Hay algo más problemático que una conducción que se equivoca; una cultura política que necesita demostrar que su conducción no puede equivocarse. Alrededor de Cristina Fernández de Kirchner se fue construyendo durante años una suerte de teoría de la infalibilidad, acaso el único vestido capaz de calzar adecuadamente sobre el cuerpo de una lógica política cada vez más verticalista, descendente y sectaria.
Si Cristina acierta, queda demostrada su extraordinaria capacidad de anticipación; si se equivoca, todavía no hemos comprendido la profundidad de la jugada. Si una elección termina mal, el pueblo no comprendió o resultó inexplicablemente desagradecido. Si fracasa un gobierno que ella misma concibió, alguien traicionó, no le hizo caso, se apartó del rumbo o utilizó incorrectamente la famosa birome. Si el sucesor adquiere vuelo propio, es un traidor y un desagradecido. Si la contradicción resulta evidente, Cristina sabe algo que nosotros todavía ignoramos. La teoría tiene una ventaja formidable; puede explicar cualquier resultado sin someter jamás a examen la toma de decisiones de la conducción.
El problema no es solamente político. Es cultural. Porque una construcción popular que sustituye la explicación por la confianza ciega, además de producir una profunda desorientación, termina infantilizando precisamente al universo que dice representar. La política popular debe producir conciencia, organización y capacidad crítica, no creyentes a los cuales se les pide que suspendan el juicio frente a las decisiones de su conducción. Mucho menos convertir esa suspensión del juicio en una virtud revolucionaria.
Cuando Clarín todavía no mentía
El conflicto con Clarín resulta particularmente ilustrativo. “Clarín miente” tuvo el mérito de desnudar la dimensión propiamente política de un poder mediático que hasta entonces prefería presentarse simplemente como periodismo. La confrontación permitió, además, sacar a Héctor Magnetto de las sombras y exponerlo como lo que también es; uno de los actores políticos más gravitantes de la Argentina, aunque jamás hubiera necesitado presentarse a una elección. Un poder que tampoco nació en el vacío; creció al amparo de una transición democrática que concentró la responsabilidad por el terrorismo de Estado en sus ejecutores militares y dejó largamente fuera de juicio a buena parte de la trama civil. Pero la potencia posterior de aquella consigna produjo un curioso borramiento retrospectivo; pareció que el kirchnerismo hubiera combatido al Grupo Clarín desde el primer día. No fue así. En 2005, Néstor Kirchner suspendió durante diez años el cómputo de los plazos de las licencias de radiodifusión, una medida general que naturalmente benefició también a los grandes grupos que las poseían. Dos años después, al finalizar su gobierno, fue aprobada la concentración Cablevisión-Multicanal. Después llegó la guerra con Clarín.
No reprochamos a un gobierno haber negociado con factores de poder, mucho menos cuando recién comienza y necesita construir la fuerza necesaria para gobernar.
A dónde vamos con el planteo. Imaginemos por un instante que, en pleno “Clarín miente”, cuando la confrontación con el grupo había alcanzado su máxima intensidad y la Ley de Medios se presentaba como una de las grandes batallas políticas contra la concentración mediática, Héctor Magnetto había pasado a representar en el discurso kirchnerista no sólo la encarnación de ese poder concentrado sino al empresario al que se vinculaba con el despojo de Papel Prensa a la familia Graiver, el tormento a Lidia Papaleo y aquella terrible imagen de una empresa arrancada en una “mesa de tortura”, el gobierno kirchnerista hubiera concedido al Grupo Clarín una nueva operación estratégica y, ante la perplejidad de su militancia, alguien hubiese respondido: desconocemos los términos del acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. Difícilmente aquello hubiera podido presentarse como una genialidad táctica. Sin embargo, algo bastante parecido ocurre ahora frente al Poder Judicial.
La Justicia que se denuncia y la Justicia que se vota
Durante sus largos años de gobierno, el kirchnerismo no contempló desde afuera la conformación del Poder Judicial; participó del Consejo de la Magistratura, intervino en los mecanismos de selección de jueces, envió pliegos y los aprobó con sus mayorías legislativas. Algunos magistrados que luego intervinieron en causas contra Cristina llegaron a sus cargos durante aquellos gobiernos. Esto no significa incurrir en la tontería de afirmar que Cristina “nombró a los jueces que después la condenaron”, sino advertir algo políticamente más relevante; la relación del kirchnerismo con la Justicia realmente existente fue siempre mucho más contradictoria que el relato posterior de dos mundos irreconciliables; de un lado, el movimiento nacional y popular; del otro, una corporación oligárquica enteramente ajena a él.
Por eso quizá Yadarola no sea una anomalía. Quizá sea una revelación. Porque allí empieza a percibirse una fisura mucho más importante que cualquier discusión parlamentaria. Cada vez son menos, dentro de nuestro propio universo político, los dispuestos a aceptar que el criterio cerrado de Cristina pueda seguir funcionando como argumento en sí mismo, como si la autoridad acumulada eximiera de explicar las decisiones y la confianza debiera ocupar el lugar de las razones.
Si uno amanece, sale a la calle y descubre que la vida de las grandes mayorías argentinas es un idilio, que el trabajo organiza la existencia, que los salarios alcanzan, que nuestros jóvenes encuentran un futuro en su propia tierra para concebir una familia y que la Nación cuenta con un rumbo productivo, soberano y común, nos sumamos gustosamente a la teoría de la infalibilidad. Después de todo, los conductores se legitiman conduciendo al pueblo hacia la victoria y las grandes empresas políticas se miden, también, por sus resultados. Pero uno mira alrededor y encuentra exactamente lo contrario. Una Argentina que transita una pendiente cada vez más pronunciada hacia la disolución nacional, con su pueblo empobrecido, su aparato productivo desarticulado, sus capacidades soberanas en retroceso y los vínculos materiales y espirituales que todavía nos constituyen como comunidad peligrosamente debilitados.
En semejante escenario, pedirnos que suspendamos el juicio crítico para seguir confiando en la sabiduría de la conducción resulta una ironía demasiado cruel. Cuando la realidad contradice todos los días la teoría, no corresponde corregir la realidad para salvar a la conducción; corresponde, finalmente, revisar la teoría. Y eso hacemos.
Una mujer al frente del Comando Sur
Otro episodio permite observar esta particular elasticidad. En abril de 2022, Cristina recibió en su propio despacho del Senado a la general Laura Jane Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, acompañada por el embajador Marc Stanley. La escena fue presentada con una curiosa inversión de prioridades; foto sonriente mediante —difundida por la propia Vicepresidencia y conservada también en el archivo oficial del Comando Sur—, se destacó especialmente que Richardson era una general de cuatro estrellas y la primera mujer en alcanzar aquella jefatura. El dato era cierto; el problema era aquello que dejaba en segundo plano. Richardson no llegaba al Senado principalmente como una mujer que había quebrado un techo de cristal, sino como la comandante de la estructura militar mediante la cual los Estados Unidos proyectan sus intereses estratégicos sobre América Latina y el Caribe. El género describía a la visitante; la geopolítica revelaba aquello que la puesta en escena prefería ocultar.
Por entonces, Richardson no ocultaba la mirada estratégica de Washington. Hablaba de América Latina como “nuestro vecindario”, enumeraba su riqueza en litio, petróleo, minerales estratégicos, alimentos y agua dulce, y vinculaba esos recursos y la presencia china con la seguridad nacional estadounidense. Richardson dijo que nuestros recursos integraban los intereses estratégicos de su país y que Washington debía disputar aquí la influencia de sus competidores. Cabe preguntarse si aquel acercamiento, todavía envuelto en sonrisas, retórica de género y silencio geopolítico, no anticipaba una aproximación a Washington que con Milei perdería todo disimulo para convertirse en alineamiento y entrega concreta de soberanía.
Más que una adivinación, un inventario de los daños
La teoría de la infalibilidad reapareció bajo otra forma con el episodio de los “tres tercios”. El 18 de mayo de 2023, en una entrevista con Pablo Duggan en Duro de Domar, por C5N; Cristina anticipó un escenario electoral dividido entre el oficialismo, Juntos por el Cambio y la fuerza emergente de Milei, asociada al voto de protesta. Y planteó, como dejando la tarea a los alumnos, que había que preguntarse por qué había aparecido ese tercer espacio, vinculándolo con el descontento social. Bueno, ocurrió. Y aquello pasó rápidamente al inventario de sus vaticinios políticos; había visto antes que los demás lo que finalmente sucedería. Lo cierto es que la famosa predicción de Cristina no fue una intuición brillante ni una lectura visionaria, fue simplemente la constatación del daño ya provocado. Era, más que un pronóstico político, un inventario de las fracturas internas que su propia conducción había ayudado a producir. El problema es que casi nadie dentro de su dispositivo se detuvo en la pregunta verdaderamente política: ¿cómo había llegado el peronismo, después de gobernar dieciséis de los veinte años anteriores, con ella como conductora, a celebrar como prueba de lucidez que apenas conservaría un tercio del país?.
Cristina había diseñado de manera inconsulta la fórmula presidencial de 2019, había sido vicepresidenta durante los cuatro años siguientes y continuaba conduciendo al sector más poderoso de la coalición. Su responsabilidad por el fracaso no era exclusiva —ningún proceso histórico serio admite semejantes simplificaciones—, pero tampoco podía considerarse exterior, como finalmente lo presentó.
Los votos del peronismo para los jueces de Milei
Cuando una conducción pierde de vista su estrategia, o sencillamente carece de ella, la táctica ocupa todo el escenario. Cada acuerdo, candidatura o movimiento debe entonces justificarse por su utilidad inmediata. Se negocia para conservar capacidad de negociación, se acumula poder para preservar poder y las posiciones terminan defendiéndose por su propia conservación. De allí la impresión, cada vez más nítida, de que buena parte de nuestra dirigencia ya no representa intereses populares sino a sí misma, a sus estructuras y, muchas veces, a la propia Cristina, como si su centralidad constituyera en sí misma un programa político. El problema es que, medido contra la realidad nacional y sus resultados concretos, ese programa hace tiempo que no funciona.
Y no descubrimos nada al señalar que en la Argentina la política se ha convertido, para buena parte de su dirigencia, en una actividad profesional y un negocio personal. Cargos, estructuras, candidaturas y recursos públicos terminan organizando verdaderos sistemas de reproducción del poder, donde la permanencia de quienes administran la política suele importar más que los intereses de aquellos a quienes dicen representar.
El 27 de agosto de 2026, los senadores del peronismo acompañaron prácticamente en bloque los 66 pliegos votados conjuntamente, incluido Yadarola —con la significativa excepción de Martín Soria, que se ausentó de esa votación—, y allí no aparece una fractura reconocible entre cristinismo y kicillofismo. Esto obliga a evitar simplificaciones. La posterior aprobación de Bertuzzi por 44 votos contra 23, pese al rechazo del interbloque justicialista, demuestra que el oficialismo podía construir, al menos para una designación de semejante relevancia, una mayoría alternativa sin los votos del PJ. La disyuntiva no era necesariamente entre impedirlos o convalidarlos, sino entre quedar afuera de una negociación que igualmente iba a producir jueces o participar de ella para intentar incidir en su composición.
Si los números ya estaban, negociar constituye una concesión política. El propio Gobierno reconoció la construcción de consensos con distintos espacios, pero eso todavía no permite saber qué obtuvo concretamente el peronismo; qué nombres incorporó o preservó, qué cedió, qué contraprestaciones consiguió y, particularmente, qué criterio justificó acompañar incluso a Pablo Yadarola, juez en lo Penal Económico y uno de los magistrados que participaron del controvertido viaje a Lago Escondido junto a otros jueces, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín, episodio que la propia Cristina había denunciado como expresión de la connivencia entre poder judicial, político y económico. Yadarola fue investigado por aquel viaje y finalmente sobreseído; ahora, con el acuerdo del Senado, queda encaminado a integrar la estratégica Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor capacidad de revisión sobre las grandes causas penales federales de Comodoro Py.
Y el dato no puede quedar reducido a una discusión sobre nombres o equilibrios internos del Poder Judicial; por esa Cámara van a transitar investigaciones que alcanzan al gobierno de Javier Milei, a sus funcionarios y a los intereses económicos vinculados con su gestión. Por eso resulta imposible separar la integración de esos tribunales de la naturaleza del poder que hoy gobierna la Argentina. No es lo mismo construir garantías de independencia judicial frente al poder político que administrar acuerdos capaces de generar, llegado el caso, zonas de inmunidad para quienes hoy desmantelan capacidades estatales, transfieren patrimonio público, endeudan al país, hambrean al pueblo, subordinan decisiones estratégicas a intereses extranjeros y forman parte, además, del orden político e institucional que mantiene a Cristina proscripta.
Si el peronismo participó de esa negociación, saber qué obtuvo a cambio deja de ser una curiosidad parlamentaria para convertirse en una exigencia política elemental. Porque si no hubo una contrapartida capaz de justificarse frente a los intereses populares, entonces ya no estaremos discutiendo la audacia de una táctica incomprendida, sino algo bastante menos sofisticado y mucho más grave; la convalidación, con votos propios, del poder antinacional que se denuncia y dice combatir. Y eso ya no raya la claudicación; empieza a parecerse demasiado a ella.
Allí vuelve nuestro problema central; no cuestionamos la existencia de la táctica, sino que no alcanzamos a reconocer la estrategia que debería explicarla. Y es precisamente en ese vacío donde reaparece la teoría de la infalibilidad, cuando algunos pretenden clausurar la pregunta con una fórmula que invierte el orden de la política: no conocemos el acuerdo, pero confiamos en el criterio de Cristina. No; si hubo una negociación racional, habrá razones políticas para explicarla. Porque mientras no sepamos qué obtuvo el peronismo, no podemos distinguir una negociación inteligente de una concesión inevitable, una defensa de posiciones propias de una simple convalidación de la recomposición de una estructura judicial corporativa y refractaria a los intereses populares.
Es posible que detrás de la reciente votación de los jueces exista un pacto. Seguramente hubo negociaciones. Pero acaso la palabra “pacto” engrandezca demasiado lo ocurrido, atribuyéndole una densidad estratégica que todavía nadie ha conseguido demostrar. Bien podría tratarse de una obligación impuesta por la correlación de fuerzas, de la administración de un retroceso, del temor frente a determinadas amenazas personales, de la necesidad de conservar interlocución, de una exhibición de capacidad negociadora o, sencillamente, del funcionamiento ordinario de la lógica del poder en el marco de una dirigencia peronista empobrecida, demasiado ocupada en conservar posiciones y demasiado poco en explicar para qué quiere conservarlas. Lo que no alcanzamos a ver es la estrategia nacional que ordenaría semejante movimiento. Y hay algo que, a esta altura, sí podemos afirmar; cualesquiera hayan sido las razones de esa decisión, allí no aparecen jugados ni la defensa de los intereses nacionales ni la representación concreta de los intereses populares.
La curiosa salud de la democracia
Ya en este punto la demagogia adquiere una densidad difícil de disimular. La democracia aparece como un régimen exhausto, degradado y prácticamente fallido cuando se trata de explicar la situación judicial de Cristina —y razones sobran para cuestionar la infame condena que pesa sobre ella y que ha quebrado el pacto democrático— y, al mismo tiempo, para condicionar a Axel Kicillof, instalando una suerte de ilegitimidad de origen y de un estado de exepción sobre cualquier candidatura presidencial que pueda emerger mientras Cristina permanezca impedida de competir; si ella no puede ser candidata, quien pretenda serlo carecería de legitimidad suficiente, sería apenas una candidatura subalterna, provisoria o, para utilizar una de esas categorías tan eficaces para degradar al adversario interno, “de cabotaje”.
Pero en el reverso de esa operación aparece, cada vez con mayor nitidez, una conclusión incómoda. El problema de Cristina ya no es solamente judicial; es, fundamentalmente, político. Y es político porque su situación judicial se convierte en argumento para preservar su centralidad política; esa centralidad, a su vez, se presenta como indispensable para dirimir los términos de la persecución judicial, y cualquier construcción que pretenda desarrollarse por fuera de ella puede entonces ser impugnada porque Cristina continúa perseguida. El razonamiento se cierra sobre sí mismo; la persecución justifica la centralidad y, llegado este punto, la centralidad parece necesitar de la persecución, porque mientras ésta persista puede impugnarse toda legitimidad nueva antes de que alcance a proyectarse, adquirir autonomía y finalmente consolidarse; evitando, de ese modo, que una nueva conducción altere el equilibrio sobre el que descansa el actual estado de cosas y termine poniendo en riesgo intereses que, bajo ese orden, permanecen convenientemente preservados. Quien sabe, los mortales nunca excedemos a determinadas informaciónes ni somos testigos de ciertas discusiones.
Por eso la proscripción funciona desde el principio como una paralización del tiempo político del campo nacional. El dispositivo resulta políticamente devastador; mantiene al peronismo y a las fuerzas nacionales divididos, desorientados y consumiendo sus energías en una disputa interna cada vez más distante del drama material de nuestro pueblo. Y difícilmente Milei y el establishment puedan imaginar un escenario más conveniente para sostener sus expectativas de reelección; un adversario que, en lugar de reconstruir la mayoría social y ofrecer una alternativa de poder, permanece detenido alrededor de la imposibilidad de resolver su propia sucesión.
Y allí aparece, finalmente, lo verdaderamente reprochable; que los intereses de una conducción, de su círculo y de las estructuras que viven alrededor de su centralidad terminen anteponiéndose a los intereses populares y nacionales que deberían justificar su propia existencia política. Y entonces también se vuelve tangible aquello que tantas veces parece absurdo e inadmisible; se acepta el riesgo de la derrota antes que el riesgo de una victoria conducida por otro. Ese es el límite definitivo de toda política de autopreservación; llega un momento en que ya no conserva un proyecto político, conserva solamente a quienes pretenden seguir administrándolo. Y quizá sea hora de asumir lo que la realidad viene diciendo desde hace tiempo; Cristina, y la política que todavía pretende organizarse alrededor de su centralidad, ya son parte del pasado.
Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.
