Apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, una jueza de Lomas de Zamora ordenó suspender durante 60 días su aplicación en toda la provincia de Buenos Aires. El fallo advierte sobre la falta de infraestructura y recursos para ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal y abrió un nuevo enfrentamiento entre la Nación y el gobierno de Axel Kicillof.
La Justicia bonaerense suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de que la Ley 27.801 comenzara a regir. La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. La resolución no anula la ley nacional, sino que dispone una suspensión temporal de su aplicación en territorio bonaerense mientras se analiza si existen las condiciones necesarias para implementarla sin afectar derechos fundamentales.
El principal argumento de la magistrada está relacionado con el impacto que la nueva legislación podría producir sobre un sistema que, según el planteo judicial, ya presenta dificultades de infraestructura, recursos materiales y personal especializado. La reforma amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos al régimen penal al incorporar a quienes tienen 14 y 15 años. Para Pascual, esa modificación puede generar un aumento en la cantidad de jóvenes alcanzados por medidas restrictivas de libertad, por lo que consideró necesario determinar previamente si el Estado cuenta con establecimientos, juzgados, fiscalías, profesionales y dispositivos adecuados para afrontar ese escenario.
La jueza también identificó otros cambios de la nueva legislación que podrían incrementar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal. Además de la incorporación de los jóvenes de 14 y 15 años, señaló la inclusión de determinados delitos que anteriormente quedaban fuera del régimen por tener penas inferiores a dos años y la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal. La combinación de esas modificaciones podría producir, según el razonamiento expuesto en el fallo, un aumento tanto en los ingresos al sistema como en el tiempo de permanencia de algunos adolescentes privados de su libertad.
La resolución judicial estableció además una hoja de ruta para los próximos 60 días. Pascual convocó a una audiencia multipropósito y ordenó que las autoridades bonaerenses informen qué medidas adoptaron, cuáles tienen previstas y cuáles son los plazos para poner en condiciones al sistema. De esta manera, la discusión dejó de concentrarse únicamente en si corresponde bajar o no la edad de imputabilidad y pasó a incorporar una cuestión concreta de gestión estatal: qué infraestructura existe, cuántos recursos están disponibles y qué inversiones deberían realizarse para aplicar efectivamente la reforma.
La decisión provocó una rápida reacción del Gobierno nacional. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, cuestionó duramente la suspensión y apuntó contra Axel Kicillof y la Justicia bonaerense. Diego Santilli, jefe de Gabinete, también responsabilizó al gobernador y sostuvo que la suspensión dejaba sin aplicación el nuevo régimen para adolescentes de 14 años. Luis Petri se sumó a las críticas y calificó a la magistrada de “kirchnerista”, cuestionamiento político que no modifica el contenido de la resolución ni sus fundamentos jurídicos.
Desde la Provincia, en cambio, defendieron la decisión judicial y plantearon que reducir la edad de imputabilidad no alcanza si no existen las condiciones materiales para sostener la reforma. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, cuestionó los reclamos de funcionarios nacionales y sostuvo que hacen falta nuevos juzgados, fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal. También reclamó recursos a la Nación y planteó que, sin estructura e inversión, la reforma puede convertirse en una modificación meramente formal.
La jueza Pascual, por su parte, aclaró que su decisión no implica una defensa de los adolescentes que cometen delitos ni una oposición automática a la reducción de la edad de imputabilidad. En declaraciones posteriores al fallo, explicó que el problema central está relacionado con las condiciones en las que el Estado pretende aplicar la nueva normativa. Según su posición, si no existen los mecanismos y recursos necesarios, la ampliación del sistema penal no garantiza por sí misma una mayor seguridad. El planteo instala así una discusión que excede la disputa política: qué resultados puede producir una reforma penal si el Estado no tiene capacidad suficiente para ejecutarla.
El enfrentamiento deja ahora un nuevo escenario entre la Casa Rosada y la administración de Kicillof. Mientras el Gobierno de Milei presenta el Régimen Penal Juvenil como una herramienta para aumentar la responsabilidad de quienes cometen delitos siendo menores, la Justicia bonaerense puso el foco en las condiciones concretas para aplicar esa política y decidió frenarla temporalmente. Durante los próximos 60 días deberán discutirse los recursos, la infraestructura y los mecanismos necesarios para implementar la ley en la provincia. La pregunta que queda instalada es tan política como institucional: ¿alcanza con cambiar la ley o primero hay que construir el sistema capaz de hacerla cumplir?
Fuente: Política Argentina
