Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas del organismo. El relevamiento abarcó la gestión hasta agosto de 2025 y sus resultados quedaron bajo análisis en el marco de las investigaciones judiciales sobre la administración de la ANDIS.
Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible del organismo. El relevamiento fue realizado durante la intervención de la agencia luego del desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo hasta el 21 de agosto de 2025. El dato fue publicado originalmente por La Nación y luego replicado por distintos medios.
El trabajo de auditoría analizó distintos aspectos de la gestión de la ex ANDIS hasta la fecha de salida de Spagnuolo. Entre los puntos relevados aparecen pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. El objetivo fue contrastar la información existente en las distintas áreas administrativas y detectar eventuales inconsistencias en los registros internos.
La diferencia millonaria surgió a partir de consultas realizadas por los auditores a dos áreas consideradas centrales: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPyC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Según el informe, ambas dependencias proporcionaron información diferente respecto de las obligaciones pendientes y la DNASS fue la que informó el monto de deuda más elevado.
El relevamiento también puso bajo observación la calidad de parte de la información suministrada por la DNASS. De acuerdo con lo consignado en los informes difundidos, desde esa dependencia se señaló que los importes y su clasificación podían haber sufrido modificaciones producto de errores involuntarios en la carga realizada por los prestadores. Por ese motivo, la existencia del desfasaje contable no implica por sí misma que la totalidad de esa diferencia constituya un perjuicio económico comprobado.
La DNASS, además, aparece vinculada a una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en procesos de compra. Según la información publicada, el fiscal Franco Picardi investiga posibles sobreprecios y deficiencias administrativas, en una causa que también analiza presuntos mecanismos de corrupción vinculados a adquisiciones de medicamentos e insumos. Estos aspectos forman parte de una investigación judicial y no constituyen hechos definitivamente acreditados.
Otro de los puntos observados por la auditoría fue la utilización del mecanismo denominado “legítimo abono”, utilizado para efectuar pagos por bienes o servicios que ya habían sido entregados o prestados sin que necesariamente hubieran atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. El informe señaló que este mecanismo continuaba siendo utilizado hasta la fecha de corte de la auditoría.
En relación con los proveedores de medicamentos e insumos, la auditoría consignó que recibieron aproximadamente $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. El informe también señaló que, hasta esa fecha, solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con los servicios abonados mediante ese mecanismo, aunque la auditoría no pudo identificar en forma individual todos los pagos realizados bajo la figura de legítimo abono.
El nuevo dato sobre la diferencia de $158.717 millones se incorpora así al conjunto de elementos que están siendo analizados sobre la gestión de la ex ANDIS. La cifra surge de una auditoría oficial que encontró inconsistencias entre registros internos y no equivale, por sí sola, a un monto de dinero faltante o a un desfalco ya probado. La determinación de eventuales responsabilidades administrativas o penales dependerá de las investigaciones correspondientes y de las conclusiones de la Justicia.
Con ayuda de La Nueva Mañana
