La séptima edición de Expo Cannabis reunió en Buenos Aires a empresas, investigadores, profesionales, cultivadores y organizaciones sociales. El encuentro volvió a mostrar la diversidad de una comunidad que articula ciencia, salud, producción, cultura y activismo, mientras persisten las dificultades regulatorias, los obstáculos para acceder al cannabis medicinal y las denuncias por la criminalización de usuarios y cultivadores.
Buenos Aires fue escenario de una nueva edición de Expo Cannabis, que concluyó el domingo 25 de octubre en el predio de La Rural y funcionó como punto de encuentro para distintos sectores vinculados con la planta. La séptima edición reunió a empresas, investigadores, profesionales de la salud, cultivadores y organizaciones de la sociedad civil, con propuestas que abarcaron desde productos para el cultivo y desarrollos tecnológicos hasta consultas profesionales, investigaciones científicas, música y actividades recreativas. La convocatoria dejó en evidencia que la comunidad cannábica argentina excede ampliamente el consumo recreativo y reúne experiencias relacionadas con la salud, la economía, la producción y la construcción de derechos.
La Expo también fue el cierre de una semana de actividades que incluyó propuestas vinculadas con la cultura cannábica y la High Times Medical Cannabis Cup. En los distintos espacios se exhibieron productos, herramientas, innovaciones y conocimientos acumulados por quienes trabajan alrededor de la planta. La participación de profesionales, comunicadores, científicos y empresarios mostró el desarrollo de un sector que busca ampliar sus ámbitos de acción pese a las dificultades regulatorias y a la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas públicas. El encuentro permitió poner en común experiencias que combinan investigación, producción, formación y expresiones culturales.
Detrás de los stands y las actividades comerciales existe, además, una red de organizaciones que sostiene espacios de encuentro, acompaña a usuarios y pacientes, produce información y reclama el reconocimiento efectivo de derechos. Estas agrupaciones cumplen un papel central en la articulación de una comunidad diversa, que incluye a personas que recurren al cannabis por motivos medicinales, cultivadores, trabajadores del sector y actores culturales. La organización colectiva permite compartir experiencias y construir respuestas frente a necesidades que, según plantea la cobertura de Página/12, todavía no encuentran una solución suficiente desde las instituciones públicas. La continuidad de estas redes se vuelve especialmente relevante en un contexto de restricciones y dificultades para ejercer derechos ya reconocidos.
Uno de los principales problemas señalados es la distancia entre los avances normativos de los últimos años y las condiciones concretas para acceder a sus beneficios. El funcionamiento del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), las dificultades para obtener productos medicinales y las intervenciones policiales sobre usuarios y cultivadores continúan formando parte de una discusión pendiente. La existencia de regulaciones no garantiza por sí sola que todas las personas puedan ejercer sus derechos de manera equitativa, especialmente cuando los trámites, los requisitos administrativos y las prácticas de control generan obstáculos. En ese escenario, muchas organizaciones siguen sosteniendo tareas de información, acompañamiento y defensa de usuarios y pacientes.
La criminalización del consumo y la tenencia constituye otro de los ejes de preocupación. La nota de Página/12 advierte que las intervenciones policiales no afectan a todos los sectores sociales de la misma manera y señala denuncias por hostigamiento en barrios populares, entre ellas las relacionadas con los operativos denominados Tormenta Negra. Desde esa perspectiva, la política de drogas se vincula también con prácticas de vigilancia selectiva que recaen con mayor intensidad sobre jóvenes de sectores marginados. Las organizaciones cuestionan que la tenencia de cannabis pueda convertirse en fundamento de intervenciones que, según denuncian, reproducen prejuicios sociales y profundizan la desigualdad en el acceso a derechos.
La dimensión racial de estas prácticas también aparece en el debate. Según la cobertura, un informe presentado en octubre por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de Naciones Unidas para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en el Mantenimiento del Orden advirtió sobre los efectos de las políticas de drogas en personas racializadas. El documento señaló que los estereotipos que vinculan a jóvenes racializados con las drogas y la criminalidad contribuyen a justificar una vigilancia policial excesiva y pueden derivar en detenciones arbitrarias, especialmente en barrios marginados. Este enfoque amplía la discusión más allá de la regulación del cannabis y la sitúa en el terreno de los derechos humanos, la igualdad ante la ley y el control de las prácticas policiales.
La organización de la comunidad cannábica también refleja la diversidad de intereses que conviven dentro del sector. La investigación científica, los usos medicinales, la producción, la tecnología, la cultura y el entretenimiento encuentran espacios compartidos en encuentros como Expo Cannabis. Esa amplitud permite que participen personas con experiencias y necesidades distintas, desde pacientes y familiares hasta profesionales, emprendimientos y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, la expansión de estas actividades convive con un escenario de incertidumbre regulatoria y reclamos por políticas públicas más claras, que permitan sostener proyectos y reducir las diferencias en el acceso a productos, información y acompañamiento.
La séptima edición de Expo Cannabis dejó así una imagen de un sector que continúa construyendo redes pese a las restricciones y a la falta de respuestas que denuncia parte de la comunidad. La continuidad de los encuentros, la circulación de conocimientos y el trabajo de las organizaciones sociales muestran una capacidad de articulación que va más allá de una feria comercial. El desafío, de acuerdo con los reclamos expuestos en la cobertura, es que esa organización encuentre respuestas institucionales que permitan abordar el acceso al cannabis medicinal, la regulación de la actividad y las denuncias de persecución de usuarios y cultivadores. La discusión permanece abierta entre los avances normativos, las prácticas de control y las demandas de quienes buscan ejercer sus derechos sin discriminación.
Fuente: Página 12
