El abogado Miguel Francisco Paz, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores de la República Argentina Filial Tucumán, advirtió sobre el crecimiento del sobreendeudamiento familiar y señaló que cada vez más personas recurren a tarjetas, bancos y billeteras virtuales para afrontar alimentos, servicios y medicamentos. En diálogo con Derechos a la carta, por Mordisquito TV, reclamó una intervención del Estado para facilitar la reestructuración de las deudas.
El sobreendeudamiento dejó de ser una preocupación exclusiva de quienes tuvieron dificultades para administrar sus finanzas y comenzó a convertirse en un problema que atraviesa a familias enteras. Durante la entrevista realizada para Derechos a la carta, el abogado Miguel Francisco Paz describió un escenario en el que cada vez más consumidores recurren al crédito no para comprar bienes extraordinarios, sino para poder sostener gastos cotidianos. Tarjetas de crédito, bancos, financieras y billeteras virtuales aparecen como herramientas utilizadas para llegar a fin de mes, mientras crece la cantidad de personas que anticipan que en los próximos meses ya no podrán cumplir con sus obligaciones. Según explicó Paz, muchas de esas personas se acercan incluso antes de caer en mora para pedir una refinanciación, pero las entidades financieras muchas veces rechazan esa posibilidad porque todavía no existe un incumplimiento formal.
La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando la deuda comienza a utilizarse para cubrir necesidades básicas. Paz señaló que la tarjeta de crédito pasó de ser utilizada principalmente para consumos ordinarios a convertirse en una herramienta para pagar alimentos y servicios públicos. Durante la entrevista se mencionó incluso el caso de una persona mayor que puso a la venta su bicicleta por 60.000 pesos, pese a utilizarla diariamente para trasladarse y realizar changas, con el objetivo de reunir dinero para pagar el servicio de energía eléctrica. El ejemplo muestra hasta qué punto la falta de ingresos suficientes puede empujar a una familia a desprenderse de una herramienta necesaria para trabajar con tal de evitar que una factura quede impaga.
El problema no termina en las tarjetas tradicionales. Otro de los focos señalados durante la entrevista fue el crecimiento del endeudamiento a través de billeteras virtuales, especialmente entre los sectores más jóvenes. Paz explicó que las tasas de interés pueden variar considerablemente de acuerdo con el perfil crediticio del usuario y cuestionó la falta de controles sobre este tipo de operaciones. Según el ejemplo planteado durante la conversación, una persona podría acceder a un préstamo con una determinada tasa mientras otra, utilizando la misma plataforma, recibiría condiciones mucho más gravosas. Para el abogado, dejar estas relaciones exclusivamente libradas a una negociación entre privados genera un escenario de fuerte vulnerabilidad para quienes necesitan dinero de manera urgente.
Frente a este escenario, Paz cuestionó que el problema pueda reducirse simplemente a una supuesta falta de educación financiera. El consumidor puede conocer las tasas, los intereses y las condiciones de un préstamo, pero cuando necesita comprar comida, pagar la luz o adquirir medicamentos, muchas veces la posibilidad de elegir desaparece. La urgencia termina imponiéndose sobre cualquier cálculo financiero. “Por encima de cualquier información está la desesperación y la necesidad de cobertura”, planteó durante la entrevista. En ese contexto, la discusión deja de ser solamente sobre cómo administra su dinero una persona y pasa a involucrar las condiciones económicas que llevan a una familia a endeudarse para cubrir necesidades elementales.
Uno de los principales reclamos planteados por Paz apunta directamente al papel del Estado. El representante de los usuarios sostuvo que las personas endeudadas necesitan que el Estado funcione como intermediario entre los consumidores y las entidades acreedoras para encontrar mecanismos que permitan reestructurar las obligaciones. Según explicó, la mayoría de los deudores no quiere dejar de pagar, sino que necesita condiciones que hagan posible cumplir con sus compromisos. “El 95% de los deudores tienen voluntad de pago”, afirmó durante la entrevista, al tiempo que describió una situación que calificó como una verdadera quiebra de los consumidores y de las familias.
En esa línea, la Unión de Usuarios y Consumidores junto con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos impulsa un proyecto de ley que propone crear una herramienta de reestructuración de pasivos con mediación estatal gratuita. La iniciativa busca que el Estado provincial y los municipios puedan intervenir como garantes o intermediarios entre las familias endeudadas y sus acreedores. Entre las alternativas contempladas aparecen la extensión de los plazos de pago y la reducción o quita de intereses, con el objetivo de que las cuotas puedan adaptarse a la verdadera capacidad económica de cada familia. El proyecto también plantea descentralizar la atención para que los municipios tengan facultades para asistir a sus propios vecinos.
Paz también cuestionó las herramientas institucionales disponibles actualmente en Tucumán para atender estas situaciones. Señaló que la normativa provincial vinculada con la problemática de los consumidores se encuentra desactualizada y que la autoridad de aplicación no alcanza de manera suficiente a todo el territorio. En ese sentido, recordó que la provincia cuenta con 19 municipios y 93 comunas rurales, mientras que la atención se concentra principalmente en San Miguel de Tucumán y en un municipio del sur. Para el abogado, esa estructura dificulta que las personas que atraviesan problemas de endeudamiento puedan acceder rápidamente a asesoramiento y mecanismos de solución.
El escenario descripto durante la entrevista muestra que detrás de las estadísticas sobre morosidad existe una realidad cotidiana marcada por decisiones desesperadas. Familias que utilizan crédito para comprar alimentos, personas que se endeudan para pagar servicios, consumidores que buscan refinanciar antes de caer en mora y usuarios que recurren a préstamos digitales con tasas que pueden volverse difíciles de afrontar. Frente a esa situación, Paz sostiene que el desafío no pasa solamente por exigir que los consumidores paguen sus deudas, sino por generar condiciones para que efectivamente puedan hacerlo. La propuesta de una mediación estatal apunta precisamente a evitar que una deuda manejable termine convirtiéndose en una crisis económica familiar permanente. La problemática, planteada en Derechos a la carta, vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: qué herramientas tiene el Estado para proteger a los consumidores cuando la necesidad de endeudarse se convierte en la única alternativa para sobrevivir.
Fuente: Entrevista a Miguel Francisco Paz en Derechos a la carta, Mordisquito TV
