El Parlamento del Norte Grande respaldó las gestiones del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para recuperar los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas. Sin embargo, el acuerdo con el Gobierno nacional contempla mecanismos diferentes para cada corredor y no garantiza que todas las obras reclamadas queden incorporadas como inversiones obligatorias en la futura concesión. La disputa expone las tensiones entre las necesidades productivas del norte argentino y el esquema de privatización ferroviaria impulsado por Javier Milei.
El Parlamento del Norte Grande expresó su respaldo a las gestiones de Gustavo Sáenz para recuperar los ramales ferroviarios C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, considerados estratégicos para la producción y la integración regional. El pronunciamiento se realizó durante la 60.ª sesión plenaria del organismo, desarrollada el viernes en Corrientes, y reforzó el reclamo que Salta viene sosteniendo ante el Gobierno nacional. La posición regional busca que las obras pendientes no queden supeditadas exclusivamente a las decisiones comerciales de las empresas que participen de la futura concesión ferroviaria. Sin embargo, el respaldo político todavía no se traduce en garantías contractuales completas sobre el financiamiento y la ejecución de los trabajos.
El vicegobernador salteño, Antonio Marocco, destacó el valor estratégico de los corredores para conectar las economías del norte con los países vecinos y mejorar las condiciones logísticas de la producción. Durante la reunión, sostuvo que se trata de un tren fundamental para la integración regional y advirtió que las provincias no pueden continuar esperando definiciones. El acompañamiento de los representantes del Norte Grande amplía el alcance del reclamo y lo presenta como una necesidad compartida por distintas jurisdicciones, especialmente por su vínculo con la actividad minera, agropecuaria y turística, además de las conexiones internacionales que forman parte del Corredor Bioceánico.
El respaldo regional se suma al entendimiento que Sáenz alcanzó con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Después de reclamar que las obras pendientes quedaran garantizadas en los pliegos de la privatización del Belgrano Cargas, el gobernador consiguió que la Nación avanzara con una adenda para el ramal C-14 y con gestiones destinadas a buscar financiamiento internacional para el C-15. La diferencia entre ambos mecanismos es importante: mientras uno abrirá una instancia de negociación para definir inversiones, el otro dependerá de la posibilidad de obtener recursos externos. Por eso, el acuerdo constituye un avance administrativo, pero no resuelve de manera integral el reclamo provincial.
Para el ramal C-14, la alternativa prevista consiste en incorporar una adenda al proceso de concesión que habilite negociaciones entre el futuro operador ferroviario y las empresas mineras interesadas en el corredor. El objetivo es definir condiciones de inversión y desarrollo que permitan avanzar con las obras necesarias. No obstante, todavía deben precisarse los compromisos que asumirán las partes y las condiciones concretas para ejecutar los trabajos. La provincia había reclamado que las intervenciones no quedaran libradas a la rentabilidad que cada empresa adjudicataria evaluara, por lo que el mecanismo acordado no despeja todas las dudas sobre quién garantizará su realización.
La situación del C-15 presenta otro desafío: el Gobierno nacional buscará financiamiento internacional mediante gestiones del Ministerio de Economía. En este caso, la concreción de las obras dependerá de la disponibilidad de recursos, las condiciones de los eventuales acuerdos y los plazos para poner en marcha los proyectos. La falta de definiciones completas mantiene la incertidumbre sobre el alcance de las inversiones y el calendario de ejecución. La licitación del Belgrano Cargas tiene prevista la recepción de ofertas el 11 de noviembre, por lo que las condiciones que se establezcan antes de esa fecha serán determinantes para saber si las demandas de Salta se incorporan efectivamente al esquema ferroviario.
La recuperación de ambos ramales es considerada prioritaria por sectores empresariales y productivos de Salta. Representantes de las cámaras de minería, comercio, industria, turismo y producción agropecuaria participaron de las gestiones y plantearon que una infraestructura ferroviaria adecuada permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad y acompañar futuras inversiones. Para la actividad minera, la conexión con los corredores de transporte resulta relevante por el volumen de insumos y productos que debe movilizar; para el sector agropecuario, el ferrocarril puede ampliar las alternativas de traslado de la producción. Las entidades también destacaron la importancia de fortalecer las conexiones con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
El conflicto ferroviario también tiene una dimensión política. Sáenz mantiene canales de diálogo con la Casa Rosada y busca obtener respuestas para su provincia mientras continúa negociando apoyos legislativos con el oficialismo nacional. En ese marco, el reclamo por los trenes se convirtió en una prueba de la reciprocidad que el gobernador exige en su relación con Javier Milei. Los legisladores que responden al mandatario salteño han acompañado distintas iniciativas del Gobierno nacional, aunque también reclamaron que ese respaldo tenga una contraparte en inversiones y respuestas concretas para la provincia. La discusión evidencia que los acuerdos parlamentarios no eliminan las diferencias sobre el desarrollo regional ni sobre las condiciones de la privatización ferroviaria.
El respaldo del Parlamento del Norte Grande fortalece la posición política de Salta, pero las garantías definitivas todavía están pendientes. La adenda para el C-14, las gestiones de financiamiento para el C-15 y las condiciones que se establezcan en la licitación permitirán evaluar si el entendimiento se convierte en obras concretas. Mientras tanto, el norte argentino continúa reclamando una infraestructura ferroviaria capaz de acompañar su producción y mejorar la integración regional. La cuestión de fondo es si el Estado nacional asumirá compromisos verificables para garantizar los trabajos o si una parte sustancial de las inversiones seguirá dependiendo de negociaciones posteriores con empresas privadas y de la disponibilidad de financiamiento.
Fuente: Página 12
