Organizaciones sociales y colectivos defensores del agua se movilizaron en Quito para rechazar la expansión de la actividad minera y advertir sobre los posibles impactos del Tratado de Libre Comercio firmado entre Ecuador y Canadá. El reclamo apunta especialmente a la protección de los páramos, las fuentes de agua y los territorios comunitarios.
Decenas de manifestantes participaron de un plantón frente al Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador, acompañados por tambores y una ceremonia ancestral, para expresar su rechazo a lo que consideran nuevas amenazas extractivas sobre los recursos naturales. Las organizaciones cuestionaron tanto la legislación minera como la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, firmado en julio, por entender que puede facilitar la llegada de nuevas inversiones mineras al país.
Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en Kimsacocha, en la provincia de Azuay, donde se desarrolla el proyecto minero Loma Larga. Los defensores del agua sostienen que esa zona de páramos cumple una función estratégica para el abastecimiento hídrico de distintas comunidades y cuestionan que se permita avanzar con actividades extractivas en un territorio que consideran fundamental para la conservación de las fuentes de agua.
Carlos Novillo, integrante del Cabildo Popular del Agua de Cuenca, señaló que las organizaciones lograron que se revisara una licencia ambiental vinculada con la etapa de explotación de Loma Larga, pero ahora buscan avanzar sobre nuevas demandas. Entre ellas, reclaman la eliminación de siete concesiones mineras ubicadas en la zona y la suspensión definitiva del proyecto, además del respeto a las consultas ambientales realizadas por las comunidades.
La preocupación tiene una dimensión que excede al territorio de Kimsacocha. Según los manifestantes, de esa zona nace alrededor del 60 por ciento del agua que llega al proyecto hidroeléctrico Paute Mazar, uno de los sistemas energéticos relevantes de Ecuador. Por eso advierten que una eventual contaminación de los páramos podría afectar cursos de agua utilizados por comunidades y extender sus consecuencias hacia otros sistemas hídricos del país.
La dirigente campesina e indígena Rosalía Paguay también denunció restricciones para ingresar a sectores del páramo donde, según afirmó, se instaló un portón con candados y vigilancia permanente. Su cuestionamiento apuntó especialmente a la presencia de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals y a lo que considera una apropiación de espacios que históricamente pertenecen y son utilizados por comunidades ancestrales.
Los manifestantes sostienen que el conflicto no puede reducirse a una discusión sobre inversiones y generación de divisas. Para las organizaciones, el agua debe ser considerada un derecho y un bien estratégico antes que una mercancía vinculada a la rentabilidad de los proyectos extractivos. “Queremos que el modelo económico no solo se mida en billetes verdes. Queremos que nos garanticen agua limpia”, fue una de las consignas centrales de la protesta.
El Tratado de Libre Comercio con Canadá aparece así como otra pieza de la disputa. Los colectivos ambientalistas temen que el acuerdo genere condiciones favorables para una mayor expansión de empresas mineras canadienses y que la presión sobre los territorios no quede limitada a Kimsacocha. Según su planteo, el riesgo podría extenderse a otros páramos y fuentes hídricas del Ecuador, mientras reclaman que cualquier decisión sobre estos territorios respete las consultas y la participación de las comunidades.
El proyecto Loma Larga contempla una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de dólares para construir las instalaciones necesarias para la explotación y se encuentra dentro del Área Nacional de Recreación Kimsakocha. El conflicto lleva varios años: en 2021 los habitantes de Cuenca votaron en una consulta popular contra las actividades extractivas en el territorio y posteriormente volvieron a producirse movilizaciones masivas contra los proyectos mineros. La protesta de septiembre vuelve a colocar en el centro del debate el choque entre la expansión del modelo extractivo, los intereses de inversión y la defensa comunitaria del agua y los ecosistemas.
Fuente: Página12
