El Gobierno nacional habilitó una segunda etapa del sistema de retiros voluntarios en Vialidad Nacional. La primera convocatoria terminó con 609 adhesiones y ahora se abre una nueva instancia para reducir la planta del organismo, mientras avanza el esquema de privatización y concesión del mantenimiento de rutas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad vuelve a quedar en el centro de la política de reducción del Estado impulsada por el Gobierno de Javier Milei. A través de la Resolución 1220/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo aprobó una segunda etapa de su Sistema de Retiro Voluntario para trabajadores de planta permanente y contratados. La medida prolonga un proceso de reducción de personal que ya había comenzado a principios de año y que, según los propios datos oficiales, alcanzó a 609 agentes durante la primera etapa.
La magnitud del primer proceso permite dimensionar el cambio que atraviesa Vialidad. La resolución oficial señala que la primera etapa, implementada mediante la Resolución 118/2026 del 29 de enero, registró 609 adhesiones sobre un estimado de 900 agentes. Ahora, la conducción del organismo decidió avanzar con una segunda convocatoria, argumentando que resulta necesario continuar con la política de “desregulación económica y reforma del Estado” impulsada por el Poder Ejecutivo.
El Gobierno presenta los retiros como una herramienta voluntaria para reorganizar el organismo y adecuar su dotación a las necesidades funcionales. En los fundamentos de la nueva resolución sostiene que el mecanismo busca garantizar la “razonabilidad operativa” y el uso eficiente de los recursos públicos. La normativa también establece que las desvinculaciones se realizarán mediante acuerdos voluntarios, bajo el procedimiento previsto por la legislación laboral. Es decir, formalmente no se trata de despidos, sino de un esquema de adhesión mediante el cual los trabajadores aceptan las condiciones ofrecidas para dejar el organismo.
Las condiciones económicas de esta segunda etapa contemplan distintas alternativas. Los trabajadores pueden optar por una gratificación calculada sobre su haber bruto y vinculada con los años de antigüedad, con un límite de hasta 24 años para las opciones generales. Una de las modalidades contempla el 90% de un haber por cada año de antigüedad, mientras que otra ofrece el 85% y suma una cobertura asistencial equivalente a 12 meses de aportes de obra social. Para determinados trabajadores de 64 años que no reúnen los requisitos jubilatorios se establece una alternativa específica con un tope de 12 años.
El esquema también establece restricciones para quienes adhieran. La normativa contempla que los trabajadores que acepten el retiro deberán firmar un acuerdo de desvinculación y no podrán volver a ingresar al Estado Nacional durante cinco años. Además, existen exclusiones para determinados casos, entre ellos empleados que atraviesen procesos disciplinarios o determinadas situaciones judiciales. Para quienes tengan mandatos sindicales vigentes, la adhesión también implica condiciones específicas relacionadas con el cargo y la tutela gremial.
El achicamiento de Vialidad Nacional se produce, además, mientras el Gobierno avanza con una transformación más profunda del sistema de mantenimiento de las rutas nacionales. El organismo ha perdido protagonismo dentro de una estrategia que busca trasladar progresivamente tareas de conservación y explotación hacia esquemas de concesión y participación privada. Desde sectores críticos de la política oficial, esta combinación entre reducción de personal, menor estructura estatal y privatización es presentada como parte de un proceso de desmantelamiento de la capacidad operativa de Vialidad.
La discusión tiene una dimensión que excede la cantidad de empleados que quedan dentro del organismo. Vialidad Nacional cumple funciones vinculadas con la conservación, mantenimiento y gestión de una parte fundamental de la infraestructura vial del país. Por eso, la reducción de su estructura genera interrogantes sobre cuál será la capacidad del Estado para controlar obras, supervisar contratos, responder ante emergencias y garantizar el mantenimiento de las rutas allí donde la rentabilidad privada no necesariamente coincide con las necesidades territoriales. Esos son precisamente algunos de los puntos que alimentan el debate alrededor del nuevo esquema.
Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una reorganización destinada a utilizar de manera más eficiente los recursos públicos, sus críticos advierten que la reducción progresiva de trabajadores y capacidades técnicas puede terminar debilitando un organismo estratégico. Lo concreto es que la segunda etapa de retiros ya fue oficializada y se suma a las 609 adhesiones registradas en la primera convocatoria. Así, Vialidad Nacional continúa atravesando una transformación estructural que combina reducción de personal, reforma administrativa y un cambio en el modelo de gestión de las rutas.
Fuente: Página 12
