La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y de otros 18 imputados. La investigación analiza presuntos direccionamientos de contrataciones, sobreprecios, pagos indebidos y una posible asociación ilícita dentro del organismo.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas dentro del organismo. La resolución fue firmada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes avalaron en términos generales la investigación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos que habían sido dictados en primera instancia.
Spagnuolo quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo. Además, la Cámara confirmó su procesamiento como presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado dentro de la ANDIS. La resolución sostiene que existen elementos que, en esta etapa de la causa, permiten vincular al exfuncionario con las maniobras investigadas.
Entre los otros procesados aparecen el exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, quienes también fueron señalados como presuntos jefes de la organización investigada. De acuerdo con la hipótesis judicial, la estructura habría estado integrada por funcionarios públicos y particulares y habría intervenido en procesos de compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia destinados al sistema de atención de personas con discapacidad.
Uno de los principales ejes del expediente son las contrataciones que, según la investigación, habrían sido direccionadas hacia determinadas empresas. La Cámara consideró que existen elementos que indicarían una incorporación irregular de proveedores, una selección arbitraria de las empresas invitadas a participar de las convocatorias, una simulación de competencia y la existencia de mayores costos en los productos adquiridos. La Justicia analiza si ese mecanismo permitió obtener beneficios económicos indebidos a través de contrataciones públicas.
El expediente también contempla la hipótesis de que se hayan producido pagos indebidos o retornos vinculados con las contrataciones. Según la resolución judicial, se investigan operaciones relacionadas con medicamentos de alto costo y baja incidencia y con un grupo de droguerías que habrían sido beneficiadas por el mecanismo bajo análisis. La Justicia señaló que parte de la evidencia reunida incluye documentación de las compras, comunicaciones, allanamientos y análisis de dispositivos secuestrados.
Uno de los puntos discutidos por las defensas fue el origen y la validez de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron impulso público al caso. La Cámara rechazó los planteos de nulidad formulados por un grupo de imputados y sostuvo que la investigación cuenta con elementos que exceden esas grabaciones. De todos modos, los audios continúan siendo sometidos a peritajes para determinar su autenticidad, origen y eventual existencia de cortes, ediciones o manipulaciones.
La resolución también modificó parcialmente las medidas patrimoniales establecidas en primera instancia. Si bien los procesamientos fueron confirmados, la Cámara redujo los montos de algunos de los embargos. En el caso de Spagnuolo, el embargo quedó fijado en más de $36.005 millones; para Garbellini, en más de $35.909 millones; y para Calvete, en más de $36.043 millones. También se mantuvieron distintas medidas sobre empresas vinculadas con la investigación.
La confirmación de los procesamientos no implica una condena ni determina de manera definitiva la responsabilidad penal de los acusados. La causa continúa en etapa de investigación y las personas procesadas mantienen sus derechos de defensa. El expediente deberá avanzar ahora sobre las distintas medidas probatorias pendientes y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia las siguientes instancias del proceso judicial. Mientras tanto, la decisión de la Cámara mantiene abierta una de las investigaciones de mayor impacto sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y las contrataciones realizadas durante el período investigado.
Fuente: Primereando
