociar con un Congreso fortalecido por la derecha. El desafío será sostener las políticas sociales y cumplir sus compromisos económicos en un escenario de fuertes restricciones fiscales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se prepara para iniciar en enero de 2027 su cuarto mandato no consecutivo, después de imponerse en las elecciones frente al senador derechista Flávio Bolsonaro. Aunque la economía brasileña mostró resultados mejores de lo esperado durante los últimos años, el nuevo período presidencial comenzará atravesado por dificultades fiscales, problemas de endeudamiento y una disputa política que puede condicionar la aplicación de su programa de gobierno.
Uno de los principales desafíos será contener el crecimiento de la deuda pública, que superó el 82% del Producto Interno Bruto (PIB), tras aumentar más de diez puntos porcentuales durante la actual gestión. El incremento elevó los costos de financiamiento del Estado y redujo el margen presupuestario para impulsar nuevas políticas. Según el análisis publicado por Ámbito, menos del 8% del presupuesto federal queda disponible para partidas que pueden ajustarse, debido al peso de los gastos obligatorios.
La situación fiscal plantea una tensión central para el próximo gobierno: equilibrar las cuentas públicas sin desarmar las políticas sociales. Lula prometió mantener los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, una medida que también repercute sobre las jubilaciones, además de sostener y ampliar prestaciones sociales. Su equipo defendió la continuidad de las reglas fiscales vigentes, aunque alcanzar las metas presupuestarias será más complejo si se mantienen las presiones sobre el gasto y los costos de la deuda.
El segundo frente será la inflación y el elevado costo del crédito. La inflación interanual se ubicó en el 4,6%, por encima del límite superior del rango de tolerancia del Banco Central, mientras que la tasa de interés de referencia se mantenía en el 13,75%. Aunque la autoridad monetaria comenzó a recortar las tasas ante señales de desaceleración económica, los costos financieros continúan siendo una dificultad para las familias y las empresas. El Gobierno buscará generar condiciones para una reducción más sostenida de los intereses sin que el ajuste recaiga sobre los programas sociales.
El tercer desafío es el endeudamiento de los hogares y del sector productivo. De acuerdo con los datos citados por Reuters, casi 84 millones de brasileños y 9,3 millones de empresas registran deudas impagas, niveles récord. El fenómeno convive con indicadores favorables, como el desempleo en mínimos históricos y el crecimiento de los salarios por encima de la inflación, pero limita los ingresos disponibles y alimenta el malestar social. Para enfrentar el problema, Lula prevé nuevas medidas de alivio financiero, entre ellas mecanismos para renegociar deudas de las familias y beneficios tributarios para determinados pequeños empresarios. Sin embargo, especialistas advierten que estas iniciativas podrían aliviar la situación de manera temporal sin resolver sus causas estructurales.
El cuarto obstáculo será político. Las elecciones dejaron un Congreso con una composición marcadamente conservadora, en el que el Partido Liberal y sus aliados tendrán una posición de fuerza en ambas cámaras. Ese escenario podría dificultar la aprobación de las reformas económicas impulsadas por el oficialismo, entre ellas la revisión de exenciones fiscales y otras medidas destinadas a mejorar los ingresos del Estado. Lula deberá reconstruir acuerdos parlamentarios para avanzar con su agenda, en un contexto en el que los sectores opositores cuentan con mayor capacidad para bloquear iniciativas y disputar recursos presupuestarios.
El quinto desafío está vinculado con la implementación de la reforma tributaria aprobada en 2023. El nuevo sistema de impuestos al consumo comenzará a implementarse en enero, pero todavía quedan definiciones sobre la tasa efectiva que tendrá el impuesto al valor agregado. Estimaciones independientes citadas en los informes económicos la ubican cerca del 28%, aunque el valor definitivo deberá ser establecido por las autoridades. También persisten demoras en la regulación de gravámenes previstos para determinados productos considerados perjudiciales para la salud o el ambiente. La puesta en marcha de los cambios será clave para evaluar la capacidad del Gobierno de transformar la reforma aprobada en resultados concretos.
En este escenario, el próximo mandato de Lula estará marcado por la búsqueda de un equilibrio entre responsabilidad fiscal, crecimiento económico y protección social. El presidente deberá responder a las presiones de los mercados y de los sectores conservadores, mientras intenta preservar las políticas que forman parte de su identidad política y de sus compromisos electorales. La evolución de la deuda, los precios, el crédito y las negociaciones en el Congreso será determinante para establecer cuánto margen tendrá el Gobierno para avanzar con su programa durante los próximos cuatro años.
Fuente: Ambito financiero
