Una presentación de la diputada Marcela Pagano pidió investigar presuntas irregularidades vinculadas con compras de alimentos, personal de catering y el funcionamiento de la Quinta de Olivos. La denuncia también menciona vínculos entre personas cercanas a Karina Milei y empresas privadas. Las acusaciones deberán ser investigadas y, por el momento, no implican responsabilidades judiciales comprobadas.
La situación alrededor de la Quinta de Olivos volvió a quedar bajo la lupa a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que apunta a presuntas irregularidades relacionadas con la compra de alimentos, el uso de trabajadores públicos y la posible vinculación de recursos de la residencia presidencial con emprendimientos privados. El planteo se conoció luego del desplazamiento de María Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, un área con injerencia sobre distintas dependencias presidenciales.
Según la información publicada por Política Argentina, la Casa Rosada atribuyó la salida de Agudiez a “motivos personales”. Sin embargo, el desplazamiento se produjo en paralelo a cuestionamientos sobre compras realizadas para la Quinta de Olivos. En ese contexto, Pagano solicitó que se determine si parte de los alimentos adquiridos con fondos públicos pudo haber terminado vinculada con “Pancitos Caseros”, un emprendimiento gastronómico relacionado con familiares de la exfuncionaria. La presentación busca reconstruir el circuito de adquisición, recepción y eventual destino de esos productos.
Otro de los elementos incorporados a la denuncia es una póliza de accidentes personales contratada para personas identificadas como “personal de catering”. De acuerdo con la documentación difundida por la legisladora, entre los asegurados figuraban personas que trabajaban en la Quinta de Olivos, mientras que entre los beneficiarios aparecían Foggia Group y Mara Gorini, una asesora vinculada al entorno de Karina Milei. Pagano planteó que estos elementos deberían ser analizados para determinar si existió algún tipo de utilización de recursos o trabajadores estatales en actividades de carácter privado.
El nombre de Mara Gorini aparece además asociado a otra conexión empresarial mencionada en la presentación. Según la información publicada, antes de incorporarse a la administración nacional había sido socia de Foggia Group, una productora que posteriormente quedó vinculada con integrantes de su familia. La empresa, siempre de acuerdo con la documentación citada por Política Argentina, habría pagado al menos 55 millones de pesos a una consultora perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, por servicios relacionados con recursos humanos. Foggia Group, a su vez, participaba de un proceso vinculado con la concesión de Tecnópolis.
Ese vínculo empresarial ya había generado pedidos de información en la Cámara de Diputados. La nueva presentación busca incorporar esos antecedentes dentro de una investigación más amplia sobre las relaciones entre funcionarios, familiares, asesores y empresas privadas que aparecen vinculadas, de distintas maneras, con actividades desarrolladas alrededor de la residencia presidencial. La existencia de esos vínculos, sin embargo, no constituye por sí misma una prueba de la comisión de un delito y deberá ser la investigación judicial la que determine si hubo irregularidades.
La denuncia de Pagano también solicita que se reconstruya el circuito de las compras realizadas para Olivos y se determine quiénes participaron de cada una de las etapas: contratación, adquisición, recepción y utilización de los productos. El objetivo planteado es establecer si los bienes comprados con recursos públicos tuvieron exclusivamente un destino oficial o si, eventualmente, pudieron haber sido utilizados para actividades privadas. Por ahora, se trata de hipótesis incluidas en una presentación judicial y no de conclusiones establecidas por la Justicia.
El episodio se suma a otros cuestionamientos que en las últimas semanas tuvieron como escenario a la Quinta de Olivos y a funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia. La salida de Agudiez se produjo mientras también se discutían cambios en el funcionamiento y la administración de la residencia presidencial. En paralelo, distintas versiones periodísticas vincularon su desplazamiento con cuestionamientos sobre la gestión de Olivos, aunque los motivos formales consignados para su salida fueron los expresados oficialmente por el Gobierno.
De esta manera, la presentación de Pagano abre una nueva instancia de revisión sobre el manejo de recursos, contrataciones y relaciones empresariales vinculadas con la residencia presidencial. El eje central de la investigación será determinar si existió alguna utilización irregular de fondos, bienes o personal estatal en beneficio de emprendimientos privados y si los vínculos empresariales señalados tuvieron alguna incidencia indebida en decisiones de la administración pública. Hasta que esos puntos sean establecidos por la Justicia, las personas mencionadas conservan su situación jurídica y las acusaciones deben ser entendidas como hechos denunciados y sujetos a investigación.
Fuente: Política Argentina
